Haití cumplió ayer dos semanas de tensión política y social por las movilizaciones convocadas por sectores de oposición que rechazan el diálogo con el presidente Jovenel Moise y exigen su renuncia, y que han convocado una nueva protesta para este viernes.
Aunque el gobierno ha redoblado en los últimos días sus esfuerzos en favor del diálogo y ha intentado rebajar la tensión con el anuncio de medidas para tratar de paliar la grave crisis económica y luchar contra la corrupción, el Sector Democrático y Popular, que integran varios líderes opositores, ha pedido a la población haitiana volver a salir a las calles este viernes.
En declaraciones a Efe, André Michel, portavoz del sector Democrático y Popular, dijo que espera que con esta movilización la «comunidad internacional entienda que con Moise el país no va a tener estabilidad política» y que facilite la puesta en marcha de una gobierno de transición para evitar la confrontación.
Michel afirmó que Moise ya no tiene la «legitimidad para seguir ejerciendo el poder», por lo que exigen su renuncia.
También aseguró que quieren que se haga justicia en el caso de la presunta malversación de fondos de Petrocaribe, el programa mediante el cual Venezuela suministra petróleo a Haití a precios blandos, y señaló que con Moise no la habrá porque «está involucrado».
Una auditoría presentada a comienzos de febrero por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en este programa y señaló a quince exministros y actuales funcionarios como involucrados en el asunto, así como a una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la presidencia «Nuestra lucha es para mejorar las condiciones de vida en Haití, para atraer la inversión extranjera, para crear empleo y una escuela de calidad», añadió.
En algunos de los barrios más pobres y peligrosos de la capital haitiana, como La Saline y Bel Air, un feudo de partidarios del expresidente Jean-Bertrand Aristide, derrocado por una revuelta armada en 2004, muchos de sus vecinos dijeron a Efe que se preparan ya para asistir mañana, viernes, a la marcha.
No obstante, hay otros que dudan en asistir porque temen que se produzcan actos violentos como los registrados en las protestas de los últimos días, que han causado al menos nueve muertos.
En medio de este panorama de tensión, fuentes oficiales confirmaron hoy a Efe que cinco estadounidenses y dos serbios detenidos el domingo pasado en Haití con armas automáticas fueron enviados ayer a Estados Unidos, donde los dos últimos tienen residencia.
Los siete extranjeros fueron detenidos junto a un haitiano, quien sigue bajo arresto a disposición de la Justicia.
Los cinco estadounidenses y los dos serbios volaron a territorio estadounidense sin presentarse ante un juez y el Gobierno aún no ha ofrecido una explicación sobre las circunstancias del traslado pese a la investigación abierta por este caso.
El pasado miércoles, André Michel denunció en una rueda de prensa que los detenidos eran mercenarios que estaban en el país para trabajar para el Gobierno y que presuntamente tenían en su mira atentar contra dirigentes de oposición.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU abordó hoy la crisis en Haití en una reunión a puerta cerrada que solicitaron Estados Unidos, Francia y Alemania.
En ella, los 15 países acordaron una breve declaración para señalar su inquietud por la situación y para llamar a todos los haitianos a «expresarse de forma pacífica».
El Consejo reafirmó además su «compromiso a trabajar con el pueblo y el Gobierno de Haití en aras de un futuro más seguro y próspero».
Hasta ahora, la comunidad internacional solo había hecho un único pronunciamiento a través del Core Group, integrado por el representante especial adjunto del secretario general de la ONU, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, EE.UU., Francia, la Unión Europea y el representante especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que llamó al diálogo para buscar una solución a la crisis política y económica.
En un mensaje a la nación el pasado jueves, Moise aseguró que va a luchar para «restablecer la paz y la estabilidad» en su país, al tiempo que señaló, en alusión a la presencia de personas armadas en las manifestaciones, que no dejará el país «en manos de bandas armadas y narcotraficantes», que quieren utilizar la empobrecida nación para sus intereses personales.
Las protestas, que han aumentado la inseguridad en Haití, el país más pobre de América, y han provocado un clima de incertidumbre, se producen en medio de una severa crisis económica, que se agravó este año por una fuerte depreciación del gourde, la moneda oficial, y una inflación galopante.