SANTO DOMINGO. El diputado por el municipio Santo Domingo Este, Ramón Cabrera, propuso que los recursos que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de afiliados fallecidos se transfieran a una cuenta especial en la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social (DIDA) y que se cree un mecanismo ágil de devolución a sus familiares.
“Proponemos que el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) dicte una resolución para que dichos recursos sean transferidos a una cuenta especial en la DIDA y que se disponga un procedimiento ágil y expedito, es decir, libre de cargos y sencillo para que los familiares sean ubicados y reciban la devolución de los fondos de propiedad del fallecido, en atención al párrafo 1 del artículo 51 de la Ley 87 – 01” sostuvo el legislador peledeísta.
Planteó que el CNSS incluya una cláusula en el contrato póliza, para que a la muerte del afiliado, en caso de que no existan los beneficiarios de pensiones, el monto correspondiente a la prima del 1% del salario que cobran cada mes las aseguradoras pase a engrosar el fondo de pensión del fallecido.
Así mismo, dijo que la compañía de seguros deberá remitir dicho monto a la AFP del afiliado y ésta a su vez transferir a la DIDA en los siguientes 30 días, estableciendo moras a las AFP si pasa el período.
DIDA
La directora de la DIDA, Nélsida Marmolejos, atribuye a la burocracia que encarece la gestión de las disposiciones del contrato póliza entre las AFP y las Aseguradoras, la falta de oficinas administrativas de las AFP en el país y el desconocimiento de los beneficiarios de las responsabilidades que tienen las compañías con ellos la falta de acceso a los beneficios de sobrevivencia de pensiones.
“Constituye un paso de avance para eliminar una de las trabas que provocan que los familiares de fallecidos no reclamen sus beneficios debido a que en la mayoría de los casos, el monto a recibir es menor que el gasto que deben hacer para gestionarlos” expresó Marmolejos.
“Deben reducirse al máximo todos los obstáculos que hasta la fecha impiden acceder a derechos inalienables que tienen los afiliados en materia de seguridad social por tratarse de derechos sociales que son imprescriptibles de acuerdo con jurisprudencias del Tribunal Constitucional”, dijo la DIDA.
La Contraloría General del CNSS, mediante la comunicación número 00037-16 del 17 de agosto del 2016, remitió a la SIPEN la auditoría de gestión correspondiente al período del año 2014, realizada a dicha institución, destacando dentro de los hallazgos 39,386 afiliados fallecidos con un monto de aportes acumulados en Cuentas de Capitalización Individual (CCI)
ascendente a RD$870,252,453.00; generando una situación donde los beneficiarios no han sido contactados por la AFP, con el fin de que estos obtengan la pensión de sobrevivencia.
Ese monto es mayor, debido a que han pasado cuatro años de dicha auditoría, período en que posiblemente más personas han fallecido.
Ante la situiación el CNSS emitió la resolución 457-03, en la que autoriza a la SIPEN y a la Gerencia General del CNSS a realizar gestiones ante la DGII, a fin de que la misma otorgue facilidades para los derechohabientes de fallecidos que deben reclamar devolución de fondos a una AFP, respecto del pago de impuestos, así como las moras y multas que contempla el Código Tributario.
Marmolejos consideró además que esta resolución no se basta por sí misma para resolver la situación pues de hecho es una exhortación que no tiene aplicación práctica, depende de la DGII.
Señaló que desde el 2003 cuando comenzó el Seguro de Pensiones, la dirección bajo su cargo, empezó a gestionar ante las autoridades correspondientes la solución a esas condicionantes, entre las que también se encuentran las diferentes trabas contenidas en el Contrato Póliza de Discapacidad y Sobrevivencia suscrito entre las AFP con las Aseguradoras.
De acuerdo con las estadísticas de la SIPEN a junio del presente año de un total de 30 mil 133 pensiones por discapacidad y sobrevivencia solicitadas se han declinado 14 mil 418 y otorgadas 14 mil 469, equivalente al 48.0% de las solicitadas; se encuentran en trámite mil 246.