República Dominicana no registró atropellos o censura a la libertad de prensa durante los últimos seis meses, según el informe rendido por la Sociedad Interamericana de Prensa en su 79 Asamblea General.
“Se ha percibido desde el gobierno una mayor apertura frente a las solicitudes de ciudadanos y medios de comunicación para acceder a información pública, al amparo de la ley vigente desde 2004”, señala el informe.
También destaca que en el semestre anterior se habían denunciado dilaciones por parte de organismos públicos, pero la Dirección de Ética y Transparencia del gobierno advirtió que aplicaría sanciones presupuestarias a quienes la incumplieran.
A continuación compartimos el informe completo:
No se registraron atropellos o censura a la libertad de prensa en este período, lo que afianza una tendencia favorable para el ejercicio del periodismo. Tampoco se registraron iniciativas legales que amenacen la libertad de prensa.
Se ha percibido desde el gobierno una mayor apertura frente a las solicitudes de ciudadanos y medios de comunicación para acceder a información pública, al amparo de la ley vigente desde 2004. En el semestre anterior se habían denunciado dilaciones por parte de organismos públicos, pero la Comisión de Ética y Transparencia del gobierno advirtió que aplicaría sanciones presupuestarias a quienes la incumplieran.
El presidente Luis Abinader dispuso una comparecencia pública semanal, iniciativa establecida para favorecer el escrutinio de la prensa y la ciudadanía, y mantuvo la apertura ante la prensa desde que asumió hace tres años,
Una comisión especial dignada por Abinader y compuesta por periodistas, juristas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Sociedad Dominicana de Diarios, redactó un anteproyecto de ley que garantiza la libertad de expresión, el cual será presentado ante el Congreso este año.
La iniciativa data de julio de 2022, luego de que el Poder Ejecutivo, ante las críticas de la prensa, retirara del Congreso dos proyectos que afectaban la libertad de prensa con mayores penalizaciones por difamación e injuria. El actual anteproyecto contempla despenalizar la difamación y regular la difusión de noticias falsas en las redes sociales.