YAKARTA.- El gobierno indonesio hizo un llamado a la ayuda internacional tras el terremoto, seguido de un tsunami, que sacudió el viernes la isla de Célebes y causó, al menos, 832 muertos.
El presidente indonesio, Joko Widodo, “nos autorizó a aceptar ayuda internacional de urgencia para responder al desastre”, declaró Tom Lembong, un responsable gubernamental, mientras que decenas de agencias humanitarias y de oenegés afirmaron su voluntad de asistir al país.
El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, señaló en una rueda de prensa en Yakarta que 821 personas murieron en Palu y las 11 restantes en el distrito de Donggala.
Explicó que, aunque continúan cortadas las comunicaciones con Donggala, han podido recibir informes sobre estas muertes.
Palu, capital de la provincia de Célebes Central y una población de 350 mil habitantes, es la zona más castigada por el tsunami, al que le sigue Donggala, distrito con unos 277 mil habitantes, situado a unos 30 kilómetros al noroeste del primero.
La catástrofe comenzó con un terremoto de magnitud 6.1 que causó un muerto y 20 heridos, y unas tres horas después ocurrió el sismo de magnitud 7.5 y el posterior tsunami.
Los terremotos no han dejado de registrarse desde entonces en la región y mantienen en tensión a los habitantes.
Este domingo, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, inició una visita a las zonas más afectadas para ver la tragedia en persona y garantizar que la ayuda llega a todos.
Los problemas más urgentes son rescatar a las personas atrapadas en los edificios derruidos, como ocurre con el Hotel Roa Roa de Palu, encontrar a los desaparecidos, asistir a los damnificados y restablecer los servicios básicos y las comunicaciones.
En la rueda de prensa Sutopo señaló que se habían reabierto varias carreteras, como la que conecta a Palu y Poso, ciudad principal situada a 112 kilómetros al sureste de la anterior.
Para contener los casos de robos y saqueos denunciados en Palu, las autoridades han autorizado a las víctimas de la catástrofe que adquieran provisiones a cargo del Estado en determinados comercios.