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martes, noviembre 26, 2024
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Manifestantes van a las calles contra el Consejo señalado por el Caricom

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Varias decenas de activistas se manifestaron este martes frente a la embajada de Canadá en Puerto Príncipe para denunciar el Consejo Presidencial de 9 miembros que va a tomar el relevo del primer ministro haitiano, Ariel Henry, que prometió renunciar a su cargo para tratar de estabilizar Haití.

Durante la protesta frente a la embajada de Canadá, uno de los actores claves en la política haitiana junto con Estados Unidos y Francia, los manifestantes con pancartas levantaron barricadas en llamas en las calzadas.

La manifestación tuvo lugar pocas horas después de que Ariel Henry anunciara en un mensaje a la nación que dimitiría una vez que se hubiera constituido el Consejo Presidencial para elegir un nuevo primer ministro interino.

Esta decisión fue adoptada el lunes en una reunión extraordinaria en Jamaica de la Comunidad del Caribe (Caricom), que contó con representantes de otros socios internacionales, entre ellos los propios Canadá, EEUU y Francia, así como de la ONU.

Composición del Consejo

El consejo presidencial de transición para Haití, tras cuya formación Ariel Henry dimitirá como primer ministro, estará compuesto por nueve miembros (siete de pleno derecho y dos observadores), tal como se acordó en la reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) con actores haitianos y socios internacionales, además e la ONU.

Los siete miembros principales serán designados por las entidades Colectivo del 30 de Enero, Acuerdo de Montana, Acuerdo del 21 de diciembre, EDE/RED y Compromiso Político, Partido Pitit Dessalines, Fanmi Lavalas y el Sector Empresarial Privado, mientras que Rassemblement pour une Entente Nationale et Souveraine (Agrupación por un Entendimiento Nacional y Soberano, REN) y la Diáspora estarán representados como observadores.

Estas son las claves de los principales actores y formaciones políticas, que representan a gran parte de los diferentes sectores de la vida nacional:

Colectivo del 30 de Enero

Reúne a los firmantes de la declaración del 30 de enero de 2023 para intentar superar la crisis: el Partido Haïtien Tèt Kale (PHTK, en el poder desde 2011), la Unión Nacional por la Integridad y la Reconciliación (UNIR-Haïti), el Movimiento Patriótico Popular Dessalinien (Mopod), la Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana (Lapeh), el partido del expresidente René Préval, la Organización del Pueblo en Lucha (OPL) y el partido Grand Rassemblement pour l’Evolution d’Haïti (GREH). Se trata de una mezcla de formaciones políticas que en su día estuvieron entre la espada y la pared, especialmente durante el mandato del asesinado presidente Jovenel Moise (2017-2021).

Acuerdo de Montana

Firmado el 30 de agosto de 2021 por movimientos civiles y agrupaciones políticas para allanar el camino a una solución haitiana a la profunda crisis multisectorial que vive el país desde julio de 2018. Fue firmado por 431 actores de la sociedad civil, 106 organizaciones de base, 326 personas y 86 partidos o polos políticos. El Acuerdo de Montana dio lugar a una votación no oficial el 30 de enero de 2022 por parte de los miembros parlamentarios del Acuerdo. Mediante sufragio indirecto, eligieron a un presidente provisional para dirigir un periodo de transición.

Acuerdo del 21 de diciembre

Firmado el 21 de diciembre de 2022 entre el primer ministro y representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y miembros del sector privado. Denominado ‘Consenso Nacional para una Transición Inclusiva y unas Elecciones Transparentes’ fue publicado por el jefe del Gobierno, Ariel Henry, en el boletín oficial ‘Le Moniteur’ el 3 de enero de 2023.

EDE/RED y Compromiso Político y aliados

Alianza entre el partido político del ex primer ministro Claude Joseph (Les Engagés pour le Développement, EDE, Comprometidos con el Desarrollo) y la plataforma Resistencia Democrática (RED) y los miembros de la coalición histórica y sus aliados, que incluyen a unos cuarenta partidos políticos y movimientos como Ayiti An Aksyon (AAA), dirigido por el exsenador Youry Latortue, y el Rassemblement des Démocrates Progressistes (Agrupación de Demócratas Progresistas, RDNP), del que forma parte Mirlande Manigat, miembro del Alto Consejo de la Transición.

