Tanto o más daño que el de la corrupción y la impunidad -que florecieron en las dos décadas perdidas que fueron los 5 gobiernos del binomio PLD-FUPU- causó el secuestro de instituciones estatales que debieron estar siempre al servicio de todos.
Uno de esos secuestros se dio con la Junta Central Electoral (JCE) que, por requisitos constitucionales y por su condición de árbitro de los torneos electorales en los que se decide la toma del poder por las diferentes opciones políticas, debe ser estar libre del partidismo político.
En los gobiernos PLD-FUPU la JCE estuvo bajo control y al servicio del partido de esos funcionarios que investiga y persigue hoy la justicia por casos de corrupción, y que al decir del doctor Vincho Castillo “están y seguirán estando” en el banquillo de los acusados.
En buena parte de los 20 años de gobierno del PLD la directiva y la estructura burocrática de la JCE permaneció bajo la jefatura de altos dirigentes peledeístas, siendo los más notorios para este caso el señor Roberto Rosario, su presidente, quien ejerciera a su entera y politizada discreción las funciones de presidente del organismo.
Rosario fue destacada figura del peledeísmo antes de entrar a la JCE, durante su presidencia en el organismo electoral y desde que salió de ella pasó a integrar el Comité Central peledeísta, hoy del fupusismo.
Otra figura importante del peledeísmo en la JCE fue la señora Ruth Lizardo, influyente dirigenta del PLD, colocada como directora de Recursos Humanos, lo que permitió a ese partido reclutar y designar a las personas que integraban todo el tren burocrático, técnico y administrativo de la entidad.
El control omnímodo que tuvo el PLD sobre la JCE le permitió manejar a su conveniencia todo el curso de la organización y el flujo de emisión y escrutinio de los votos que concluían en los resultados de las elecciones.
Acostumbrados a ser ley, batuta y Constitución en la JCE, hoy se resisten a aceptar una directiva que no está a su servicio, aunque de ningún otro partido, sólo al servicio de lo que dicta la normativa y el mandato constitucional que la obliga a organizar elecciones libres, justas, transparentes y objetivas, sin la influencia de “la mano larga” que en su tiempo denunciaba el licenciado Hatuey Decamps.
Hoy, cuando la JCE refuerza la legitimidad, el orden y el espíritu democrático e institucional con que se deben establecer límites los partidos, por ejemplo a las reservas de alianzas de candidaturas, que son igual para todos, el tándem PLD-FUPU, y sus alicates y bocinas, alegan que para ellos lo igual es desventaja.
El tratamiento es igual para todos, pero a ellos no les cuadra, porque se acostumbraron a jugar con trampa, a actuar con la sumisión de funcionarios que a todos los niveles de la JCE eran nombrados y dirigidos por ellos.
Ahora hablan de crisis electoral, vuelven a insinuar crisis de gobernabilidad, que como se denunciara financian y atizan tras bastidores.
Hoy, por sus actuaciones institucionales y por su equilibrio democrático, la JCE ha sabido ganarse el respeto de la sociedad.
El PLD y la FUPU montan una ofensiva acusando a la JCE de actuar con parcialidad política y en favor del partido de gobierno.
Ya antes acusaron al ministerio Público de persecución política, y ya hemos visto a sus dirigentes imputados por corrupción devolviendo dinero sustraído al estado, admitiendo su culpabilidad en los delitos que se le atribuyen y delatándose unos con otros.
Asisten al derrumbe del castillo de naipes marcados con que impusieron el juego que les permitió ejercer 20 años de desgobierno en base a trampas y engaños.
Ni la JCE ni la sociedad deben dejarse chantajear por quienes, ya se demostró en sus guerritas contra el ministerio Público independiente, no son tan fieros leones como se pintan.