La Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) llevó a cabo la “Caminata por la Inclusión”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la cual encuentra al país con serias deficiencias en materia de inclusión y grandes retos por alcanzar.

“Solo en Santo Domingo conviven un total de 182,386 personas que se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que les impiden recibir educación, conseguir empleo, incluso estando cualificados, les frustran el derecho de obtener un adecuado servicio cuidado sanitario y de desplazarse con accesibilidad por las calles”, afirma el reverendo Augusto Sandino Sánchez, representante de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la entidad.

El miembro de la JDN destacó que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad con sus conocimientos, habilidades y talentos.

“Son ellos quienes sufren las tasas más altas de desempleo, en prácticamente todos los países, sin embargo los estudios demuestran que el rendimiento en el trabajo de las personas con discapacidad es igual o mayor que el de la población en general. Un alto índice de permanencia en el puesto de trabajo y un menor absentismo compensan con creces los temores de que es demasiado costoso atender las necesidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo”, puntualizó el ejecutivo.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo fomentar su integración en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades. Por tal motivo, la ADR, para continuar avanzando en su visibilidad y participación activa, impulsa iniciativas como éstas, dirigidas a sensibilizar y procurar mayores resultados en la inclusión social, educativa, laboral, así como motivar a la realización de proyectos que promuevan la autonomía, vida independiente, la accesibilidad y el transporte, que son tan necesarios para una inclusión plena.

A la actividad asistieron niños, adolescentes y jóvenes que pertenecen a los programas de Educación Especial de la Escuela Dr. Jordi Brossa, la cual tiene asiento en el Centro de Rehabilitación.

La ADR durante el período enero-octubre 2018, ha ofrecido más de 1,161,434 servicios y atenciones a 52,298 personas de nuevo ingreso, de todas las edades, para un incremento de casi un 20%. Se han facilitado 65,925 atenciones gratuitas a través de 314 operativos médicos y psicopedagógicos a nivel nacional, organizados por 33 centros de la Red en coordinación con centros de salud, escuelas y organizaciones comunitarias, nacionales e internacionales.

Como parte de la política de inclusión se han integrado al mercado laboral y productivo a 79 personas con discapacidad, 47 candidatos en empleos normalizados y 32 en unidades de negocios y productivas, por cuenta propia; cuando en el 2017 las colocaciones de todo el año fueron 77 (45 en empleos normalizados y 32 integraciones productivas).

“Se necesita más apoyo, mayor sensibilización, voluntad, coordinación interinstitucional y sectorial, para fomentar una cultura de inclusión, en las empresas, instituciones y en la sociedad dominicana, para facilitar la libre movilidad, desplazamiento, transporte, mayor acceso a oportunidades educativas, formativas y deportivas, como medios necesarios para la inclusión”, aseguró Sandino Sánchez.

Los encargados de diferentes departamentos, al unísono, hicieron énfasis en que la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, y que por ende deben cumplirse y ser respetados.

SANTO DOMINGO.- El Instituto Duartiano rechazó el Pacto Mundial Migratorio que propuso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por considerar que “atenta contra la soberanía de nuestro país y los supremos intereses de la nación dominicana”.

Explicó que “este acuerdo pondría una carga económica y social adicional a la que ya ha venido afectando al presupuesto nacional, al tiempo que estimularía aún más el descontrolado flujo migratorio proveniente de Haití”.

Agregó que también “restringe la posibilidad de aplicar las leyes, reglamentos y disposiciones que tienen que ver con la cuestión migratoria, toda vez que quedaríamos atados a los intereses de organismos y naciones que erróneamente entienden que la solución de los graves problemas del vecino país tienen solución aquí, razón por la cual no han hecho nada para ayudar en su país al empobrecido pueblo haitiano”

“Este organismo patriótico entiende que las autoridades que dirigen y administran al Estado dominicano, que tienen que aplicar la política internacional y, en especial, las acciones migratorias, principalmente el presidente Danilo Medina, debe dar las instrucciones correspondientes para que no se comprometa la soberanía dominicana y, por tanto, que no se suscriba este Pacto Mundial Migratorio que ha propuesto la ONU, por resultar perjudicial al supremo interés nacional”, expresó el Instituto, en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.

