La Fuerza del Pueblo manifestó ayer su oposición a las pretensiones del gobierno de Danilo Medina de vender al sector privado el 49 % de las acciones, propiedad del Estado dominicano, de la planta de Punta Catalina al precio de US$304.78 millones.
Indicó que ese mecanismo de ingeniería contable y financiera no garantiza los mejores intereses del pueblo dominicano, propietario absoluto de estos activos.
Señaló que la transacción anunciada que contempla la venta de acciones este proyecto, construido por el consorcio Odebrecht, Technimont y Estrella, “parte de premisas incorrectas presentadas con fines políticos y particulares por el Ministerio de Hacienda”.
“Es nuestra obligación como organización política responsable y vigilante indelegable de la transparencia en relación al destino de los bienes públicos, desentrañar las interioridades de este burdo engaño”, precisó la entidad política en nota de prensa. Agregó que “ese no es, ni remotamente, el monto total de los recursos aportados por el estado dominicano en relación a este escandaloso proyecto”.
Explicó que en efecto, “el valor en libros de US$2,372.9 millones no recoge el pasivo contingente de los US$708 millones reclamados por el consorcio liderado por Odebrecht como sobrecostos incurridos en la ejecución de la obra y que se encuentran en un proceso arbitral en una corte de Nueva York, y obligó a especializar un fondo contingente de US$336 millones para terminación de la obra”.
FP señaló que es altamente probable que dicho litigio sea fallado en contra del Estado dominicano, en su totalidad o una porción significativa, ya que estos sobrecostos, que alteraron el precio de la obra, solo podían ser aprobados por la Vicepresidencia Ejecutiva de CDEEE, de acuerdo al artículo 9.1.5 del Contrato de Ingeniería y Procura (EPC, No.101/14) aprobado por el Congreso Nacional y por el poder especial número 57-14 del presidente Danilo Medina.
Dicho artículo establece que: “Cualquier variación que implique el aumento del precio del contrato o la extensión de su plazo de ejecución, tendrá que ser sometida para su aprobación ante la Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporación”.
PRIVADO
Financiar.
Denunciaron que la operación de venta que se pretende realizar se hace más cuestionable, cuando bajo argucias financieras se busca financiar a 30 años al sector privado una planta rentable.
Transparencia.
La FP denuncia la falta de transparencia y rigurosidad técnico-profesional que ha acompañado este proyecto.