El gobierno de Estados Unidos extendió ayer hasta fin de año una restricción a la emisión de tarjetas de residencia fuera del país, y añadió muchas visas de trabajo temporal a esa suspensión, incluidas aquellas usadas ampliamente por las compañías de tecnología y corporaciones transnacionales.
El gobierno dijo que la medida es una forma de liberar empleos en una economía que sufre los estragos del coronavirus. Un funcionario de alto rango que habló con los reporteros bajo condición de anonimato estimó que las restricciones liberarán hasta 525.000 empleos para los estadounidenses, una afirmación que fue rápidamente cuestionada por detractores.
La medida, aunque es temporal, equivaldría a una importante reestructuración de la inmigración legal si se hace permanente, un objetivo que el gobierno no había podido lograr antes de la pandemia. También se intentan implementar cambios a largo plazo que le impedirían a muchos solicitantes de asilo obtener permisos de trabajo y otorgarían en forma distinta las visas para trabajadores de empresas de alta tecnología.
Los grupos empresariales habían presionado para limitar los cambios, pero obtuvieron poco de lo que querían, lo cual representa una victoria para los sectores que desean restringir la inmigración justo cuando Trump quiere consolidar aún más el respaldo que le dan antes de los comicios de noviembre.
Las categorías de visas afectadas por las nuevas restricciones son: H-1B, utilizadas ampliamente por las principales compañías tecnológicas estadounidenses y de India, y sus familiares inmediatos; H-2B, para los trabajadores temporales no agrícolas; J-1, para estudiantes de intercambio, y L-1, para gerentes y empleados destacados de corporaciones trasnacionales.
Habrá excepciones para los trabajadores del sector de procesamiento de alimentos, que representan alrededor del 15% de las visas H-2B, dijo el funcionario. Los trabajadores de salud que ayudan a combatir al coronavirus mantendrán una exención a las restricciones, aunque será más limitada.
“En la administración del sistema migratorio de nuestra nación, debemos estar conscientes del impacto de los trabajadores extranjeros sobre el mercado laboral de Estados Unidos, especialmente en el extraordinario ambiente actual de elevado desempleo interno y menor demanda de mano de obra”, escribió Trump en su proclama presidencial.
El mandatario impuso una restricción de 60 días a la emisión de tarjetas de residencia en el extranjero en abril, la cual iba a expirar el lunes. Ese anuncio, que afectaba en gran medida a familiares, fue recibido con sorprendente frialdad por los sectores radicales opuestos a la inmigración, quienes dijeron que Trump no fue lo suficientemente lejos.
Las nuevas medidas para incluir a las visas de no inmigrante se acercan más a satisfacer a los que desean impedir la llegada de trabajadores extranjeros.
“Esta es una medida audaz del gobierno de Donald Trump para proteger los empleos estadounidenses”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Inmigración, un grupo que está a favor de las restricciones. “No todos los puntos en nuestra lista de verificación de las acciones que se requieren están incluidos en el anuncio de hoy, pero los cabilderos corporativos que estaban luchando desesperadamente para que se concedieran excepciones con el fin de proteger el acceso de sus clientes a mano de obra barata del extranjero han sido desairados en gran medida”.
Thomas J. Donohue, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo que las medidas dañarán a la economía estadounidense, en lugar de ayudarla.
“El colocar un letrero de ‘usted no es bienvenido’ para ingenieros, ejecutivos, expertos en tecnologías de la información, doctores, enfermeras y otros trabajadores no ayudará a nuestro país, sino que impedirá que avancemos”, señaló. “Los cambios restrictivos al sistema migratorio de nuestra nación impulsarán las inversiones y la actividad económica en el extranjero, desacelerarán el crecimiento y reducirán la creación de empleos”.
BSA, un grupo que representa a importantes compañías de software, exhortó al gobierno a reconsiderar, en especial los cambios al programa a las visas H-1B, diciendo que entorpecerán la recuperación económica al dificultar cubrir puestos laborales cruciales.
“El cubrir estos puestos que son más abundantes que el número de empleados estadounidenses capacitados para ocuparlos significa que estos empleos pueden quedarse en Estados Unidos”, señaló el grupo. “Esto le permite a las compañías asentadas en Estados Unidos mantenerse competitivas a nivel global, lo que a su vez impulsa a la economía del país, creando empleos para millones de estadounidenses”.
La restricción a la emisión de visas en el extranjero entrará en vigor de manera inmediata. Otros cambios, como restringir los permisos de trabajo para solicitantes de asilo, pasarán por un proceso formal de elaboración de reglas que toma meses.
El gobierno está proponiendo una nueva forma de otorgar las visas H-1B, señaló el funcionario, para concederlas con base en el salario más alto, en lugar del sistema por lotería.
Las visas H-1B tienen un límite de 85.000 al año para gente con un “conocimiento altamente especializado” y cuando menos una licenciatura, con frecuencia en ciencia, tecnología, ingeniería, enseñanza y contabilidad. Los críticos dicen que las compañías de alta tecnología han utilizado las visas como una herramienta para subcontratar empleos a extranjeros, reemplazando a los estadounidenses.
Cognizant Technology Solutions Corp. fue la que más empleados contrató con visas H-1B en el año fiscal 2018, seguido por Tata Consultancy Services Ltd., Infosys Ltd., Deloitte Consulting LLP y Microsoft Corp. Otros empleadores de gran tamaño son Amazon.com Inc., Apple Inc., Google y Facebook Inc.
La norma en contra de los solicitantes de asilo, programada para entrar en vigor el 25 de agosto, les dificultaría mucho más obtener permisos de trabajo al, entre otras cosas, alargar de 150 días a un año el tiempo de espera para presentar la solicitud y descartar a los solicitantes que cruzan la frontera ilegalmente.
El reglamento de 328 páginas — firmado por Chad Mizelle, abogado general interino del Departamento de Seguridad Nacional, que es considerado aliado del asesor de la Casa Blanca Stephen Miller — dice que el limitar los permisos de trabajo eliminará un importante incentivo para que la gente venga a Estados Unidos a solicitar asilo.
Es la más reciente de una larga serie de medidas que hacen que sea más difícil de obtener asilo, haciéndolo casi inalcanzable, según algunos grupos activistas que defienden a los inmigrantes.
“La norma le impedirá a muchos refugiados obtener alimento, manutención y vivienda para ellos y sus familias”, dijo Eleanor Acer, directora de protección de refugiados en el organismo Human Rights First. “Los solicitantes de asilo y sus familias ya pasan apuros para sobrevivir en los actuales tiempos de espera para obtener autorización de trabajo. Pero esta norma hará que a muchos les sea imposible la supervivencia”.