La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) ha recibido “múltiples informaciones” de algunos de sus miembros que confirman una “baja importante” en la asistencia de la mano de obra haitiana en proyectos de construcción en Bávaro.

La reducción se ha dado tiempo después de haber entrado en vigencia la jornada masiva de repatriación que anunció el presidente Luis Abinader, para reducir el exceso de “población migrante” que han percibido las autoridades en las comunidades locales.

La respuesta de Acoprovi llegó días después del reportaje que publicó Listín Diario el pasado miércoles 9: “Obras en Bávaro están en riesgo por repatriaciones de haitianos”, que expone como las detenciones de haitianos han afectado al sector, así como las perspectivas de los ingenieros y los propios obreros.

Las construcciones en curso, según ingenieros consultados por este diario, se han ralentizado por esa situación. Además, las compañías constructoras a veces no logran cubrir el déficit de la mano obra haitiana con dominicana.

“Existe una realidad innegable de que, en la mayor parte de los países, los inmigrantes son los que realizan las labores rudimentarias de la construcción. Dichas labores no son preferencia de los dominicanos, así como sucede con los nacionales en la mayor parte de los países”, afirmó Acoprovi.

No hay sustitutos

Desde una edificación en proceso en Bávaro, un supervisor de estructura explicó a este periódico que la situación se ha dificultado porque no hay quien sustituya la fuerza laboral de los haitianos.

A juicio del supervisor, al obrero dominicano “no le gusta trabajar”, ni “venir a estos lugares a coger sol”. Además, hay un factor económico que influye en todo esto: la mano de obra dominicana es más costosa frente a la haitiana, y una de las principales razones es el traslado y el alojamiento.

“Reconocemos la importancia de que la mano de obra haitiana ocupada en las labores rudimentarias de la construcción, por falta de preferencia e interés de los dominicanos, se encuentre regularizada, por lo que el operativo de repatriación de haitianos es una excelente oportunidad para identificar el personal migrante trabajador que cumple con las condiciones para tener permisos de trabajo, y así facilitar la formalización de los trabajadores necesarios para dichas labores rudimentarias”, respondió el gremio.

Efectos negativos

Acoprovi señaló que con redadas migratorias “desordenadas”, que no permita la escalonada nacionalización de mano de obra en la construcción, al no respetar la preferencia del dominicano sobre labores específicas dentro de la construcción, solo lograría la paralización de las obras y la imposibilidad de cumplir a tiempo la entrega de los proyectos.

“Es decir, un efecto negativo en el sector construcción de viviendas que afecta a los mismos compradores dominicanos, ya que, a su vez, tendría efectos económicos irreversibles en los costos financieros de los proyectos, aumentando consecuentemente el precio de la vivienda”, explicó.

El gremio estimó que el número de trabajadores demandados por el sector construcción en Bávaro fue de unos 111,238 obreros haitianos, en 2023. La cifra se tomó de un estudio de migración y mercado de trabajo en el país por el economista Antonio Ciriaco Cruz.

Cifras oficiales establecen que solo en Bávaro, una región turística en la que habita una gran cantidad de migrantes indocumentados que trabajan como obreros en proyectos inmobiliarios, Migración había detenido en una semana, o sea, desde el jueves 3 de este mes hasta el jueves 10, a unos 814 haitianos y 37 haitianas en distintos operativos, para un total de 851, según datos oficiales del ente migratorio.

Se informó de “más presión” en las calles del Hoyo de Friusa, una zona de Bávaro donde los haitianos tienen una alta presencia.

Los operativos

Con el aumento de las redadas migratorias, el Gobierno superó la meta de repatriación en su primera semana: al menos 11,177 haitianos en situación irregular fueron deportados a Haití desde el jueves 3, cuando comenzó el operativo, hasta el jueves 10.

Haití en alerta

También se dijo que Haití “estaba en alerta”, tras anuncio del gobierno dominicano de deportar 10,000 indocumentados por semana.

También a los propietarios de motocicletas le tocará su parte en la ley de modernización fiscal propuesta por el Gobierno, debido a que en vez de los RD$500 que deben pagan por una placa junto al derecho de importación, deberán pagar RD$1,200 anual, como se paga el marbete vehicular.

En la propuesta de reforma, en su artículo 63, que trata sobre el impuesto anual por el año de fabricación de vehículos de motor, se indica que las motocicletas pagarán US$1,200 anual, ajustado a la tasa de inflación del Banco Central.

En la actualidad, en el país la mayoría de motocicletas circula sin placas, a pesar de que componen la mayor cantidad de vehículos en circulación. Y, no pagan derecho de circulación anual, sino que se le cobra al importador como primera placa y dependiendo del cilindraje del vehículo de dos ruedas.

De hecho, del total de 5,810,888 unidades del parque vehicular de 2023 registrados en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) 3,282,018 son motocicletas.

El aumento del precio de la placa, como derecho de circulación de un motor implica un aumento de 140%, respecto a los RD$500 que valdría ahora, además de que el propietario deberá hacer el pago cada año.

Según la DGII, el 55.1% de los propietarios de motocicletas son hombres y el 40.9% mujeres.

En Impuestos Internos solo aparece el pago de RD$100 por renovación de ese tipo de placas.

