El presidente de Haití, Jovenel Moise, ha ordenado a los principales organismos de seguridad que se movilicen de cara a las protestas que previsiblemente se convocarán el 7 de febrero, día en el que, según la oposición, expira el mandato del actual jefe de Estado.
Los movimientos opositores ya han redoblado en sus últimas semanas los llamamientos a salir a la calle, lo que se ha saldado en varias ocasiones con enfrentamientos entre policías y manifestantes. No les convence el calendario electoral planteado por Moise, que contempla un referéndum constitucional en abril y elecciones presidenciales y legislativas en septiembre.
Moise ha anunciado en una declaración pública a través de Facebook que ha ordenado a la Policía y a los ministerios del Interior y Justicia que se movilicen para garantizar la seguridad de bienes y personas el 7 de febrero. «No somos un país de bandidos. Se ha acabado el tiempo de los robos», ha sentenciado, según la agencia Alterpresse.
El presidente ha expresado su particular preocupación por el auge de los secuestros, razón por la cual ha planteado la creación de un grupo de trabajo que estará encabezado por el primer ministro, Joseph Jouthe. Los raptos se han disparado en la capital, Puerto Príncipe, y entre sus objetivos hay también menores de edad, si bien no hay datos oficiales.
«Hay un problema y creo que necesitamos hacer un análisis profundo de lo que está pasado», ha dicho Moise, que aspira a encontrar «la verdadera fuente del problema». El presidente ha llamado también a la colaboración de la ciudadanía para combatir esta lacra, en «un matrimonio entre la Policía y la población» del que no ha dado ningún detalle, informa el periódico ‘Le Nouvelliste’.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también expresó la semana pasada su preocupación por la persistencia de los abusos en Haití, que teme que pueda empeorar ante «el aumento de las tensiones políticas». Así, dio cuenta de patrones de represión por parte de las fuerzas de seguridad y también de bandas armadas.
«Las tensiones políticas están resurgiendo por el calendario y el alcance del referéndum sobre la reforma constitucional propuesta por el Gobierno», lamentó una portavoz de la oficina de Naciones Unidas, Marta Hurtado, que instó a las autoridades a tomar medidas «inmediatamente» para garantizar que no se violen los Derechos Humanos y que haya rendición de cuentas.