Más de 125 personas han perdido la vida durante la sangrienta represión de las manifestaciones en contra del golpe de Estado militar perpetrado el 1 de febrero en Birmania, que el domingo registró al menos 38 muertos conforme a los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
La mayoría de los decesos de la víspera se produjeron en Rangún, donde las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra las personas que protestaban en al menos nueve barrios de la ciudad, la más poblada del país y su antigua capital.
En el distrito de Hlaing Than Yar, del noroeste de Rangún, 22 civiles murieron y 20 resultaron heridos, 3 de ellos en condición crítica, a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, denunció la AAPP.
La junta militar que tomó el poder de Birmania el primer día del pasado mes de febrero anunció anoche en el canal público MRTV la imposición de la ley marcial en el popular barrio de Hlaing Than Yar, donde el domingo, según el portal Myanmar Labour News, varias factorías fueron consumidas por las llamas.
La Embajada de China en Birmania señaló en Facebook que parte de las fábricas destruidas por los incendios son propiedad de empresarios chinos y reclamó a las autoridades detener a sus autores y «garantizar la seguridad de las empresas y el personal chino».
En otras ciudades del país, como Bago, Mandalay y Hpakant, también se registraron la víspera víctimas mortales a causa de los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad.
La AAPP además contabiliza que desde el sublevamiento militar más de 2.150 personas han sido detenidas, entre ellas 319 ya liberadas.
LA ONU CONDENA LA VIOLENCIA
La enviada de Naciones Unidas para Birmania, Christine Schraner, condenó este domingo los continuados ataques en el país contra los manifestantes prodemocracia y pidió a la junta militar birmana que atienda a los llamamientos de la comunidad internacional para abrir una vía de diálogo, y que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Schraner condenó «firmemente el continuado derramamiento de sangre en el país mientras los militares desafían los llamados internacionales, incluidos los del Consejo de Seguridad Nacional, para ejercitar la contención, el diálogo y el respeto pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales», según un comunicado.
La representante de la ONU dijo haber escuchado personalmente testimonios «que rompen el corazón» sobre asesinatos, violencia contra manifestantes y torturas de prisioneros en las últimas horas.
«La continuada brutalidad, incluso contra el personal médico, y la destrucción de infraestructuras públicas minan las posibilidades de paz y estabilidad», remarcó Schraner.
Este fin de semana, el llamado gobierno civil birmano, formado por cargos electos depuestos por la junta militar golpista, llamó a una «revolución» para restaurar la democracia y autorizó la defensa propia de los ciudadanos contra la represión sangrienta de las fuerzas de seguridad.
Las protestas a lo largo del país rechazan el poder de la junta militar y exigen el regreso a la democracia, el respeto de los resultados de las elecciones de noviembre y la liberación de todos los detenidos por los militares, entre ellos la depuesta líder del gobierno, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
Está previsto que este lunes, Suu Kyi, quien se encuentra detenida por los militares desde el primer día de la asonada, comparezca por tercera vez ante un tribunal birmano, que podría presentar nuevos cargos en su contra además de los cuatro que ya se le imputan.
Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Suu Kyi y que fueron calificados de legítimos por los observadores internacionales.