La Procuraduría continuará esta semana los interrogatorios a actuales y pasados funcionarios, a fin de indagar sobre el origen de los bienes que declararon poseer ante la Cámara de Cuentas al entrar o salir de funciones públicas.
Las autoridades del ministerio público no han divulgado los nombres de las personas citadas para esta semana, cuyo proceso dirigen la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, y el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.
El pasado viernes fueron interrogados el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert de la Cruz; el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación.
El expresidente de la Cámara de Diputados reportó bienes por un monto de RD$80,410,687.07; el alcalde de Pedro Brand por RD$1,079,164,315, y el asistente personal del ex presidente Medina por RD$36,435,322.
La procuradora Miriam Germán Brito dijo recientemente que abrirá una investigación preliminar a quienes falseen datos, exhiban un patrimonio injustificado o incumplan con la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio.
La advertencia fue hecha por Germán Brito tras recibir al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez.
Base legal
Las indagaciones se basan en la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promulgada el 8 de agosto de 2014, que
establece que la Procuraduría General de la República deberá actuar frente a los funcionarios y exfuncionarios que incurran en una violación a la ley, al dejar de presentar su declaración jurada de patrimonio ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de la Cámara de Cuentas.
SEPA MÁS
Los fiscales
La Procuradora instruyó a los fiscales adoptar las medidas necesarias que faciliten el acceso de las personas al servicio de justicia, sobre todo de víctimas en estado vulnerable.
También evitar violar el plazo razonable y provocar mora en el sistema de justicia penal, incluso en la pandemia del covid 19.