El jefe del Partido Comunista de China (PCCh) en la controvertida región autónoma de Xinjiang, Chen Quanguo, sancionado por Estados Unidos, dejará su cargo y se espera que sea ascendido a mayores responsabilidades de cara al congreso que la formación política celebrará en 2022.
Chen, de 66 años, es el funcionario de mayor edad dentro de la lista de altos funcionarios chinos sancionados el año pasado por Washington a causa de supuestas vulneraciones de los derechos humanos de la etnia musulmana uigur y otras minorías en Xinjiang, recoge hoy el diario independiente South China Morning Post.
El dirigente, que estaba al frente del PCCh en Xinjiang desde 2016 y antes ocupó el mismo cargo en el territorio del Tíbet, es también uno de los 66 miembros del poderoso Buró Político del partido gobernante.
Según la agencia oficial de noticias Xinhua, Chen será promovido a otro cargo y sustituido por el actual gobernador de la provincia de Guangdong, Ma Xingrui, de 62 años y uno de los científicos más prominentes de China en el campo aeroespacial.
EE.UU. impuso sanciones a Chen en 2020 «en relación con serios abusos contra los derechos de las minorías étnicas» en la región autónoma, que incluirían detenciones arbitrarias masivas, trabajos forzados y el empleo de violencia física «severa» contra los uigures y otras minorías musulmanas.
Pekín, mientras tanto, niega tajantemente estas acusaciones y defiende que su política en Xinjiang busca combatir el extremismo y las amenazas terroristas en la región.
El movimiento, sin embargo, «no puede entenderse como una respuesta a la presión internacional» y no supone que China vaya a cambiar sus políticas en ese territorio, consideró el analista político Wu Qiang, citado por el SCMP.
«La presión existe, pero lo que ha hecho Pekín es lo contrario, porque Chen probablemente será ascendido y el modelo de gobernanza de Xinjiang podría ser aplicado en cualquier otro lugar del país», opinó Wu.
Mientras tanto, la llegada del gobernador de Guangdong buscaría enfrentar las sanciones sobre los productos procedentes de Xinjiang impuestas por los bloques occidentales en los últimos tiempos y apuntalar la economía de la zona, dijo por su parte el profesor de la Universidad de Shenzen Song Xiaozhuang.
La última de ellas fue impuesta en forma de ley esta semana por Washington, que ha prohibido todas las importaciones procedentes de Xinjiang en respuesta al supuesto empleo de trabajo forzoso.
La experiencia de Ma podría «ayudar al desarrollo económico de Xinjiang y también a encarar las acusaciones extranjeras de mano de obra forzosa», aseveró el académico, quien recordó que la provincia de la que llega el nuevo funcionario es una de las locomotoras económicas del país.
El cambio, en cualquier caso, llega en medio de los preparativos del congreso del PCCh, en el que será desvelada la composición de un nuevo Buró Político, el órgano con más poder del país asiático.
En los últimos años, han surgido denuncias por parte de algunos uigures que viven en el extranjero sobre su situación y la de otras minorías musulmanas en la región.
El pasado mes de marzo, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, entre otros, ya anunciaron sanciones contra varios funcionarios chinos por supuestos abusos contra los derechos humanos en Xinjiang también denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW).
Las ONG también han denunciado que en Xinjiang los musulmanes no pueden practicar su fe con libertad.
Las restricciones a la hora de informar sobre esta región son múltiples y los periodistas extranjeros que viajan de manera independiente a Xinjiang son sometidos a vigilancia e intimidación continua, recoge en su último informe el Club de Corresponsales Extranjeros de China.