Y ahora qué hago con mis tres muchachos. A qué escuela los voy a mandar.
Sin casa y sin saber a dónde vamos”. Ese clamor es de Caridad Santos, madre de 6 hijos, desalojada del barrio Los Guandules el pasado viernes.
Me conmovió y entristeció su lamento acompañado del llanto impotente. Los empleados de la Unidad Ejecutora para la Reubicación de la Barquita y Entorno (URBE), justificaban su acción. Ni le miraron el rostro, tal vez ni la oyeron.
Según ellos, tenían una orden para sacar a 19 familias que no estaban cuando se realizó el censo de las áreas que serían sacados para dar paso a lo que se ha denominado el Nuevo Domingo Savio. Ese alegato lo rebatieron Lourdes Morillo, Danilo Ramírez, Caridad Santos. Afirman que residen allí desde hace 10, 35 y 38 años. No se oponen a salir, solo piden un trato humano y la garantía de un techo donde seguir viviendo. Les destruyeron las humildes viviendas y sus ajuares se los llevaron para un depósito de Bienes Nacionales que, según dicen, ni les han dicho dónde está ubicado.
Me entristece la cantidad de niños que este lunes no estarán en un aula. No por un paro de la ADP, que es casi normal, sino porque sus padres andan hoy “como el ave sin nido”. Eso no les garantiza una escuela. Ahí, en Los Guandules, el ministro de Educación, Andrés Navarro, hace solo unos 10 días, abrió una sala digital. La educación se transforma, avanza, gracias al esfuerzo de las autoridades.
Estas familias quieren que sus hijos se aprovechen de ella. La acción del viernes debió pensar en esos pequeños que no tuvieron culpa de nacer en esa zona vulnerable y que hoy ven tronchada su formación. Les acompaña la incertidumbre.
No estamos en contra del plan de recuperación de URBE. Es algo por lo que muchos dominicanos hemos abogado.
Claro, lo primero es que nunca debió permitirse ninguna construcción en el área, pero ya que la decisión está tomada, se debe actuar con respeto al ciudadano y con una planificación que le garantice a esas familias un techo seguro en un lugar donde tengan los servicios básicos y, particularmente, una escuela para la formación de sus hijos. Se debe además proporcionar ayuda psicológica para evitar crisis familiares y personales en el futuro. Hay que evitar que a la decena de estudiantes fuera de aulas por los IMPRUDENTES e INJUSTOS paros convocados por la ADP, se sumen las ausencias de las aulas de los hijos de estas familias desalojadas de las riberas del Ozama y el Isabela.
Aunque el desalojo no es responsabilidad del Ministerio de Educación, acudimos a Andrés Navarro y a otras entidades a las que les duela la formación de nuestros jóvenes, para que, junto a los representantes de URBE, busquen una salida URGENTE a esta problemática, de lo contrario, el mal podría ser mucho más grave y la medicina llegar tarde al paciente. Bastante crecida está la inseguridad en este país y los estudios la atribuyen, en gran medida, a los cientos de jóvenes sin formación docente que hogares disfuncionales han dejado en las calles. Que la recuperación del barrio, para hermosearlo y hacerlo vivible, no se lleve consigo la escuela, en donde, madres como Caridad Santos, desean educar a sus hijos.