SANTO DOMINGO. En promedio, el 72 % de los privados de libertad en la República Dominicana entre 1999 y 2017 estaban en la cárcel sin condena, muy por encima de la media regional de 44 % para ese periodo.
De una lista de 24 países, República Dominicana compartía el tercer porcentaje más alto con Bolivia, y por encima de ambos países estuvieron Paraguay con 78 % y Haití con 79 % (el promedio más alto).
Los datos los divulga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe publicado recientemente titulado “Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos”.
En el reporte se destaca que, aunque en la última década la región ha introducido importantes reformas penales para acelerar los procedimientos y agilizar los juicios que, en la mayoría de los casos, ha generado una tendencia a la baja, en términos relativos, el número de personas privadas de la libertad sin condena sigue siendo elevado.
Al 31 de agosto de 2018 el 60.3 % de los 26,286 internos en las cárceles del país eran preventivos y el resto condenados, según publica la Procuraduría General de la República en su página web.
El informe del BID explica que la prisión preventiva se aplica para mitigar tres riesgos potenciales del imputado: daño a la comunidad (peligrosidad), interferencia en una investigación o fuga. “Lamentablemente, la mayoría de los jueces de América Latina utiliza un criterio subjetivo para interpretar estos tres riesgos”, se observa en el documento.
Agrega: “Los altos niveles de impunidad y de prisión preventiva están relacionados con la baja capacidad de aprehender y procesar a los infractores (investigación efectiva), así como de juzgar y sancionar a los procesados (juicio efectivo)”.
Para el informe se comparó el perfil de cada país y se observó que naciones como Argentina y Jamaica concentran más su gasto en la policía, mientras que Brasil y la República Dominicana lo focalizan más en la Justicia.
Cuando analizan el peso de cada tipo de gasto en el total y su relación con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, los analistas del informe destacan que cuanto más desarrollado es un país, mayor parece ser la proporción de lo que gasta en prisiones (y en otros rubros), en comparación con la policía y la Justicia.
Infieren que lo anterior puede deberse en parte a que en países de ingreso per cápita más bajo, las tasas de delincuencia tienden a ser más altas, y se prioriza el gasto en policía por encima de otros. A su vez, es posible que los países desarrollados gasten más en prisiones porque están más sometidos a la presión ciudadana para garantizar los derechos básicos de los privados de libertad.
“Para lograr un gasto más inteligente en servicios de justicia penal, la región necesita que la cárcel y las sentencias más severas se reserven para los criminales más peligrosos, y que existan sanciones alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y los delitos de bajo impacto”, destaca el reporte.
Sin embargo, desde el BID se cuestiona que la región se mueva en la dirección opuesta pues entre 2002 y 2014, se duplicó la población penitenciaria de la región (17 países): pasó de casi 600,000 a 1.2 millones, con una tasa de crecimiento anual del 8 %.
“Si la población penitenciaria continúa aumentando a las tasas actuales, hacia 2030 la región llegaría a tener casi 3.4 millones de personas privadas de la libertad, y un gasto público adicional de por lo menos US$13,000 millones más que el gasto en prisiones de 2014”, estima el BID.
En el reporte se sugiere que reducir la prisión preventiva injustificada es una manera de mejorar la calidad del gasto público en seguridad ciudadana. Se cita como los más beneficiados los encarcelados injustificadamente, tanto culpables pero sin mérito de prisión preventiva, como los que son inocentes. “Sin embargo, el gasto público también se beneficiaría al ahorrarse el costo de mantener a estas personas en prisión”, agrega.
