El Gobierno de Nicaragua que preside el sandinista Daniel Ortega cumplió ayer lunes seis días sin ofrecer el informe sobre los casos confirmados del COVID-19, mientras los hospitales acogían a cientos de pacientes con problemas respiratorios.
El Gobierno de Ortega, que ha minimizado la pandemia desde un principio, mantiene congelado desde el martes pasado, cuando rindió su último informe, en 16 los casos confirmados y en 5 los fallecidos por el coronavirus.
Ni el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, quien estaba a cargo de la lectura diaria del informe, ni la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, que hace también de portavoz oficial, actualizaron las cifras ayer.
OBSERVATORIO: 188 MUERTES Y 1.033 CASOS
El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 contabiliza hasta este lunes al menos 1.033 casos de contagio de la enfermedad, 1.017 casos más que los reconocidos por las autoridades.
También reporta 188 muertes por neumonía y sospechosas de COVID-19 que han sido verificadas por el Observatorio.
Además, registran 122 profesionales de la salud con sintomatología asociada o presuntiva de coronavirus y otras 403 personas hospitalizadas con esos mismos síntomas.
El silencio oficial sobre la pandemia en Nicaragua, según fuentes médicas, es porque el sistema de salud se encuentra saturado ante el aumento de casos sospechosos, que contrasta con la política de negar y minimizar por parte del Gobierno.
La información que daba el Ministerio de Salud se ha estrellado contra la crudeza de la realidad», señaló la doctora Josefina Bonilla, especialista en Salud Pública y miembro del Comité Científico Multidisciplinario.
GOBIERNO NO PUEDE OCULTAR REALIDAD
Para la exguerrillera Dora María Téllez, que fue ministra de Salud durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), el silencio oficial es una táctica del Gobierno porque no puede sostener ante la comunidad médica y científica, ni ante la opinión pública, que sólo hay 16 casos confirmados con 5 fallecidos, cuando la realidad en los hospitales es otra.
Por tanto, a su juicio, el Ministerio de Salud prefiere guardar silencio porque «ya no puede seguir diciendo las mismas mentiras de la misma manera» y aceptar que los hospitales han colapsado.
Al periodista Carlos Fernando Chamorro le llamó la atención que el Gobierno incluso ha sacado de su agenda el tema del COVID-19 justo cuando «aumenta el número de personas fallecidas y la mayoría de los hospitales empiezan a abarrotarse de pacientes sospechosos».
«Ha habido una intención deliberada de mantener al país a ciegas, mientras se relajan las alertas sanitarias y el virus avanza en su proceso de expansión», señaló Chamorro, hijo de la expresidente Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), en una declaración pública.
PREOCUPACIÓN POR NICARAGUA
Cinco exministros de Salud de Nicaragua advirtieron este domingo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del «riesgo extremo» que enfrentan tanto su país como la región de Centroamérica ante el COVID-19, debido al manejo de la pandemia por parte del presidente Ortega.
El Gobierno nicaragüense ha recibido críticas de sectores nacionales e internacionales porque no ha establecido restricciones ante la pandemia, ni ha suspendido las clases, y sigue promoviendo actividades públicas y aglomeraciones.
La OPS mostró el pasado abril su preocupación por la forma en que Ortega maneja la pandemia en Nicaragua.
El caso nicaragüense ha trascendido el plano de la salud, pues también es visto como asunto de derechos humanos tanto por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).