La directora ejecutiva de la Coalición del Norte de Manhattan por los Derechos del Inmigrante, Ángela Fernández, aclaró que una medida ordenada en los aeropuertos de Estados Unidos por el presidente Donald Trump, que comenzó a ejecutarse ayer lunes, no afectará a todos los residentes legales por las ayudas sociales que reciben del Gobierno.
Fernández, especialista en la materia, corrigió una información del noticiero del canal 41, que el sábado aseguró que la medida abarcará a todos los residentes legales, cuyos récords serán chequeados en los aeropuertos, donde si se les encuentra que han tomado o toman ayudas del Gobierno, podrían ser despojados de sus tarjetas verdes y puestos en deportación.
“Hay una confusión en esta información”, dijo.
“El Gobierno anunció que a partir del lunes 19 de noviembre (ayer), se comenzaría a dar lo que se llama NTA, que es una carta que se le da a un inmigrante para que comparezca en la corte, donde se le iniciará un proceso de deportación”, explicó la activista.
Agrega que “esta medida afectará a persona que han cometido fraudes cuando solicitaban beneficios sociales del Gobierno, como usar un nombre falso en la petición, si inmigración tiene la información, entonces enviarán al sospechoso a la corte migratoria para ser sometida al proceso de deportación”, dijo.
Explica que la confusión se ha originado debido a que “si alguien ha recibido beneficios públicos, lo pondrán en deportación, pero eso no es correcto”, añadió Fernández.
“Como en cualquier asunto, siempre les pedimos a los inmigrantes que van a sus países, que si han tenido algún roce con la policía o ha cometido fraude y ha sido acusado de ese delito, debe ir donde un abogado de inmigración antes de salir y viajar del país”, dijo.
“Eso es un anunció, simplemente reafirmando lo que ya han dicho en el pasado de que van a dar una carta a personas sospechosas de fraudes, convictas de crímenes y otras categorías