Fanmi Lavalas

Es el partido liderado por el expresidente Jean Bertrand Aristide, el político más popular de Haití, que es su representante nacional con mandato vitalicio y derecho a designar a los candidatos de la formación. Desde al menos finales de la década de 1990, esta fuerza ha participado activamente en la vida política del país, al que ha dado dos presidentes y decenas de senadores y diputados. Es uno de los partidos más poderosos de Haití.

Partido Pitit Dessalines (PPPD, Descendientes de Dessalines)

Formación surgida en febrero de 2017 y liderada por el exsenador Jean Charles Moïse. Políticamente de izquierdas, este partido se declara abierto a todos aquellos que “comparten hasta el final el ideal de Dessalines” (Jean-Jacques Dessalines es el padre de la independencia de Haití). Mantiene vínculos con el movimiento izquierdista del expresidente Aristide.

Sector Empresarial Privado

Integrado por personalidades, organizaciones y asociaciones del sector empresarial, como la Asociación Turística de Haití (ATH), la Asociación de Industrias de Haití (ADIH) y las Cámaras de Comercio e Industria, entre ellas la Cámara de Comercio Occidental (CCIO) y la Cámara de Comercio Americana (AmCham – Haití).

Rassemblement pour une Entente Nationale et Souveraine (Agrupación por un Entendimiento Nacional y Soberano, REN) y la Diáspora de haitianos en el extranjero

Actuarán como observadores en el consejo presidencial de transición.

Agencia EFE

Centro retención de vehículos tiene meses de retraso

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La última información a la que tuvo acceso el Listín Diario, con respecto a los avances de entrega del centro de retención vehicular construido en el Distrito Municipal de La Cuaba, en Pedro Brand, aseguraba que serían concluidos los trabajos, y por tanto se daría paso a su inauguración en diciembre de 2023.

Los detalles fueron ofrecidos por Ramón Manuel Torres Imbert, uno de los ingenieros encargados de la obra en ese momento, sin embargo, avanzados los primeros tres meses del año 2024, es cuando empiezan a distinguirse las distintas especificaciones del diseño de las obras.

A simple vista, en el lugar se puede observar a un extenso grupo de hombres, de distintas compañías, según lo dicho por ellos mismos, en las labores de eficientizar un enorme sistema de drenaje pluvial, soldaduras de hierro, movimientos y medición de tierra, pulido de metales y terminación de la construcción de un bloque que, al parecer, respondería al apartado administrativo.

No obstante, lo que prevalece en imagen son los grandes cúmulos de tierra, entre los que sobresale un rectángulo en cuya planicie máquinas pesadas alisan material de asfalto. Hay bloques de concreto, varillas de construcción, tinacos y otros elementos necesarios ubicados en el área en la que, debido a prohibiciones del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), los obreros se niegan a hablar.

Objetivo

Cuando Hugo Beras era director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), quien se encuentra en una licencia autoimpuesta, se propuso la construcción del nuevo canódromo al que serían llevados los vehículos fiscalizados por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

La idea central, era, y continúa siendo, que el proyecto reemplazará al viejo depósito de vehículos y motocicletas ubicado en la Avenida Monumental, conocido como “Canódromo El Coco”, que en más de una ocasión han referido que se encuentra lleno, e incluso, ya no recibe vehículos y su terreno fue vendido.

Según lo que se ha dicho, para recepción de vehículos en La Cuaba habrían disponibles 112 metros cuadrados, hacia donde serían llevadas miles de unidades de motocicletas, carros y jeepetas que sean abandonadas por los infractores de la Ley de Tránsito u otras personas con asuntos legales sin resolver.

Respecto a los que permanecen en El Coco, Beras había montado en su momento una persecución a los dueños con llamadas y presión a través de los medios de comunicación sobre una supuestamente cercana subasta a la que serían sometidos sus autos, y los que permanecieran, serán convertidos en chatarra, para luego ser vendidos.

El centro, con una inversión de más de 500 millones de pesos, está próximo a la autopista Duarte, La Cuaba, en el municipio Pedro Brand.

Los precursores han señalado que el lugar no funcionará como un “depósito de chatarra”, sino tendrá un edificio administrativo, un taller de mecánica para la Digesett, un edificio para la Policía, para mantenimiento y mecánica, entre otros.

