Estados Unidos incluyó el lunes a cinco jueces del máximo tribunal de El Salvador, a la fiscal general de Guatemala y a uno de sus funcionarios en una lista de personas que socavan la democracia, en busca de enviar un claro mensaje de que no tolera la corrupción ni a quienes la alientan.
Los integrantes de esa lista no pueden obtener visa para viajar a Estados Unidos ni ingresar al país en caso de que la tengan desde antes.
Entre los funcionarios salvadoreños aparecen cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Elsy Dueñas De Aviles, Oscar Alberto López Jerez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, dijo el Departamento de Estado.
En el caso de Guatemala se trata de la actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, y del secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila.
“Estados Unidos seguirá usando las herramientas que tiene a su disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques contra las aspiraciones democráticas del pueblo de Centroamérica”, expresó el secretario de Estado, Antony Blinken, en una declaración escrita. “Continuaremos asociándonos con funcionarios gubernamentales que demuestren su dedicación a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática”, dijo.
El presidente Joe Biden prometió desde antes de llegar al poder en enero que lucharía contra la corrupción en Centroamérica al considerarla, junto a la pobreza y la delincuencia, una de las principales causas por la que miles de migrantes salen de esos países en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos.
Desde que asumió ha impulsado sanciones contra funcionarios y ha prometido destinar cientos de millones de dólares para atender las causas de la migración.
En las sanciones del lunes no apareció ningún funcionario de Honduras.
Entre los ataques a la democracia y a medidas anticorrupción de los cinco jueces de la Cámara Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, Estados Unidos señaló que aceptaron ser nombrados en sus puestos de manera directa por la Asamblea Legislativa en un proceso que pareciera haber transgredido la constitución de su país.
“Los cinco magistrados previos fueron removidos abruptamente sin una causa legítima” después de que el 1 de mayo asumió la nueva legislatura, explicó el Departamento de Estado. Agregó que tras asumir en sus puestos los nuevos jueces “socavaron el proceso democrático o instituciones” al aprobar una controvertida interpretación de la constitución que autoriza la reelección del presidente a pesar de una expresa prohibición de la cata magna a dos mandatos consecutivos.
En su cuenta de Twitter el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó las medidas estadounidenses y dijo que la lista “no tiene NADA que ver con ‘corrupción’, sino que es pura política e injerencia de la más bajera”.
Bukele se mostró extrañado porque la lista no incluyera a opositores de su país ni a funcionarios de Honduras.
Sobre la fiscal general guatemalteca Porras, el gobierno estadounidense dijo que interfirió en investigaciones criminales, obstruyendo así pesquisas de hechos de corrupción. Ese patrón, señaló, incluyó órdenes a fiscales del Ministerio Público para que ignoraran casos basados ??en consideraciones políticas.
Asimismo, socavó activamente las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), incluso despidiendo a su fiscal principal Juan Francisco Sandoval y también trasladando y despidiendo a fiscales que investigan la corrupción, indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos, que le había pedido a Porras acciones para frenar la corrupción, le retiró el apoyo económico en julio luego de que destituyera a Sandoval, el fiscal especial premiado a nivel nacional e internacional por su lucha contra la impunidad y la corrupción y que tuvo que huir del país por temor sobre su seguridad.
Entre las investigaciones de la FECI estaba una contra el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) quien tuvo que renunciar al cargo.
Porras también habría bloqueado al menos dos investigaciones por corrupción que la FECI inició contra el actual presidente Alejandro Giammattei, incluso sancionando administrativamente a investigadores de la fiscalía por haber solicitado información sobre el mandatario.
En el caso de Pineda también obstruyó investigaciones sobre corrupción, inclusive alertando a personas que eran investigadas, dijo Blinken.
El Ministerio Público de Guatemala no efectuó declaraciones de manera inmediata. El gobierno del presidente Giammattei, quien ha dicho en varias ocasiones que Porras es su amiga, no ha respondido las solicitudes de información.
Sandoval, el exfiscal que ahora está exiliado en Estados Unidos, dijo que la acción del Departamento de Estado era previsible “tomando en consideración las ilegalidades que ha cometido Consuelo Porras, no sólo con respecto a la situación personal mía sino la gravedad de la afectación de la institucionalidad del Ministerio Público y del país”.