Alertó que en la capital, las bandas criminales armadas socavan cada vez más la autoridad del Estado y provocaron un incremento del número de víctimas en algunos barrios como La Saline y Bel Air.
La violencia de las pandillas tiene un impacto directo en la actividad económica formal e informal, el empleo y el atractivo del país. También se hace sentir en los hogares vulnerables, reduciendo su ya limitado acceso a los servicios, incluidos el saneamiento, la salud y la educación, indicó en un comunicado.
La Lime advirtió que la situación actual es particularmente preocupante en el período previo a un nuevo ciclo electoral, marcado por una polarización de la esfera política y recordó al gobierno su obligación de proteger a la población y la impunidad que gozan muchos líderes criminales.
‘Es imperativo que, a pesar de los desafíos, Haití continúe en su camino hacia la estabilidad y la seguridad, dos condiciones esenciales para el desarrollo social y económico sostenible’, señaló.
De igual manera, renovó su compromiso de apoyar a la policía, el sistema judicial y la comisión de desarme, elementos fundamentales para la estabilidad del país, aseguró.
En sus 25 años de misión en Haití, el organismo internacional contribuyó al desarrollo de las instituciones estatales, incluida la fuerza de la policía profesional con más de 15 mil agentes, sin embargo aún la cifra de efectivos es insuficiente para desempeñar sus tareas de conformidad con las normas internacionales, reconoció.
Las declaraciones de la Binuh ocurren cuando un tribunal popular denuncia los desmanes de sus tropas en Haití, tras 15 años de ocupación militar.
Organizaciones progresistas junto a damnificados del cólera, enfermedad que cobró unas 10 mil vidas y afectó a casi un millón de personas, testifican ante un jurado simbólico contra el organismo internacional.
También reclaman justicia para las mujeres y niños violados por las tropas de la ONU y para el centenar de hijos que dejaron atrás.