Cinco imputados del caso Medusa admiten culpabilidad

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El ministerio público solicitó al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, condenar a tres años de reclusión suspendida a cuatro implicados en el caso Medusa, quienes admitieron en el tribunal los hechos que se le imputan.

Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó al juez Amauri Martínez que la condena a los imputados sea bajo la modalidad suspendida.

Entre los imputados que admitieron los hechos en el tribunal y que el ministerio público pidió que fueran condenados se encuentran Carlos Augusto Guzmán Oliver, Francisco Arturo Santos Gómez, Daniel Enrique Vásquez Feliz, Francisco Alberto Vásquez.

Igualmente, el ministerio público solicitó al tribunal que las empresas que presentaron fueran condenadas cada una a más de 700 mil pesos, ordenando el decomiso a favor del Estado Dominicano de las acciones de la entidad comercial, ordenando la cancelación de su registro mercantil.

Dos imputados en el caso Medusa, admitieron su culpabilidad en los hechos que le atribuye el Ministerio Público de formar parte del entramado de corrupción que presuntamente lideró el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Dos imputados en el caso Medusa, admitieron su culpabilidad en los hechos que le atribuye el Ministerio Público de formar parte del entramado de corrupción que presuntamente lideró el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Pidió al tribunal que los imputados tienen que cumplir durante el periodo de suspensión residir en un lugar determinado, abstenerse de viajar al extranjero sin permiso de la autoridad judicial competente, abstenerse de porte de armas de fuego y de abuso de bebida alcohólica o sustancia narcóticas, realizar horas de trabajo comunitario y la obligación de presentarse mensualmente al juez.

La procuradora de Corte dijo que en el acuerdo arribado con el imputado Guzmán Oliver y su empresa la razón social Herraje Rachel, SRL aceptan pagar en forma de multas a favor del Estado Dominicano la suma de más de 700 mil pesos y reconocen la condición de víctimas y persona directamente ofendida de los representantes del Estado Dominicano.

Otro también admite culpabilidad

Mirna Ortiz, dijo que igualmente, el imputado César Nicolás Rizik Pimentel, se declaró culpable ante el juez que conoce el juicio preliminar en contra de los encartados en el caso Medusa, cuyo principal implicado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez.

Manifestó que en cuanto a este imputado el Pepca acogerá su testimonio y dará por conocidas sus declaraciones, que será debatido en el juicio y que como el imputado admite los hechos y solicita que sea enviado a juicio de fondo, el juez podría dictar auto de apertura a juicio.

En la audiencia, Rizik Pimentel declaró ante el juez que colaborará con el Ministerio Público para poder llevar paz y tranquilidad a él y a su familia. «Estamos en posición de contribuir y colaborar con lo que fuese necesario con el propósito de que no solamente yo, sino toda mi familia”.

Sostuvo el imputado que en el 2016 participó en el proceso de licitación y le darían el contrato si accedía a dar un porcentaje de lo ganado y que en ese momento les proponen y les ordenan dar un porcentaje a cambio de ser beneficiada su empresa.

El Ministerio Público acusa al imputado de realizar junto a otros dos, a través de la Distribuidora Ropi SRL y la colaboración del señor José Alberto Abbott Brugal, como «prestanombre», obtener dos contratos para los alimentos de las cárceles, por los que la PGR pagó la suma de RD$131,019,966.84.

Por otra parte, Alfredo Mirambeaux Villalona y Mártires Rosario Reyes, dos de los acusados de formar parte de borrar y alterar registros de antecedentes penales de 16,958 personas, fracasaron ayer en su intento de obtener su libertad, mediante el conocimiento de recursos de apelación en contra de la decisión que lo envía a prisión preventiva.

Los acusados acudieron ante la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en busca de la variación de la medida de coerción, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por ambos imputados.

Mirambeaux Villalona se desempeñaba como encargado de la base de datos de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras que Rosario Reyes, se desempeñaba como soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría.

De acuerdo con el Ministerio Público, el procesado participó en la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas. Esta red la desmanteló la Operación Gavilán, a principios del mes de agosto.

En el caso figuran además como imputados Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Domingo Julio Santana Sánchez, Rubén Darío Morbán Santana.

También Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes y Antony Vicente Ferrer Monegro y Romanqui Alexander Dotel Medina.

El grupo fue sometido a la justicia por los delitos que figuran en los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

Así como también, por la violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Y por el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.

Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.

Con la eliminación de antecedentes penales que ejecutó esta red criminal, se beneficiaron sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol. Otros por secuestro. Esta estructura llegó al extremo de que personas recluidas, con condenas de hasta 30 años de prisión, figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

Ramón Cruz Benzán

Pastor sugiere instituir el Día del Motorista

Preocupado por las altas cifras de motociclistas involucrados en accidentes de tránsito, el pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostal la Luz y director de Relaciones Públicas del Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos (CONACOPE), Tomás Gómez Bueno, sugiere que en el país se establezca el Día Nacional del Motorista.

El asesor de Relaciones Públicas de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), hace la propuesta con el interés de que ese día sea dedicado a la educación y consciencia y que los motociclistas forjen su propia protección.

En un artículo remitido a Listín Diario, el pastor Gómez Bueno señala que en el país poco se ha teorizado sobre lo que significa para los dominicanos tener una motocicleta y que es necesario que se haga un acercamiento a los motociclistas, para conocer sus motivos, impulsos y sus condiciones sociales y emocionales.

“Al motorista sólo podemos ayudarlo a ser rescatado desde el mismo asiento de su motor. Por eso propongo que celebremos el Día del Motorista, que recojamos su historia, que reconstruyamos su sicología social, que lo humanicemos, que lo llevemos a reflexionar sobre sí mismos”, señala.

Ese día, explica, podría ser aprovechado para lanzar mensajes que promuevan su cuidado; orar en las iglesias y predicar sermones para que todos los ciudadanos observen más y mejor las reglas de tránsito.

Además, celebrar y hacer reconocimientos en las instancias que tienen que ver con educación del conductor de motocicleta; distribuir materiales educativos especiales en las tiendas de ventas de motocicletas.

Sugiere actividades

Como actividades a realizar ese día, propone también que los motoristas organizados puedan programar caravanas y marchas reafirmando su compromiso social con mejores prácticas de conducción, recorriendo las calles, con letreros y pancartas, comprometiéndose con una mayor moderación y cuidado al conducir.

“Un día en el que se llevan ofrendas florales a las tumbas de los motoristas caídos, un día en se haga mención de los reclamos de los motoconchistas por mejores condiciones de trabajo, mayor protección y apoyo oficial y cuidados”, señala.

Sugiere además, destacar testimonios en los medios de comunicación de conductores que se han comprometido con un cambio de comportamiento en el manejo de sus motos, así como comprometer asociaciones, clubes, juntas de vecinos en educación para una mejor conducción de los motociclistas.

También, dar charlas en las escuelas y colegios sobre conducir con prudencia y a la defensiva en una motocicleta; estimular a la organización y la regularización de los motoconchistas.

“Puede ser un día que desde nuestros vehículos saludemos con afabilidad y alegría a los motociclistas y les dejemos ver el lado amigable y dulce de transitar por las calles”, señala el pastor Gómez Bueno.

Más de 400 mil accidentados llenaron hospitales en tres años

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Los hospitales públicos del país atendieron 401,432 pacientes lesionados por accidentes de tránsito en sus áreas de emergencias durante los últimos tres años.

Los hospitales Darío Contreras, de Santo Domingo; Antonio Musa, de San Pedro de Macorís; Juan Pablo Pina, de San Cristóbal y San Vicente de Paul, en San Francisco de Macorís, fueron los que mayor cantidad de casos recibieron.

En el 2021 el número de lesionados por accidentes de tránsito atendidos en las emergencias de los hospitales de la red pública fue de 144,309 pacientes; en el 2022 fue de 135,933 traumatizados en accidentes de tránsito.

En tanto, en el año 2023 fueron 121,190 los pacientes atendidos en hospitales de la red pública que llegaron a sus áreas de emergencias con lesiones y traumas frutos de accidentes de tránsito.

Así se detalla en los registros de distribución de atenciones a pacientes con lesiones por accidentes de tránsito en el área de emergencia durante los años 2021, 2022 y 2023, del Servicio Nacional de Salud (SNS).

En los mismos no se especifica el costo económico que encierra ese tipo atención médica, porque son datos que maneja cada hospital, aunque directores de hospitales de traumatología han advertido sobre la alta inversión que implica recuperar a un paciente traumatizado, que puede superar el millón de pesos, dependiendo de la severidad del caso.

