El senado argentino aprobó el miércoles una ley que legaliza el aborto, una victoria para el movimiento de mujeres después de varias décadas de lucha y un revés para el papa Francisco en su país natal.
La norma fue aprobada con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención tras una sesión maratónica que arrancó la tarde del martes y se extendió durante poco más de 12 horas. La Cámara de Diputados le había dado media sanción el 11 de diciembre.
La ley establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 14ta semana de gestación. Pasado ese plazo, el aborto será legal sólo en los casos de embarazo por violación o riesgo de vida para la gestante.
“El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral. Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública”, expresó el presidente Alberto Fernández, quien impulsó el proyecto de ley, en un mensaje publicado en Twitter.
Las palabras de Francisco no tardaron en resonar en su país natal no mucho después de la histórica votación.
“Los cristianos, como todos los creyentes, bendicen a Dios por el don de la vida. Vivir es ante todo haber recibido la vida. Todos nacemos porque alguien ha deseado para nosotros la vida”, dijo el papa en un mensaje escrito.
Poco antes de la votación había dedicado otro mensaje a sus compatriotas en Twitter en el que decía que “el Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura”.
La aprobación de la ley luego de sucesivos intentos del movimiento feminista para que obtuviera luz verde en el Congreso fue festejada por una multitud de activistas pro aborto vestidas con prendas verdes, el color que las identifica.
Del otro lado de un vallado, el llamado sector “celeste” de los que se oponen contemplaron desolados la pantalla a través de la cual siguieron la histórica sesión.
La organización Amnistía Internacional celebró el “logro que sirve como inspiración para que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento del acceso al aborto legal y seguro”.
“Hoy crecimos como sociedad… vamos a trabajar para que el Estado garantice el cumplimiento del aborto legal en todo el país”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Argentina, el tercer país más grande de América Latina, se suma a un listado que incluye a Uruguay, Cuba, la Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesas entre los que no castigan el aborto en la región.
El colectivo Unidad Provida emitió un comunicado en el que señaló que “la madrugada del 30 de diciembre de 2020 será recordada de aquí en adelante como una de las jornadas más macabras de la historia reciente”.
El grupo lamentó que en sólo un mes, “la política mostró su peor cara” y avaló el “descarte selectivo de personas a través de la legalización del aborto a simple demanda”.
“La clase política votó el aborto en 2020; ahora, la mayoría celeste responderá en las urnas en 2021″, señaló en referencia a las elecciones legislativas del próximo año.
Las únicas excepciones contempladas para abortar en Argentina eran los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre. Pese a ello varias provincias tradicionales no habilitaban la práctica abortiva.
Los abortos clandestinos han causado más de 3.000 muertes en el país desde 1983, según las autoridades. Cada año alrededor de 38.000 mujeres son hospitalizadas por este tipo de procedimientos.
Los fracasos de los últimos años para sacar adelante una ley eran atribuidos a la fuerte influencia de la Iglesia Católica sobre la dirigencia política.
En medio del debate, con la mayoría de los legisladores conectados de manera remota debido a la pandemia, el Poder Ejecutivo se comprometió a realizar ajustes una vez que la norma fuera reglamentada, con el fin de asegurarse el apoyo de algunos de los senadores indecisos.
Senadores opositores anticiparon que se van a presentar recursos de inconstitucionalidad de la ley.
La norma contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. Los menores de esa edad tendrán que ejercer los “derechos a través de sus representantes legales”.
Además, incluye la figura de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud y de las instituciones médicas privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica, pero establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar el procedimiento deben remitir a las pacientes a otra institución.
El médico no podrá alegar objeción de conciencia en caso de que la salud de la persona gestante esté en peligro.
Los profesionales de la salud que se nieguen a cumplir con la interrupción del embarazo en los términos comprendidos por la ley estarán sujetos a sanciones que van de los tres meses a un año en prisión y la suspensión de su licencia profesional por el doble de tiempo de la condena.
La ley garantiza además la cobertura integral y gratuita del aborto en el sistema de salud público y privado.