El exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar, y otros seis imputados por el caso de la venta irregular de terrenos en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, siguen en prisión hasta tanto se complete el pago de la garantía económica en efectivo y el trámite del grillete electrónico a través de la compañía autorizada.
Ayer jueves la secretaria general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional informó que la resolución que ordenaba la libertad de los imputados no había salido y que se espera que esté lista a partir del próximo lunes. Con la puesta en libertad de estos siete imputados, ya no quedarán involucrados en este caso guardando prisión.
Se recuerda que la Tercera Sala de la Corte de Apelación varió la medida de coerción a prisión domiciliaria al exdirector de Corde, Leoncio Almánzar, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista de Titulatec; y Carlos Gómez, accionista de la entidad comercial Infepa.
Igualmente, fueron favorecidos Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario; Julio César Gómez, accionista de la entidad comercial Infepa; y Juana Inés Gómez, principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI.
Conforme a la decisión del tribunal, que además declaró el caso complejo, Almánzar, de Pool Dominici y Carlos Gómez, quienes están presos en la cárcel de Najayo, deberán usar un grillete y depositar 10 millones de pesos en efectivo en la cuenta de la Procuraduría en el Banco Agrícola.
Mientras, Aybar Ferrando, Julio Gómez y Juana Inés Gómez, deberán pagar cinco millones de pesos en la cuenta de la Procuraduría en el Banco Agrícola, y Domingo Gerardo Lebrón de los Santos deberá colocar tres millones de pesos en la referida cuenta.
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ANTECEDENTE
En torno al caso, se recuerda que el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas dictó prisión preventiva en contra de los siete imputados y apoderó al Tercer Juzgado de Instrucción para llevar el control del proceso, cuya próxima audiencia fue fijada para el 25 de octubre. El tribunal ordenó la libertad de los imputados Rosabel Castillo, registradora nacional de Títulos; Irving Cruz, ex consultor jurídico del CORDE, y los agrimensores Ana Antonio Ozuna y Hadonis Ruíz Mella, a quienes impuso el pago de 500 mil pesos mediante contrato, impedimento salida del país y presentación. periódica.