La Fiscalía de El Salvador presentó este domingo un recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que anule la declaración de estado de emergencia emitida por el Gobierno de Nayib Bukele, que prescindió del Congreso para adoptar la medida.
El Ministerio Público, que no detalló el contenido de la demanda, indicó que solicitó «como medida cautelar la suspensión» del decreto ejecutivo.
De acuerdo con la Fiscalía, la declaración del Ejecutivo de Bukele es un «acto de usurpación de facultades» de los legisladores salvadoreños.
El Gobierno declaró un estado de emergencia para frenar el avance del COVID-19, amparado en una ley que se lo permite si el Congreso no puede reunirse.
La medida gubernamental fue catalogada por diputados y analistas como un «desconocimiento» del órgano Legislativo y estado de excepción «encubierto».
El Gobierno evocó un artículo de la Ley de Protección Civil que le da la facultad de dictar la medida ante problemas para concretar una sesión de los diputados, pero la Fiscalía apuntó que «la Asamblea Legislativa no estaba imposibilitada para reunirse».
Se espera que los legisladores estudien y voten este lunes una nueva ley de emergencia nacional, con la que pretenden limitar medidas que, a juicio de los opositores, violan los derechos de la población.
Según el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, sin el estado de emergencia no tienen fundamento jurídico la ley de confinamiento obligatorio y el decreto presidencial que declara la cuarentena «absoluta».
Si no existe emergencia en el país, no existe asidero legal para ninguna de las medidas extraordinarias que puedan tomarse», apuntó Castro en declaraciones a la prensa internacional.
Esta situación se suma a las constantes confrontaciones que sostiene el Gobierno con el órgano Legislativo y Judicial y tensa aún más la espinosa relación que tiene Bukele con dichos poderes.
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, llamó a los líderes de los tres poderes del Estado a «reducir la confrontación» y no poner en riesgo «los logros democráticos» y la salud de la población.
Este domingo el país centroamericano, que según las autoridades está al borde del colapso de sus sistema sanitario por la pandemia del COVID-19, registró la muerte de tres personas más.
Según el recuento oficial, El Salvador registra 1.338 casos confirmados del COVID-19 y 30 fallecidos, con lo que el porcentaje de letalidad de la enfermedad es del 2,24 %.