La invención del internet ayudó a la humanidad a mejorar la comunicación, acortar la brecha de información y a crear la base de datos más grande en la historia de la humanidad, que nos lleva a preguntarnos sobre quién es el dueño de la información que colocamos en la red.
Es necesario conocer la diferencia entre información personal y privada. La primera se refiere a la información del usuario como su dirección, tipo de carro que utiliza o gustos. Por otro lado, la información que se cataloga como privada es aquella como los registros médicos, financieros y toda aquella data que esté regulada.
Por esta razón las informaciones disponibles en la web no son consideradas como privadas, debido a que la “World Wide Web” o WWW es considerada como una fuente pública de redes autónomas interconectadas, según establece Hans Klein en “Gobierno sin el Estado Nación”.
Pero con el paso del tiempo ha evolucionado la interacción entre la red y los usuarios; en pleno 2018, la humanidad comparte más información que nunca. Datos publicados por el medio The Guardian aseguran que cada día Facebook Messenger y WhatsApp gestionan más de 60 mil millones de mensajes.
Pero, ¿qué derechos tienen estas empresas sobre estas informaciones públicas?
Facebook, la red social más grande, con una cantidad de usuarios que sobrepasa los más de dos mil millones de usuarios registrados, explica a sus usuarios en su documento de registro de más de 14 mil palabras, que la empresa tiene permiso de utilizar la información publicada en su plataforma digital para sus propias promociones.
Esta política es también emulada por otras grandes empresas tecnológicas como Google o Acxiom, lo que llevó a la creación de otro tipo de negocio como lo es el de las ventas de información de usuarios para usos comerciales.
En los Estados Unidos existen leyes que protegen los datos de los usuarios en diferentes sectores como los bancarios, de salud, pero todavía no existe una ley como tal que proteja los datos de los usuarios en la web para fines comerciales.
Sin embargo, recientemente se ha debatido sobre la posibilidad de regular el internet y el uso y protección de datos de empresas como Facebook y Google.
En 2016, la Unión Europea aprobó la Ley de Protección y Regulación de Data Personal o GDPR por sus siglas en inglés, establece que toda información personal recolectada necesita de la aprobación del usuario, y que si esta es usada para fines comerciales puede ser objetada.
Además, podrían multar a las empresas que recaigan en este delito con hasta un 4% de las ganancias anuales de la compañía.
Pero países como China o Corea del Norte han tomado medidas más extremas al prohibir el uso de páginas web como Facebook, por considerarlas como intrusivas.
En República Dominicana existe la Ley No. 172.13 de la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados; la cual garantiza que no se lesione el derecho al honor y a la intimidad de las personas y que también facilite el acceso a la información que sobre si mismas se registre.
La cual especifica en el Artículo 5, sección 3, que “cuando se recaben datos personales que requieran del consentimiento del titular de los datos, para que se les pueda dar el tratamiento de datos o ser cedidos después de obtener dicho consentimiento, se deberá informar previamente, a por los menos uno de los titulares de los datos, en forma expresa y clara la finalidad para la serán destinados, la existencia del archivo y su domicilio responsable y la posibilidad del interesado de ejercer acceso, rectificación y supresión de los datos.
Mientras que en la sección 5 especifica que el responsable del archivo de datos personales deberá adoptar e implementar medidas de seguridad para salvaguardar los datos de carácter personal.
Sin embargo, la República Dominicana no cuenta con una ley que regule la información recolectada a través de la internet por empresas de tecnología para uso comercial. Con este tema se abre el debate de si la internet debe de ser regulada o no.