La Fiscalía chilena abrió una investigación por el violento ataque a migrantes venezolanos indocumentados, cuyas precarias pertenencias fueron quemadas el sábado en la ciudad de Iquique (norte) por un grupo de manifestantes, en un hecho que fue condenado por UNICEF y ACNUR.
La fiscalía anunció la investigación un día después de la manifestación que congregó a unas 3.000 personas que, con banderas chilenas y carteles con lemas antimigración, protestaban en contra en la creciente llegada de migrantes a la ciudad.
En medio de gritos xenófobos, un grupo quemó las pertenencias de migrantes que acampaban en las calles de Iquique y que la Policía evitó fueran golpeados por la turba.
La fiscal Jócelyn Pacheco de la ciudad de Iquique instruyó a la Policía de Investigaciones que investigue los hechos ocurridos «que terminaron con la quema de pertenencias de familias migrantes», indicó este domingo un mensaje en la cuenta de Twitter de la Fiscalía de la región de Tarapacá.
Pacheco también «dispuso medidas de protección para las víctimas», unos 16 migrantes, entre ellos niños y ancianos, que tuvieron que huir con lo poco que lograron rescatar y pernoctar en calles y playas de Iquique.
«Ayer me sentí muy asustada, con tanta xenofobia, los niños lloraban y me decían ‘mamá vamos a escondernos, a escondernos’. Nos gritaron algunos de los manifestantes mandándonos a nuestro país, pero la policía trancó las calles para protegernos», contó a la AFP Jenny, una mujer de 34 años, rodeada de sus cinco hijos, un nieto, un yerno y su consuegra. Están juntando dinero para ir a Santiago, casi 2.000 km al sur.
En tanto, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó en su cuenta de Twitter que su gobierno repudia «la xenofobia y agresiones contra migrantes venezolanos y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y sicológica de nuestros connacionales» y anunció la activación de un plan para repatriarlos.
La violenta protesta en Iquique ocurrió luego de que, el viernes, la Policía desalojara una plaza donde acampaban familias de migrantes con niños, en medio de la creciente crisis migratoria en la zona.
Miles de venezolanos indocumentados cruzan la frontera entre Bolivia y Chile por pasos no habilitados en el inhóspito Altiplano, poniendo en riesgo sus vidas. Unos 11 migrantes han muerto en esta ruta en el último año.
– Condena a la violencia –
Los hechos ocurridos en Iquique fueron condenados por organismos como La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, quien calificó el incidente como una «Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables».
Por su parte, Unicef manifestó «su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país».
En tanto, 24 organizaciones de ayuda a migrantes, de derechos humanos y la Asociación Venezolana en Chile repudiaron los ataques y pidieron al gobierno soluciones reales a la problemática migratoria en el norte chileno, como el acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas; atención de salud, alimentos y el inicio de procesos de regularización para los migrantes.
– Falta «una política humanitaria» –
Algunas personas que participaron de la manifestación se acercaron luego a los venezolanos afectados para pedirles disculpas y ayudarlos con dinero, ropa, comida y carpas. «Nos dijeron que nunca buscaron atacar a los venezolanos», sostuvo Daniel, un venezolano de 25 años, acompañado de otros migrantes.
«Han venido a decirnos que ellos apoyaron la marcha para que el gobierno chileno nos encuentre refugio o nos ayude para no dormir en las calles», aseveró otro.
El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, manifestó su desacuerdo con la violenta protesta. No obstante, «vamos a seguir con los desalojos en todos los espacios públicos que se requieran» y también «con el plan de expulsiones» de migrantes indocumentados que lleva a cabo el gobierno chileno, aclaró.
«Este maltrato a los migrantes ocurre ante la falta de una política humanitaria por parte del gobierno que ha preferido las expulsiones y detenciones. Esta xenofobia ha sido alentada porque enfrentamos la situación con una mirada económica y no humanitaria», dijo a la AFP Claudio González, secretario ejecutivo de la Fundación Social de las Iglesias Cristianas (Fasic).
Los migrantes intentan llegar en su mayoría a Santiago. Pero los más pobres carecen de recursos para costear un viaje hasta la capital chilena y han tenido que quedarse en Iquique u otras ciudades del norte del país, acampando en las calles en precarias condiciones.
Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos suman 23.673 hasta julio, casi 7.000 más que en todo el año pasado, según el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) del mes de septiembre.