De acuerdo a los registros de servicios del SNS durante esos tres años el hospital Darío Contreras ofreció un total de 84,832 atenciones a lesionados por accidentes de tránsito y el Antonio Musa a 62,203 pacientes.

Asimismo, el hospital Juan Pablo Pina ofreció en su emergencia 22,530 atenciones a pacientes víctimas de accidentes de tránsito y el Vicente de Paúl, 17,160 atenciones.

A esos centros, les siguen en cantidad y frecuencia, los hospitales José María Cabral y Báez, de Santiago, con un acumulado de 15,451 atenciones; el Arístides Fiallo Cabral, de La Romana, con 15,431 y La Altagracia de Alta Especialidad, en la Altagracia, con 14,058 atenciones.

Sobre el tema llamó la atención recientemente la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT) al advertir que la gran mayoría de los motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito no llevan cascos protector y pidió a los nuevos alcaldes elegidos trabajar en prevención de accidentes de tránsito, ya que se estima que, de cada 100 muertes por accidentes de tránsito, unas 70 involucran motocicletas.

El doctor César Roque, director del hospital Darío Contreras, reveló que un promedio de entre 180 y 220 pacientes atiende diariamente en su servicio de emergencia dicho centro siendo el 72% por ciento de ellos personas que se transitaban en motocicletas al momento de lesionarse y el resto se divide entre traumas diversos y riñas.

Dijo que del total de pacientes que llegan a la emergencia, el hospital se ve obligado a ingresar entre 20 y 30 pacientes diarios, lo que asegura implica una gran inversión económica, ya que cada paciente le sale al Estado por unos 300 mil pesos y si el paciente requiere de cuidados intensivos fácilmente consume el millón de pesos.

Explicó que eso se eleva mucho más cuando el paciente requiere atención maxilofacial, de los cuales el hospital recibe entre 25 y 40 pacientes diarios, cuyos implantes superan los 300 mil pesos.

120 motociclistas diarios

Mientras, el doctor Julio Landrón, director del hospital Traumatológico Ney Arias Lora, reveló que más del 86% de los pacientes que llegan a su emergencia es por accidentes de tránsito, y más del 80% de éstos, son personas que se transportan en motocicletas, transitando la mayoría sin casco protector, independientemente que pertenezcan a alguna institución importante del país o que sean “delivery” de empresas reconocidas.

Explica que en la emergencia del hospital Ney Arias Lora llegan diariamente entre 175 y 200 pacientes accidentados y de estos más del 60% son de motocicletas, cifras que se elevan a 250 y 300 pacientes diarios los fines semanas y días feriados.

Es especialista en traumatología detalló que el costo de atender a un paciente con una fractura en uno de los huesos largos producto de un accidente de tránsito oscila entre 200 mil y 250 mil pesos y que si tiene traumas vertebro medulares, craneales o fracturas múltiples importantes, que requiere de cuidados intensivos, son pacientes que cuestan al sistema entre 600 y 700 mil pesos diarios.

Doris Pantaleón

Haití vive en la incertidumbre sin un gobierno

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La dimisión de Ariel Henry como primer ministro de Haití puso fin este lunes a días de presión para que cediera el poder, tanto de sus socios internacionales como de las pandillas que asolan el país. Pero con su marcha, ¿qué futuro próximo le espera a la empobrecida nación caribeña?

¿Quién va a dirigir Haití?

Henry indicó en la madrugada del martes que aceptaba “la instauración de un consejo presidencial de transición”. El gobierno actual tramitará los asuntos corrientes hasta el nombramiento de un nuevo primer ministro y de un ejecutivo, precisó.

La autoridad de transición estará compuesta por siete miembros con derecho a voto, explicó el lunes por la noche Irfaan Ali, el presidente de Guyana y líder temporal de la Comunidad del Caribe (Caricom), tras una reunión internacional urgente sobre la crisis en Haití.

Sus integrantes representarán a las mayores fuerzas políticas: el colectivo del 21 de diciembre, del primer ministro saliente; la coalición EDE/RED, cercana al presidente asesinado Jovenel Moïse; el centroizquierdista Fanmi Lavalas, del exmandatario Jean-Bertrand Aristide; el Acuerdo Montana, un grupo que propuso un gobierno interino tras el magnicidio de Moïse, y el izquierdista Pitit Desalin.

