Human Rights Watch publicó el jueves un reporte exigiendo que Estados Unidos y otros países dejen de deportar haitianos a su país de origen, algo que describió como “inconcebible”, y advirtió que están poniendo en peligro la vida de la gente.
Más de 25.700 personas han sido deportadas a Haití entre enero de 2021 y febrero de 2022. El 79% fueron expulsados de Estados Unidos, según la Organización Internacional para las Migraciones.
“Los haitianos y sus hijos, muchos nacidos en el extranjero, regresan a un país sumido en el caos”, dijo César Muñoz, investigador para América de Human Rights Watch, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York.
La inestabilidad en Haití se agravó de forma considerable en el último año con una combinación de inflación, secuestros y auge de la violencia, mientras el país trata de recuperarse del asesinato el 7 de julio del presidente, Jovenel Moïse, y de un sismo de magnitud 7,2 a mediados de agosto, que mató a más de 2.200 personas y destruyó decenas de miles de viviendas. Los empleos se han vuelto aún más escasos en un país de 11 millones de personas, donde el 60% de la población gana menos de dos dólares al día.
Además, las pandillas han ganado poder ante la inestabilidad política y los reportes de secuestros han subido un 180%, mientras que los homicidios han aumentado un 17% en el último año, según un reporte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se estima que 19.000 personas han perdido sus hogares debido a la violencia de las pandillas y muchos siguen viviendo en refugios temporales en condiciones extremadamente antihigiénicas.
“Ahora Puerto Príncipe es un infierno”, dijo Cassandra Petit, de 39 años y con dos hijos. Su pareja fue asesinada el año pasado cuando volvía a la casa de la que habían huido por la violencia de las pandillas para recuperar ropa y las mochilas escolares de sus hijos. “Nunca volvió”.
Ahora ella se aleja con el primo de su expareja y trata de ganar algo de dinero vendiendo ropa de segunda mano, pero “no todos los días haces una venta”.
“Cuando vuelvo, no sé qué cenarán los niños”, dijo. “Empiezo a llorar antes de llegar a la casa”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) informó hace poco de que unos 4,5 millones de personas en todo Haití requieren asistencia urgente por una grave falta de comida.
Muñoz dijo que nadie debería deportar gente a Haití en esas circunstancias.
“Es inconcebible que cualquier gobierno envíe gente a Haití mientras experimenta semejante deterioro de la seguridad y un riesgo agravado para la seguridad y la integridad física de todo el mundo”, dijo.
También condenó una ley estadounidense de salud pública conocida como Título 42, aplicada durante el mandato del expresidente Donald Trump y que el gobierno de Joe Biden ha utilizado para expulsar con rapidez a ciudadanos haitianos y enviarlos de vuelta a su país, impidiéndoles pedir asilo en Estados Unidos. La mayoría de los migrantes haitianos detenidos en los últimos meses en la frontera entre México y Estados Unidos en Texas han sido deportados según esa ley.
Muñoz añadió que no hay ningún sistema activo en Haití para seguir la pista o ayudar a los deportados, y que miembros de la sociedad civil han dicho a Human Rights Watch que los deportados corren peligro de ser secuestrados porque las pandillas creen que tienen dinero para viajar o parientes en el extranjero que pueden pagar rescates.
La llegada de miles de deportados aumenta la presión sobre unos recursos ya limitados en Haití. Muchos dejaron el país hace años, huyendo de una crisis económica que se agravó tras un terremoto de magnitud 7,0 en 2010 que mató a unas 300.000 personas. Muchos vivieron en países como Chile y Brasil antes de intentar llegar a Estados Unidos cuando la pandemia hizo desaparecer sus empleos.
Una de los que intentaban sobrevivir en la precaria situación en Haití era Jertha Marie-Paul, de 61 años, que vivió casi medio siglo en la comunidad de Martissant, Puerto Príncipe -ahora convertida en escenario de guerras de pandillas- antes de que la violencia descontrolada dividiera a su familia y la obligara a mudarse. Ahora se aloja en casa de una amiga, donde duerme en una esquina en una fina colchoneta de espuma.
“Vivo en condiciones en las que no había vivido en mi vida”, dijo, añadiendo que incluso tiene que comprar cubos de agua por 10 gurdes (nueve centavos de dólar) porque las cañerías no funcionan. “Nada es fácil aquí”.