El gasto público desempeña un papel fundamental en la determinación del patrón de consumo, de inversión y de beneficios de la economía.
El incremento del gasto público acompañada de una mayor circulación de dinero hace crecer la demanda agregada de forma desproporcionada.
Este incremento provoca una mayor producción, pero con un incremento en los precios.
Ahora bien, una pregunta relevante sería ¿se gasta de manera eficiente el dinero público? Todo el mundo tiene una opinión acerca del despilfarro del Estado.
Algunas personas le dan horror los elevados gastos vanidosos o innecesarios que se originan en instituciones públicas de muchos países, tal el caso de gastos militares altísimos y abultada burocracia.
Los ejemplos de fraude, despilfarro y abusos llevan a reclamar una reducción del gasto público y a pedir la privatización de muchas actividades del Estado.
Ante ese gasto superfluo, el Gobierno dominicano presidido por el presidente Luis Abinader Corona amplió recientemente las restricciones para racionalizar componentes del gasto público y mejorar los servicios de seguridad ciudadana.
Para ello, prohibió la compra de vehículos, la compra de boletos de viajes oficiales al exterior que no cuenten con autorización, las celebraciones, donaciones, obsequios y arrendamiento de instalaciones privadas.
Además, prohibió las remodelaciones de espacios físicos que excedan los RD$985,748.99, el uso de vehículos oficiales durante los fines de semanas y días feriados, salvo autorización expresa del titular de la institución correspondiente.
Las señaladas disposiciones están contenidas en el decreto Núm. 396-21, el cual precisa que se procura la racionalización de componentes del gasto público a través de medidas administrativas.
Asimismo, el mandatario a través del indicado decreto, dispuso revisar los casos de los policías y militares al servicio de instituciones estatales, funcionarios, servidores públicos y otros signatarios, para recuperarlos y destinarlos a las áreas que sean más necesarias para proteger la población.
Igualmente, sólo se autorizará exoneraciones y exenciones de vehículos según lo establecen las correspondientes leyes aplicables y se denegará cualquier solicitud relacionada que no tenga su base en alguna ley.
Estas medidas, fueron tomadas con el propósito de enfrentar el severo impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en la economía nacional e internacional.
No es un secreto que el ser humano amante de la comodidad y las cosas fáciles y el deseo de vanagloriarse de que posee poder sobre los demás, no escatima esfuerzo alguno, en hacer alarde de ostentación y prepotencia, por ello como es una condición casi consustancial al ser humano, hay que aplicar leyes, normas, resoluciones, decretos y otras normativas para someterlo a la disciplina.
Pero estas reglas no deben ser sólo enunciadas sino que debe dárseles seguimiento a través de los órganos correspondientes del Estado, como la Contraloría General, el Ministerio Administrativo y la Cámara de Cuentas, que hagan respetar tales disposiciones porque de lo contrario a principios son cumplidas pero luego caen en inobservancia total.
Se sabe que desde tiempos, de larga data, los recursos del Estado siempre han sido mal administrados pero el nuevo gobierno dominicano hace ahora un alto para poner orden en el gasto no solo motivado por la pandemia sino que desde que se concibió el programa de gobierno del presidente Abinader siempre tuvo como norte el hacer eficiente el gasto público.
Para nadie es un secreto que como en muchos hogares que hay descontrol en el gasto familiar, también en las instituciones del Estado hay despilfarro de dinero y, más aún, por tratarse de dinero fundamentalmente aportado por los contribuyentes.
Además de las restricciones al gasto público anunciado por el presidente Abinader se podría restringir mucho más, el gasto de publicidad, el uso de flotas telefónicas, gasto de combustible.
También es importante proponer que en el momento de formularse el nuevo Presupuesto General del Estado 2022 se tome en cuenta las disponibilidades en inventario de materiales gastables entre otros stocks de inventarios de diversos insumos para evitar que se incurra en gastos innecesarios en el nuevo año.
También debe disminuirse el consumo de energía eléctrica en las oficinas públicas apagando las luces de oficinas que permanecen encendidas durante todas las madrugadas sin que se justifique su encendido.
Asimismo, revisar todas las nóminas a los fines de evitar la duplicidad de empleos que muchas veces no se justifican.
De manera que se debe evitar que el Estado siga siendo un barril sin fondos cambiando la cultura de que él que llega a un cargo público solo piense en beneficiarse de los bienes del Estado, dejando a un lado la responsabilidad que se debe asumir ante un pueblo ávido de justicia y equidad.
Desde esta columna es justo reconocer el Gobierno de Abinader, que desde que asumió sus funciones en medio de una situación como la que aún se vive de calamidad en el sector salud ha dado ejemplo de lo que es administrar correctamente los recursos del erario y la economía desde el Banco Central y el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana.