EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los dispositivos electrónicos, básicamente computadoras personales laptops, tabletas y notebook, otorgados por el Ministerio de Educación a miles de estudiantes y profesores de escuelas y liceos públicos del país, desaparecieron “como por arte de magia”.
Durante un recorrido realizado por reporteros de este diario por distintos liceos y escuelas públicas del Gran Santo Domingo, se pudo comprobar que en esos planteles escolares los estudiantes no utilizan esos dispositivos electrónicos.
De acuerdo a un expediente sobre una demanda que cursa en el Tribunal Superior Administrativo desde el 4 de noviembre de 2022, el Estado podría haber botado unos RD$ 15 mil millones de pesos invertidos en estos dispositivos en la gestión de Roberto Fulcar, básicamente computadoras personales y tabletas, adquiridas en el año 2021, que han sido distraídas, dañadas, vendidas, empeñadas y a las que nunca les puso o actualizó el soffware.
La sociedad ganadora de la licitación del contrato de servicio para control de los dispositivos, ubicación, control de asignaciones de los maestros, suministro de libros digitales, uso para evitar que las utilizaran para pornografía o las llevaran algunos padres a casas de empeño, fue suspendida sin motivo por el actual ministro de Educación, Ángel Hernández.
Según se informó, el ministro Hernández a su llegada al Ministerio de Educación desmanteló la unidad de seguimiento y control de los referidos aparatos electrónicos y desde entonces, 2.5 millones de dispositivos, salieron del sistema sin que nadie pueda indicar que se hizo con ellos o en qué estado están.
De acuerdo a un documento, el abandono del programa de suministro de dispositivos en almacén, en donde a la salida de Roberto Fulcar quedaban unos 700 mil, para ser entregados a las escuelas públicas, se hizo evidente cuando el ministro Hernández empezó a donar los equipos, cien mil de ellos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que no estaba prevista en el programa de educación primaria.
Ángel Hernández, ministro de Educación
Los 100 mil dispositivos electrónicos entregados por el ministro de Educación, Ángel Hernández, a la UASD fueron distribuidos entre profesores y bachilleres de ese centro académico, que no estaban incluidos en el programa “República Digital”.
La sociedad Consorcio GCB Educación que prestó los servicios para la incorporación del primer millón de dispositivos se vio obligada a abandonar el programa, ejecutado en un 70 %, cuando el ministro Hernández desmanteló la unidad y forzó el traslado del responsable Jimmy Rosario al Palacio Nacional, como asesor del presidente Luis Abinader.
Al momento de la designación del ministro Hernández estaba en la Contraloría General de la República el pago del avance del contrato del Consorcio, que garantizaba el control de los dispositivos, el que fue cancelado.
Abogados consultados sobre el retraso en el conocimiento del caso que lleva 16 meses inactivo en el Tribunal Superior Administrativo lo encontraron extraño y adujeron que desde que dejó la presidencia de dicho órgano el magistrado Rafael Vásquez Goico, las medidas cautelares son cautelosas y la mora extrema.
De acuerdo a un estudio realizado por la Dirección de Programación Financiera y Estudios Económicos del MINER, desde el año 2012 hasta el 2020, ese Ministerio había destinado RD$17,068,746,452 millones en dispositivos electrónicos, entre ellos laptops, tabletas y notebook, las que fueron distribuidas a estudiantes del sistema educativo público del país y otros RD$1,463,260,127 millones en programas informáticos.
Pero la entrega masiva de dispositivos a los estudiantes de escuelas y liceos públicos se oficializó a través de la denominada “República Digital” en 2016, proyecto que buscaba garantizar el acceso de los educandos a las tecnologías de la información y la comunicación y brindar mejores servicios a la ciudadanía.
El llamado programa “República Digital” fue creado por el entonces presidente Danilo Medina mediante el Decreto número 258-16, con el propósito de promover la inclusión de las tecnologías de información y comunicación en los procesos productivos, educativos, gubernamentales y de servicios a los ciudadanos.