Recordó que “la Constitución de la República Dominicana vigente expresa en su artículo 3 que la soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable y que ninguno de los poderes públicos organizados por esta Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de no intervención es una norma invariable de la política internacional dominicana”.

“Ese artículo de nuestra norma suprema actual acoge el contenido del Proyecto de Ley Fundamental o Constitución de Duarte, el cual en su artículo sexto precisaba que la soberanía dominicana “es la fuente y garantía de las libertades patrias, la Ley Suprema del Pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como Nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera”, sostuvo.

“Finalmente, llamamos a la reflexión de todos los dominicanos comprometidos con su patria para que asuman su defensa, que tanto ha tenido que esforzarse y luchar por su libertad, su soberanía y su independencia”, concluyó.

SANTO DOMINGO.- Si el gobierno de la República Dominicana no implementa una política de protección del medio ambiente y recursos naturales encaminada a frenar las devastaciones de los bosques y rescatar los ríos, en los próximos años el país podría sufrir una aguda crisis de agua potable de impredecibles consecuencias, advirtió el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia).

Guarionex Gómez, presidente de ese gremio, explicó que, aunque existe la ley 6400 de protección del medio ambiente y recursos naturales, no ha habido una voluntad oficial para aplicarla.

Empero, resaltó los trabajos de construcción de presas y otras acciones que ejecuta el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para potabilizar  las aguas residuales que van directamente a los ríos Ozama e Isabela, los cuales también reciben residuos altamente contaminantes vertidos por decenas de industrias que operan en sus periferias y en violación a las leyes.

“La realidad es que los contados ríos que apenas sobreviven se reducen dramáticamente como consecuencia de las  devastaciones sufridas en sus cuencas altas y medias, situación que amerita una rápida y drástica intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, dijo Gómez durante la apertura del “Seminario Internacional Ciclo Caribeño de las Ingenierías, Arquitectura y la Agrimensura”, celebrado en el Auditorio de la UASD, en Santiago de los Caballeros, y organizado por la Regional Norte del gremio de profesionales de la construcción.

Recordó que “décadas atrás, los grandes ríos del país eran caudalosos, y hoy, como el Yaque del Norte, Isabela, Ozama,  mueren lentamente como consecuencia de la grave y casi insalvable contaminación producida por las aguas de las cañadas, los asentamientos humanos y las industrias establecidas en sus alrededores”.

Indicó que “para el Codia es preocupante la situación que padece el medio ambiente. República Dominicana está en peligro de convertirse en una de las naciones más contaminada de Latinoamérica, en caso de que las autoridades no frenen esa situación que afecta a la población en general”.

“Consideramos que con una voluntad férrea del gobierno y el respaldo de las instituciones que, como el Codia, aportan continuamente al desarrollo del país y a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, podríamos  iniciar un proceso de recuperación de los ríos y una reducción significativa de la contaminación”, enfatizó

El presidente Danilo Medina creó el pasado viernes una comisión interinstitucional para estudiar todo lo concerniente al primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y que esta tarde le rendirá un informe sobre ello.

La información la ofreció este lunes el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, durante una rueda de prensa en el salón Orlando Martínez del Palacio  Nacional.

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Dijo que la comisión está conformada por los ministerios  de la Presidencia, de Interior y Policía, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica (DIAPE).

Rodríguez Marchena indicó que la comisión interinstitucional tiene como propósito analizar los documentos para darle su opinión al jefe de Estado.

“Cuando ese informe le sea remitido al presidente de la  República y el presidente tome una decisión pues se hará  de conocimiento público”, sostuvo.

Al ser cuestionado sobre la decisión que tomaría el mandatario, Marchena dijo que el Presidente será  quien tendrá  la palabra decisiva, tras explicar que él es el jefe de la política exterior del país.

“De manera tal que República Dominicana,  el Estado y  el Gobierno de la República Dominicana no  ha fijado una posición sobre eso”, manifestó.