El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) conformó este jueves una mesa de trabajo interinstitucional para la puesta en marcha del proyecto que busca implementar el sistema de licencia de conducir por puntos.
De acuerdo con la institución, este proyecto busca promover y desarrollar la seguridad vial y salvar vidas basándose en la educación, prevención y en su momento la sanción prevista por la Ley 63-17.
El sistema otorgará al conductor un saldo de 20 puntos en su licencia de conducir, y conforme cometa infracciones de tránsito dichos puntos serán reducidos hasta llegar a cero. Indica que en ese momento se procederá a tramitar la suspensión de su licencia.
Un comunicado del Intrant precisa que el proyecto tendrá tres fases consecutivas que son la coordinación interna entre organismos; educación a la ciudadanía y finalmente la implementación paulatina del sistema.
El director ejecutivo del instituto, Rafael Arias, dijo que con la conformación oficial de la mesa de trabajo se cumple con lo establecido en la Ley 63-17, que manda a la participación multisectorial.
Manuel Rodríguez, especialista de transporte del BID, manifestó que la entidad bancaria tiene prioridades de promover el desarrollo económico y la calidad de vida de todos los habitantes de América Latina y el Caribe y que una de las formas de lograrlo es principalmente protegiendo la vida.
Rodríguez expresó que el BID se compromete a promover una movilidad más eficiente, accesible y segura enfocada en “trabajar por un crecimiento económico sostenible e incluyente”.
Agregó que dentro de esas prioridades está la reducción de los índices de mortalidad y morbilidad en todos los países de la región, así como promover la resiliencia al cambio climático y la movilidad segura con el compromiso de todos los actores claves y de la ciudadanía.
La mesa de trabajó tendrá el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y un acompañamiento técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Además del Intrant, conformarán la mesa autoridades del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).