Un cambio silente, que se ha extendido como aluvión a múltiples esferas, ha transformado la vida de los dominicanos en todos los sentidos. Se refleja en la simplificación de tareas y obligaciones ciudadanas como las de pagar o recibir en línea los servicios más elementales, las deudas bancarias, en la compra de boletos de aviones, de buses y espectáculos desde un teléfono celular, en apagar y encender las luces de sus casas con un simple botón digital o en dejar que las máquinas carguen con la parte más pesada de los trabajos rudos.
El cambio ha venido tras la irrupción y aplicación de las modernas tecnologías que han transformado, radicalmente, los tradicionales métodos de educar a los alumnos en escuelas y universidades, usando pantallas electrónicas en lugar de pizarras, tabletas y laptops para hacer las tareas cotidianas, herramientas que también han calado en las facultades de periodismo, donde sirven para la producción de noticias en vídeo, diseños de periódicos digitales, edición de fotos y preparación de documentales.
Para las diligencias perentorias de obtener la renovación de pasaportes, certificación de documentos, pago de multas de tránsito, pago de impuestos, elección de menús de restaurantes o pizzerías, compra de ropas, calzados y todo lo que puede ofertar cualquier negocio especializado, es ya un ejercicio normal el uso de aplicaciones que permiten tales tareas en tiempo récord y a distancia.
Todo este andamiaje de herramientas de automatización o de digitalización ha sentado ya sus reales bases en la sociedad dominicana, al punto de tornarse imprescindibles precondicionadores de la vida moderna, a la que se adaptan los de una generación anterior que no tenían estas innovaciones afincadas en su quehacer diario, y las que asumen como algo de lo más natural, los jóvenes y niños de hoy, los “nativos digitales”.
Hasta la “gobernanza” es algo ya real y palpable. La República Digital, el programa de tecnologías del Gobierno, ha hecho posible una mayor interacción del ciudadano con las instituciones del Estado, permitiendo que la información pública esté accesible por medios electrónicos, que pueda comunicar y recibir respuestas a sus quejas por deficiencias en los servicios, denunciar amenazas a la seguridad, crímenes y actos delictivos en tiempo real, o simplemente reportar accidentes, productos dañados o engaños con la publicidad en los precios o la caducidad de los productos.