En la propuesta de fiscal, el Gobierno busca captar más de RD$122,000 millones, equivalentes a un 1.5% del producto interno bruto (PIB), por lo que se observan nuevas figuras impositivas, ampliación de la base de impuestos, y eliminación de exenciones fiscales.

Además del nuevo impuesto a los motores, también se gravarán los negocios de bancas de lotería y de apuestas.

En el artículo 68 de la propuesta de ley, se establece un impuesto selectivo al consumo de16% sobre las ventas o ingresos brutos de las bancas de lotería y de las bancas de apuestas deportivas, el cual será recaudado mensualmente por la DGII.

Regularización

Hace años, la administración tributaria ha intentado regularizar la circulación de motores. Las motocicletas solo están gravadas con el impuesto de importación como primera placa y se ha intentado pasar ese cobro para regularlas, igual como se hace con los otros vehículos.

Este Gobierno, a través del Intrant también ha intentado aplicar un nuevo plan, conocido como el Programa Especial de Regulación del Registro y Emisión de Placas de Motocicletas, que forma parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, en busca de la regularización del registro y placas de cientos de miles de motocicletas en todo el país.

Sepa más

Programa de regularización

Plan

El programa iniciaría con la entrega de las nuevas chapas y la instalación de radiofrecuencias para lecturas a distancia de los datos de las de motocicletas.

Registros

Luego continuaría con los registros y renovación y el cambio de las placas temporales que llevan la letra N por placas definitivas con la letra K. Y, la colocación de un adhesivo con radiofrecuencia para la identificación a distancia.

Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 7 de octubre de 2024, el gobierno dominicano ha recibido un financiamiento bruto que asciende a la suma de US$20,443.5 millones.

Según fuentes oficiales, de esta cifra, se han destinado US$6,199.7 millones al pago de deudas anteriores, lo que resulta en un financiamiento neto de US$14,243.8 millones, no de US$45 mil como había denunciado la oposición. Este monto refleja el real endeudamiento del período analizado y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la deuda pública en el país.

Además, el gobierno destaca que el nivel de deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) ha experimentado una ligera disminución. En junio de 2020, el dato más preciso indicaba que la deuda representaba el 48.9% del PIB. En contraste, en agosto de 2024, este porcentaje se sitúa en un 46.3% del PIB estimado. Este descenso sugiere que, a pesar del aumento en el financiamiento, el gobierno ha logrado contener el crecimiento de la deuda en relación con el tamaño de la economía.

Se recuerda que la oposición acusó al presidente Luis Abinader de endeudar al país de manera «abusiva e irresponsable».

A junio de 2024, la cantidad de personas que recibían algún tipo de ingreso recurrente mensual del Estado alcanzó los 5.2 millones, lo que representa 48.5% de la población dominicana, según un análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).

Estas personas dependientes del Estado se dividen en tres grupos: los empleados públicos, los pensionados y los miembros de hogares beneficiarios de programas de transferencias, como Aliméntate.
“Este patrón de crecimiento de los dependientes de los recursos públicos ha sido una tendencia sostenida desde 2009”, dice el CREES, cuyo vicepresidente ejecutivo es Miguel Collado Di Franco.

De acuerdo con los números vistos por el centro de pensamiento y análisis, en ese año, el porcentaje de la población dependiente de recursos públicos era del 33.6%, cifra que ha ido aumentando con el tiempo hasta alcanzar el 48.5% en junio de 2024.

“Este crecimiento no solo refleja la expansión de los programas sociales y del empleo público, sino también un cambio estructural en la economía del país, donde una porción significativa de la población depende directamente del Estado para su subsistencia”, apunta el CREES.

Este incremento constante en el número de personas que dependen del Estado coincide con diversas políticas públicas implementadas en respuesta a los efectos de la pandemia de covid-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia, que provocaron una expansión de los programas de asistencia social.

A esto se suma el crecimiento sostenido del empleo público. Según los datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) el empleo público ha pasado de 633,628 en 2021 a 733,824 en julio de 2024, contribuyendo al aumento estructural del número de dependientes antes mencionado.

El desafío planteado

A medida que la economía dominicana sigue enfrentando retos globales, la creciente dependencia del Estado plantea un desafío importante para la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Eso plantea el análisis realizado por el Crees. Agrega que las medidas anunciadas para controlar el gasto público, como el congelamiento de la nómina del sector público anunciado el 16 de septiembre de 2024, buscan poner freno a esta expansión.

Sin embargo, sigue siendo necesario un enfoque integral que priorice la creación de empleos productivos en el sector privado, para reducir la carga sobre los recursos públicos y fomentar la independencia económica de la población. En adición el incremento de impuestos anunciado el pasado 7 de octubre podría suponer no solo un incremento en el monto asignado para los subsidios sociales sino también en el número de beneficiarios de estos.

Una idea del año 2009 traducida en aportes

El Crees es y surgió como una respuesta a la necesidad que tiene la sociedad dominicana de procurar políticas que propendan a un desarrollo económico sostenible en un clima de libertades individuales.

La entidad surgió como una idea en el año 2009 de un grupo de dominicanos preocupados por lo superficial del debate y del conocimiento que tiene la colectividad, sobre los aspectos que hacen girar la economía local y regional.