Ninguno de los miembros podrá haber sido acusado o condenado en cualquier jurisdicción, ni tampoco estar sancionado por la ONU o pretender presentarse a las próximas elecciones en el país.

Estados Unidos con prisa

Según el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, el nuevo consejo de transición, que nombrará a un primer ministro interino antes de que se celebren comicios generales, debe formarse “en un plazo de 24 a 48 horas”.

El país lleva sin presidente ni Parlamento desde 2021, cuando Moïse fue asesinado, y no ha celebrado elecciones desde 2016. Además, ha enfrentado fuertes protestas en las últimas semanas.

¿Qué esperar del nuevo consejo?

Para Gédéon Léon, fundador de la oenegé haitiana Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), la creación de esa autoridad “no es la solución política ideal (…), pero permite agrupar a las grandes tendencias y presenta un enfoque bastante más inclusivo”.

Una opinión compartida por Keith Mines, exdiplomático y vicepresidente del programa para América Latina del Instituto Estadounidense de Paz.

La transición es “realmente un paso enorme e inesperado y, francamente, si no hubiera sido por la crisis de seguridad, probablemente no se habría producido”, dice el experto, según el cual los haitianos llevaban mucho tiempo buscando un gobierno más representativo y transparente.

Ahora falta por ver si los partidos podrán aparcar sus numerosos desencuentros de los últimos años para “trabajar por el interés nacional”, señala, por su parte, Ivan Briscoe, director del Programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group.

También habrá que esperar a la reacción de las pandillas armadas para ver si dejan trabajar a las nuevas autoridades, explica.

“Por ahora, no podemos decir que se haya producido ningún cambio fundamental en el país, sólo estamos asistiendo a un cambio político”, asegura Briscoe. “Pero la realidad sobre el terreno sigue siendo que las bandas dominan prácticamente todo”.

¿Qué legitimidad tendrá esta autoridad?

Briscoe apunta a un claro obstáculo para el nuevo gobierno: la mala imagen de los políticos en el país.

“El sistema político y los partidos en su conjunto están desacreditados en Haití”, asegura. “Así que la simple creación de un gobierno a partir de ellos no va a cambiar el déficit de legitimidad, al que Henry y Moïse ya se enfrentaron”.

“Hasta el momento no se ve el surgimiento de nuevas figuras políticas”, opina Léon, que alerta sobre un vacío que podrían ocupar las bandas criminales.

“En mi opinión, en la situación política actual, las bandas se han convertido en una fuerza”, dice el experto haitiano. “Tenemos que tener cuidado de que sus acciones criminales -violaciones, masacres y graves abusos contra los derechos humanos- no queden legitimadas”.

Agencia AFP

TONY BENGOA SE DESTACA EN SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD POLÍTICA EN EL SECTOR CEPIN.

Dajabon.
El candidato a Diputado por el partido Revolucionario Moderno (PRM) Tony Bengoa, acompañó al candidato a Senador de la misma organización política Ney Rodríguez.; junto a una batería de dirigentes a una de las actividades más emblemáticas desarrolladas en dicho sector.

No es la.primera vez que Bengoa llena las expertativas en encuentros no solo políticos, sino también deportivo, culturales y sociales.

Con el lema Luis Abinader 4 años más dirigentes como Ramón Pérez, Tejada, Mercedes Rodríguez (Nana), Lohendy Bejaran, Kelvin Tejada, Estefany Hernández, entre otros. fueron parte de los que asistieron para darse un baño de pueblo en la parte alta de este municipio fronterizo.

 

PROCEDEN A LIMPIAR CANAL DE ESTE MUNICIPIO DE DAJABON Y PROMETEN CONTINUAR CON LOS DEMAS.

Miguel Rosario, en calidad de Inspector Ayuntamiento de Dajabon, de manera honorífica; Expresó que se está procediendo a la limpieza del canal ubicado en la calle Nilo G. Blanco, con Dulce de Jesús S. del sector Brooklyn, atendiendo una solicitud hecha por el Alcalde Santiago Riveron Arias.

Además enfatizó que se mantendrá el mantenimiento a dicho canal de manera semanal, para que no se tape nuevamente.

«Da pena que en otras gestiones municipales, se permitió construir encima de este y otros carnalitos y ahora se dificulta bastante el mantenimiento de los mismos» expresó Rosario al momento de ser abordado.

