Puerto Príncipe, 18 dic.- El gobierno de Haití enmendará el decreto sobre la creación de la Agencia de Inteligencia (ANI)que generó rechazo de sectores sociales y la comunidad internacional, confirmó un asesor presidencial.
Según el consejero especial, Guichard Doré, la Oficina de Protección del Ciudadano, cuya misión es preservar a todas las personas contra cualquier forma de abuso por parte del gobierno, estará a cargo de las modificaciones.
Desde que salió a la luz la legislación a finales de noviembre fue blanco de numerosas críticas de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que señalaban la ilegitimidad del presidente Jovenel Moïse para adoptar tal disposición, y aseguraban que formaba parte de un mecanismo represivo del gobierno para sofocar el disenso.
La Fundación Je Klere que defiende los derechos humanos advirtió sobre las similitudes de las nuevas normativas del mandatario con las emitidas durante el periodo de dictadura, y rechazó que el organismo no cuente con una estructura de control independiente, por lo que representa una amenaza para las libertades, aseguró.
También el Colectivo 4 de diciembre denunció que la ANI presuntamente permitirá a las autoridades legalizar la represión y desechar las demandas de la población, mientras agrava la situación del bandidaje y la multiplicación de actos violentos.
Ya el fin de semana, el Grupo Central, integrado por representantes de varios organismos internacionales y embajadores de diversos países, expresó su preocupación por la inmunidad casi legal de los agentes de la ANI, lo que abre la posibilidad de abusos, aseguraron.
También alertaron sobre el fortalecimiento de la seguridad pública que amplía la calificación de acto de terrorismo y prevé penas especialmente severas de 30 a 50 años de prisión.
No obstante, Doré desestimó este miércoles las acusaciones contra la ANI y descartó que sea una milicia creada para silenciar a la oposición, como sugirieron los hostiles.
Es preferentemente, dijo, una institución que aboga por una especie de equilibrio entre la libertad y la seguridad nacional.