SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) ordenó al Gobierno paralizar la ejecución de planes de apoyo social o comunitario extraordinarios a cargo de las instituciones de la administración pública central y las entidades públicas autónomas y descentralizados.

El órgano de elecciones emitió un comunicado colgado en sus redes sociales en el que recordó que, de acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica de RégimenElectoral, también está prohibido, hasta concluidas las elecciones del 19 de mayo, el otorgamiento de bonos económicos por parte de estas instituciones.

Además, la entrega de tarjetas y beneficios especiales en favor de personas bajo cualquier modalidad, y el otorgamiento de pensiones por parte de dichas instituciones.

Otras prohibiciones incluyen, el aumento de la nómina en el Gobierno central y las entidades públicas autónomas y descentralizadas.

Asimismo, la publicidad de las instituciones de la administración pública central y las entidades publicas autónomas, descentralizados y las alcaldías, que contengan elementos que promuevan directa o indirectamente a candidatos que estén compitiendo en los niveles de elección que se disputarán en las elecciones.

La JCE remachó de que también se prohíbe cualquier tipo de propaganda política que esté colocada en edificios de instituciones públicas.

Las presentes medidas tienen como propósito, garantizar la equidad en la contienda electoral y procurar que todos los candidatos puedan contar con iguales condiciones de competición, finalizó el comunicado de la JCE.

SANTO DOMINGO.– Tal como había prometido, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, remitió a los medios de comunicación un  listado de pensiones estatales que, a su juicio, han sido otorgadas al margen de la transparencia, la integridad administrativa y la Ley 379-81.

A través de un comunicado de prensa, Martínez expresó que la legislación establece criterios claros para la jubilación con pensiones vitalicias del Estado, destinadas a servidores públicos bajo condiciones específicas de servicio y edad, o personas con condiciones de discapacidad física severa.   “También están las pensiones especiales, que deben ampararse en leyes específicas, cuando se trate de personas que no hayan desempeñado una función pública, como es el caso de atletas”, señaló.

LAS PENSIONES OTORGADAS

En ese sentido, redireccionó el análisis a varios decretos que evidencian distorsiones graves en la asignación de gratificaciones, así como un documento que refleja que, de 25,540 otorgadas, una notable minoría cumple con el proceso reglamentario.

El listado revela cómo, en varios decretos presidenciales, más de la mitad de las pensiones fueron asignadas con criterios políticos y no conforme a lo indicado en la ley.

AUMENTO DESORBITANTE

Martínez asegura que, en medio de una situación financiera delicada, este aumento exorbitante compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas y limita severamente la capacidad del Estado para invertir en áreas críticas como educación, salud e infraestructura.

Indicó que, “siempre seré defensor de las personas de trabajo que hayan alcanzado la edad estipulada para ser pensionados, o que resulten inhabilitados por complicaciones de salud u otras causas»-

«Por eso, la sociedad en pleno debe exigir la publicación del total de más de 60,000 pensiones entregadas por el Estado en los últimos cuatro años”, subrayó.

Redacción ALMOMENTO.net