NUEVA YORK, 2 Abr.- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha depositado una fianza de 175 millones de dólares (163 millones de euros) en el caso por fraude fiscal en el estado de Nueva York por inflar el valor de los activos de la Organización Trump, evitando así el posible embargo de sus activos mientras apela el fallo.
La fianza está suscrita por la compañía de seguros Knight Specialty Insurance, con sede en California, y prohíbe automáticamente a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cobrar los 464 millones de dólares más intereses de la sentencia contra Trump y sus coacusados, informa el periódico ‘The Hill’.
La semana pasada, un tribunal de apelaciones autorizó al magnate a pagar 175 millones de dólares en un plazo de diez días mientras se resuelve la apelación por la sentencia que le obliga a pagar 454 millones, después de que alegara falta de dinero para el pago.
Trump tenía 30 días para pagar la fianza mientras apelaba, como exige la ley estatal, pero sus abogados dijeron que no había encontrado ninguna compañía de seguros que suscribiera una fianza de tal tamaño. Ante eso, James anunció preparativos para confiscar los activos de Trump en el caso de que no pagara la fianza.
AMPLIA ORDEN DE SILENCIO
El juez Juan Merchan, que lidera el caso contra el expresidente estadounidense Donald Trump por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como ‘Stormy Daniels’, ha anunciado una ampliación de la orden de silencio impuesta la semana pasada en el contexto del juicio, programado para le próximo 15 de abril.
En el fallo, Merchan ha criticado duramente al magnate por una serie de publicaciones en su red social, Truth Social, en las que atacaba a su hija desde la imposición de la orden de silencio, que incluía a jurados, testigos y familiares de abogados o miembros del personal, sin incluir a Merchan ni al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
«Este patrón de atacar a los familiares de los juristas y abogados asignados a sus casos no tiene ningún propósito legítimo. Simplemente inyecta miedo en aquellos asignados o llamados a participar en el proceso, de que no sólo ellos, sino también sus familiares, son ‘blanco limpio’ para la virulencia del acusado», ha escrito.
Esta ampliación de la orden llega después de que Bragg pidiera esta medida al tiempo que indicaba que «este tribunal debe dejar claro de inmediato que el acusado tiene prohibido hacer u ordenar a otros que hagan declaraciones públicas sobre los familiares del tribunal, el fiscal de distrito y todos los demás individuos mencionados en el fallo».