Hizo un llamado a los que transitan y hacen vida social en este entorno, a qué colaboren con la limpieza y no lancen desperdicios y así evitar no solo el congestionamiento del canalito, sino también futuras enfermedades.

El ex candidato a Regidor dijo que no solo este canal se beneficiará de este mantenimiento, sino los demás que se encuentren en las mismas condiciones.

 

Uso de pirotecnias para carnaval de Salcedo no tenía autorización

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Diecinueve personas afectadas, once de ellas en estado de gravedad, dentro de los cuales hay ocho niños, fue el saldo tras el incidente en el carnaval de Salcedo, donde no se contaba con los permisos y autorizaciones de lugar para lanzar las pirotecnias.

Así lo confirmó el presidente de la Unión Carnavalesca de Salcedo (Ucasal), Carlos José Reynoso, y la alcaldesa del municipio, María Mercedes Ortiz.

Mientras Juan Carlos Abreu, presidente del grupo carnavalesco Los Toros, en cuya cueva se registró el siniestro, admitió que tenía conocimiento de que los fuegos artificiales estaban ahí.

Reynoso y Ortiz coincidieron también en que no se tenía un protocolo establecido para situaciones como esta, ya que en 30 años de desarrollo de la actividad cultural, nunca había ocurrido nada similar.

Elvis Santos fue quien supuestamente compró los fuegos artificiales y los colocó en una caja dentro de la cueva de la comparsa, con el conocimiento de Juan Carlos Abreu, presidente del grupo.

Hasta ahora, se especula que las altas temperaturas provocaron la explosión, no obstante, las autoridades no han confirmado esta versión.

La Ucasal se reunió con los presidentes de cada grupo antes del desfile, y según explica su presidente, en ningún momento se contempló lanzar fuegos artificiales.

“Antes de llegar el día del evento, nosotros nos reunimos con todos los presidentes de los grupos, para prevenir y evitar cosas que puedan suceder, pero cuando ellos llegan a sus cuevas, llegan con todos sus disfraces, nosotros tenemos que estar acordonando toda el área del carnaval, esperando que ellos hagan sus salidas”, indicó.

“Entonces ya nosotros no tenemos control de eso. Es imposible, no tenemos ese control de estar yendo a todas las cuevas, porque son muchos grupos”, estableció Reynoso.

Hasta el momento no hay nadie detenido, y las investigaciones se mantienen en la fase preliminar, de acuerdo a la magistrada Zoila Rodríguez, fiscal titular de esta localidad.

Lo que dice la ley

Sin embargo, la Ley 340-09 para el Control y la Regulación de los Productos Pirotécnicos, establece penas de hasta seis años de reclusión a quienes violen esta legislación.

En su artículo 19, la ley indica que “se prohíbe la producción o fabricación, importación, comercialización, transporte, venta, manipulación y uso de toda clase de artículos pirotécnicos y globos en cuya elevación se utilicen dispositivos alimentados por fuego, sin la previa autorización de la Secretaría de Estado de Interior y Policía”.

El artículo 23 dice que la sanción a las “personas morales que importen, fabriquen, comercialicen, transporten, usen, suministren, administren o entreguen productos pirotécnicos, sin los permisos de la Secretaría de Estado de Interior y Policía (Ministerio), son sancionadas con multas de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos oficial, vigente al momento de cometer la infracción y la incautación de la mercancía”.

Mientras que las personas físicas que importen, fabriquen, comercialicen, transporten, usen, suministren, administren o entreguen productos pirotécnicos, sin los permisos, según el artículo 24, serán sancionadas con multas de 15 a 45 salarios mínimos; la incautación de la mercancía, y penas de seis meses a dos años de prisión.

A los reincidentes serán sancionados con el doble de la pena y los permisos serán revocados.

En tanto que en el artículo 20, establece que solo pueden ser vendidos “las mechas de uso deportivo y los artículos pirotécnicos que únicamente produzcan luces de colores o efectos sonoros en el aire, y cuya destinación sea solo para la manipulación o uso por parte de las empresas pirotécnicas autorizadas, conforme a las disposiciones establecidas por la presente ley”.

La ley puntualiza que los artículos pirotécnicos solo pueden ser vendidos a empresas de espectáculos que hayan obtenido el permiso para realizar exhibiciones públicas con estos artefactos y que está prohibida la venta al público.

