El diagnóstico de rabia humana al niño de cinco años ingresado en el hospital infantil Robert Reid Cabral que le transmitió la mordedura de un perro procedente de Pedernales, donde otros dos han muerto por la enfermedad, deja en evidencia que la rabia animal no está controlada en el país.

Este es el cuarto caso de la enfermedad que se detecta en el país este año, el primero fue una mujer de 54 años, de Santiago, quien murió a principio de año, luego de ser mordida por un hurón.

El menor está en coma inducido, mientras a la familia le dan apoyo psicológica para que puedan enfrentar la situación de salud de su pariente.

En el país se registran más de 4,000 agresiones de animales a personas al año, el 80% corresponde a perros, el 10% gatos y otro 10% de los mordiscos o rasguños lo provocan las mangostas o hurones, así como los murciélagos.

El director del Servicio de Atención a Personas Agredidas por Animales, Alejandro Guzmán, dijo que el promedio mensual de personas en busca de asistencia oscila entre los 600 y 700 al mes y que la mayoría proceden del Gran Santo Domingo y de localidades cercanas.

El servicio fue instalado después del cierre y descentralización del Centro Antirrábico Nacional que funcionaba en la avenida Duarte.

El exdirector del SNS, Nelson Rodríguez Monegro, informó en una ocasión que en el país se producen al año unas 20 mil agresiones de animales, lo cual explica la alta incidencia del virus de la rabia animal.

La debilidad en la vigilancia de la enfermedad de la rabia comienza en sus instalaciones, pues el lugar destinado al centro antirrábico carece de espacio, apenas dispone de dos oficinas, también les hace falta personal, vehículos, equipos técnicos, como computadoras e impresoras, importantes para la labor que hace.

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que reforzaron los centros de salud y la Dirección Provincial de Salud (DPS), en la provincia de Pedernales, a fin de contener el brote de rabia, tanto canina como humana.

Mientras tanto, la presidenta de la Sociedad de Infectología, Carmen Sarah Mota, se pregunta ¿cuántos casos de rabia más deben aparecer en Pedernales para que el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno tomen las medidas de lugar e intervengan la zona?

Explica que sin una medida de control adecuada, para tratar de detectar casos sospechosos no se puede prevenir de manera efectiva una enfermedad que cuando se instala su pronóstico es prácticamente 100% mortal.

“A pesar de que existe el protocolo de Milwakee, el cual utilizando sedación y otros medicamentos, todavía no ha podido sobrevivir el primer caso de rabia provocada por perros y los casos de Pedernales son precisamente rabia canina, una condición, que es más fácil prevenir que tratar, porque el tratamiento no garantiza la supervivencia y aún se considera la rabia canina como la más mortal”, señala la infectóloga.

En el 2008 en el país se inició la labor por un país libre de rabia canina y humana, con campañas de vacunación a perros y gatos y exhortando a las personas que tienen mascotas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 77 de la Ley General de Salud que hace obligatoria la vacunación de sus animales contra la rabia.

También evitar la proliferación de estos en las vías públicas.

La Suprema Corte de Justicia, por su naturaleza, fue la alta corte que acaparó la atención de la población durante el año 2018. No solo por sus sentencias sino también por las tensiones que generó el caso Odebrecht entre sus integrantes, así como por la creación del tan esperado reglamento para la realización de juicios disciplinarios a jueces y servidores judiciales.

Si bien es cierto que la mayor parte del 2018 los medios de comunicación dieron cobertura a lo que pasa en la Suprema, el Tribunal Constitucional evacuó la sentencia que muchos consideran fue determinante para que se convocara al Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir a cuatro de sus miembros, así como para evaluar a los de la Suprema Corte que ya cumplen el período por el que fueron electos. Declaró inadmisible el recurso de in constitucionalidad contra el artículo transitorio de la Constitución que inhabilita al presidente de la República, Danilo Medina, para optar por un nuevo período de gobierno.

Los jueces dijeron que lo referente a la reelección presidencial, es competencia de la Asamblea Nacional Revisora porque la Constitución no puede ser contraria a sí misma. Explicaron, además, que la Suprema, actuando como corte constitucional, estableció un precedente en ese sentido y que la ley Orgánica del TC describe que pueden ser impugnadas por la vía de acción directa de inconstitucionalidad, las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y ordenanzas, no así la Constitución.

Otra de las decisiones trascendentales, emitidas por el Constitucional este año, fue la ratificación de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que declaró que existía un monopolio en el sector transporte de carga que viola el derecho a la libre empresa, la libertad de tránsito y el trabajo. También invalidó la resolución de la Suprema Corte que obliga al uso de la fuerza pública para la ejecución de las sentencias que ordenen embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos y prohibió a la Procuraduría General de la República hacer constar en los certificados de No Antecedentes Penales que una persona tiene un proceso judicial abierto.

El depósito de la acusación contra los imputados por los US$92 millones en sobornos pagados por la Constructora Norberto Odebrecht caldeó los aires en la Suprema Corte y la Procuraduría General. Mariano Germán Mejía, presidente del Poder Judicial, dijo que mantener a Francisco Ortega como juez que determinará si envía o no a juicio de fondo a los ocho imputados por el caso, fue una decisión tomada por él sin consultar a nadie.

“Fui yo, sí, y yo no consulto antes de designar. Yo designo, punto”, respondió Mariano Germán Mejía, al cuestionársele si hubo inconvenientes durante la designación del magistrado.

Las recusaciones y oposiciones hechas a la permanencia de Ortega Polanco como juez de la Instrucción Especial, motivó que la directora de la Procuraduría General de la República, Laura Guerrero Pelletier, dijera que los imputados están buscando crear un caos y el descalabro judicial para tener jueces favorables a sus intereses. Esa declaración de prensa motivó a que la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema, Miriam Germán Brito, remitiera cartas al presidente, Mariano Germán, y al procurador, Jean Alain Rodríguez, expresando sus consideraciones respecto a lo que calificó como una falta de respeto del Ministerio Público a todos los magistrados que integran esa alta corte.

Aunque Germán Mejía dijo que las declaraciones de Laura Guerrero y Miriam Germán eran atrevidas porque él es la voz autorizada del Poder Judicial, Miriam mantuvo una actitud crítica frente a todas las recusaciones e inhibiciones planteadas a Ortega, a quien llegó a calificar, en un voto disidente, como juez parcial.

Con el voto disidente de dos de los cinco miembros de la Segunda Sala Penal, la Suprema Corte ratificó que Blas Peralta asesinó al exrector Mateo Aquino Febrillet, por lo que le mantuvo los 30 años de prisión que le impuso el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Esa decisión ha sido cuestionada por varios juristas y los abogados de Peralta, quienes anunciaron que recurrirán ante el Constitucional.

En el 2018, el Consejo del Poder Judicial dio respuesta a lo que fue un reclamo constante de los jueces y servidores judiciales al aprobar el reglamento de aplicación y procedimiento para los juicios disciplinarios que, entre otras cosas, establece la exclusión de la Procuraduría General de la República de dicho proceso administrativo.

A pesar de que los jueces de carrera y varias organizaciones de la sociedad civil volvieron a solicitar a Mariano Germán, presidente del Poder Judicial, convocar al pleno para sustituir a Frank Soto Sánchez del Consejo Nacional de la Magistratura por considerar que los magistrados de carrera no están representados en el CNM, dicho pedimento no fue acogido por el máximo representante de ese poder del Estado.