La ONU lamentó este miércoles que las autoridades de México se concentren en la «insostenible» defensa de la versión oficial del caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (sur) en 2014, en el aniversario de un caso que estremeció al país y que aún no se ha esclarecido.
«Preocupa que la respuesta del gobierno se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial», indica un comunicado de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Según la hipótesis oficial, denominada por la fiscalía como la «verdad histórica», los jóvenes estaban en Iguala (Guerrero, sur) apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron detenidos por policías locales.
Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.
«La ONU-DH reitera que esta versión es insostenible. Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture», una agencia independiente de investigación en Londres, indicó Naciones Unidas.
En mayo, la ONU reiteró su informe que concluye que «al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación (…) fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente», y señaló a elementos de la fiscalía, policía federal y militares de la Marina como involucrados en estas violaciones.
El gobierno rechazó el informe.
Alfredo Higuera, fiscal especial del caso Ayotzinapa, confirmó a Radio Fórmula que dos de cuatro procesados que alegaron tortura fueron liberados.
Según él, la fiscalía general solicitó que a todos los detenidos se les practicara el Protocolo de Estambul (examen sobre tortura), pero en cuatro años no se ha terminado esta tarea porque «hay resistencias de las personas a las que se les aplica».
Higuera aseguró que la fiscalía aplicó sus propios dictámenes sobre tortura a 52 procesados, de los cuales «49 resultaron negativos y tres positivos».
Hasta ahora hay 119 personas procesadas por el caso, 69 por secuestro y 50 por delincuencia organizada o portación de armas.
«Por los medios ordinarios de justicia no vamos a esclarecer lo qué pasó», lamentó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes, al asegurar que buscarán crear una «comisión de investigación» apoyada por el GIEI, la ONU y la CIDH.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunirá más tarde con los padres de los jóvenes.