El artículo 21 indica que “Se prohíbe la venta de productos pirotécnicos al público, la colocación de tarantines, mesas, locales o cualquier otro medio con estos productos y su uso en público por parte de personas físicas”.

Y clarifica que no se pueden usar en lugares techados ni en recintos deportivos.

La alcaldesa Ortiz indicó que esta lamentable situación tiene que llevar a todos a la reflexión, no solo en Salcedo sino a nivel nacional, porque hay previsiones que hasta que no pasan cosas como estas quizás no se contemplan.

“Este es un mensaje para que todos reflexionemos respecto a muchas cosas que debemos de hacer en la organización de un carnaval o de cualquier evento”, explicó.

Ashley Martínez

Abinader: “Nosotros no podemos hacer más” por Haití

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Desde inicios de este mes, la crisis sociopolítica que afecta a Haití ha tomado un giro más violento luego de que tubas armadas aprovecharan la salida del país del, hasta ahora, primer ministro Ariel Henry para tomar el control de Puerto Príncipe e impedir su retorno.

El asalto a varias de las principales cárceles para liberar presos, la toma de control de las principales instituciones del Estado y los múltiples enfrentamientos violentos entre civiles y policías han sido parte de las razones que han causado que personal diplomático de varios países se hayan marchado y que incidió para que se convocara una reunión de urgencia de la Comunidad del Caribe (Caricom) y Estados Unidos en Jamaica.

El Gobierno dominicano no fue parte de esa reunión del Caricom con el presidente Luis Abinader resaltando que cualquier decisión que se tomase en ese organismo debe de incluir el refuerzo del envío de tropas a esa nación ya que “Haití no puede esperar más”.

“Hace cinco semanas cuando dijimos (ante la ONU) que Haití estaba al borde del abismo se nos dijo tanto a nivel internacional como a nivel local que estábamos exagerando y, desgraciadamente la circunstancias y lo que está pasando, yo creo que nos quedamos cortos. Yo tengo desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse advirtiendo a la comunidad internacional, ya nosotros no podemos hacer más”, expresó el presidente al encabezar un encuentro con los medios de comunicación en el Palacio Nacional.

Abinader exclamó que mientras se espera una “solución de la comunidad internacional”, su deber es “proteger” el país y precisamente eso es que haciendo con sus acciones de Gobierno.

“A mí lo único que me toca y es lo que estoy haciendo es proteger a la República Dominicana y la estamos protegiendo y la vamos a seguir protegiendo y vamos a tomar las medidas que sean para protegerla más y si la comunidad internacional no actúa, nosotros vamos a seguir poniendo y seguir haciendo posiciones; que después no se quejen de las acciones que vamos a tener que hacer porque nuestra tarea es proteger la República Dominicana y así lo seguiremos haciendo”, indicó el mandatario.

Con relación a la información replicada por el LISTÍN DIARIO, y dada a conocer por el periódico estadounidense “El Nuevo Herald” señalando que diplomáticos dominicanos habrían negociado en secreto el ingreso al territorio nacional desde los Estados Unidos del primer ministro haitiano, Abinader indicó que desconoce de dónde “vienen esos rumores” y que el Gobierno informó “con exactitud” lo sucedido sobre el intento de Henry de ingresar al país para luego ir a Puerto Príncipe.

La pasada semana, el Poder Ejecutivo confirmó que el 4 y el 5 de marzo los gobiernos de Haití y Estados Unidos preguntaron si el primer ministro haitiano, Ariel Henry, podía aterrizar en el país con una “escala indefinida”.

El Presidente confirmó que se mantiene en conversación constante con el personal diplomático dominicano que se encuentra en el país y que no lo retira “debido a las condiciones especiales” pero que esté pendiente de cualquier persona que necesite ser retirado de Puerto Príncipe hacía la República Dominicana.

El pasado fin de semana, Abinader expresó su preocupación por la seguridad nacional en medio de la creciente crisis en Haití, asegurando que el primer ministro haitiano Ariel Henry no es bienvenido en el país por motivos de seguridad.

En una entrevista con el Financial Times, el mismo explicó que debido al contexto actual, no considera adecuada la presencia del primer ministro haitiano en República Dominicana, para salvaguardar la seguridad nacional.

Javier Flores