SANTO DOMINGO. Nueve organizaciones políticas depositarán este jueves una acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos bajo el alegato de que la pieza “es violatoria de la Constitución dominicana y de la Convención Americana de los Derechos Humanos”.

La acción será depositada en el Tribunal Constitucional a las 11:00 de la mañana. La Ley 33-18 fue aprobada el nueve de agosto de este año, luego de más de 15 años debatiéndose con sus respectivas reformas.

Max Puig, presidente del Partido Alianza por la Democracia (APD), explicó que la Ley de Partidos viola la Constitución del país en varios de sus artículos y el artículo 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

“Nosotros hemos establecido que esta ley es violenta al texto constitucional en muchos de sus artículos, aparte de que es una ley muy contradictoria. Nosotros estamos argumentado, vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional todas las motivaciones jurídicas que nos conducen a solicitar que se declare inconstitucional en todos los artículos señalados, que yo diría que son fundamentales”, dijo a Diario Libre.

Dijo que irán los partidos Alianza País, el Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Partido Revolucionario Social Demócrata, Opción Democrática, Partido Socialista Cristiano y Alianza por la Democracia

La representante de Unicef en República Dominicana, Rosa Elcarte, reclamó ayer al Listín Diario que evite publicar informaciones sensibles de casos judiciales sobre abuso de niñas y adolescentes, porque a su juicio las afectadas quedarían expuestas a mayor riesgo.

El reclamo está contenido en una carta de la funcionaria del sistema de Naciones Unidas enviada al director del Listín Diario, Miguel Franjul, en la que además solicita que se eliminen las informaciones publicadas el pasado 25 de septiembre relativas a las confesiones que hizo la hijastra de Pablo Ross en Cámara Gessell del Ministerio Público, donde afirmó que el acusado la manipulaba porque sabía lo que ella había hecho con su novio.

Al hacer su pedido, la señora Elcarte sostiene que la publicación de este tipo de informaciones “la pone (a la menor abusada) en riesgo, vulnera sus derechos a la privacidad y la revictimiza al hacer públicas sus declaraciones.

A continuación, texto completo de la carta de la representante Unicef, de fecha 9 de octubre de 2018:

“Distinguido señor Franjul
En nombre del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reciba nuestro más cordial saludo y agradecimiento por el apoyo constante del periódico Listín Diario en la divulgación de información relativa al desarrollo  del país y a la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nos dirigimos a usted con respecto a la publicación realizada en la plataforma digital del Listín Diario y en Twitter el día 25 de septiembre del año en curso, titulada “Hijastra de Pablo Ross: Él me estaba manipulando por algo que él sabía que yo había hecho con mi novio”.

En dicho artículo se incluyen informaciones sensibles y explícitas de las declaraciones de la menor hijastra del periodista acusado de abuso, quien fue interrogada en la cámara Gessell del Ministerio Público, lo que la pone en riesgo, vulnera sus derechos a la privacidad y la revictimiza al hacer públicas sus declaraciones.

Unicef, como agencia del Sistema de las Naciones Unidas, tiene el mandato de promover la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como propiciar un tratamiento periodístico adecuado cuando estos son los sujetos de la noticia. Por tanto, rogamos y exhortamos al medio que usted dirige que estas informaciones seas (sic) eliminadas y que, en futuras ocasiones, se evite publicar informaciones sensibles de casos de abuso de niñas y adolescentes que les expongan a mayor riesgo.

Sin otro particular, reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo que siempre hemos recibido para la promoción de los derechos de la infancia y para Unicef. Gracias de antemano por su atención a esta misiva y nos reiteramos a su disposición ante cualquier duda.

Atentamente,
Rosa Elcarte,
representante”.

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PROTECCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
En su carta al director de Listín Diario, Miguel Franjul, la representante de Unicef en República Dominicana, Rosa Elcarte, afirma que ese ente, como agencia del Sistema de Naciones Unidas, “tiene el mandato de promover la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como propiciar un tratamiento periodístico adecuado cuando estos son los sujetos de la noticia”. En otro texto parcial de la carta, Elcarte expone: “…Rogamos y exhortamos al medio que usted dirige que estas informaciones sean eliminadas.

SANTO DOMINGO. El hospital de cardiología de Los Ríos dispuso un servicio de transporte gratuito para los pacientes que acuden a ese centro de salud de la zona y que necesitan subir una cuesta, pero los motoconchistas de la zona se oponen porque, alegan, les han quitado la clientela.

La iniciativa es del director del centro de salud, Ernesto Díaz Alvarez, que al ver que los pacientes, muchos de ellos con deficiencias cardiacas, subían la cuesta a pie o en motocicletas, buscó ayuda y un laboratorio le donó un pequeño vehículo, una especie de chuchutren que recoge los pacientes en la parte baja y los sube hasta el hospital.

Cada 15 minutos el tren recoge a los pacientes que tienen su carnet del centro de salud, los lleva al hospital y baja a los que ya han hecho sus diligencias sin ningún costo para ellos. Además del chofer viaja un seguridad.

“Nosotros teníamos ese interés porque había muchos asaltos en el trayecto y en segundo lugar una paciente se nos ‘infartó’ subiendo la cuesta y comenzamos a pedir y un laboratorio, muy amigo de aquí, nos donó un tren y nosotros lo preparamos y le sacamos todos los permisos”. Pero el problema surge porque los motoconchistas se oponen a que el hospital ofrezca el servicio alegando que los ingresos que percibían han disminuido en más de un 50%.

Por cada paciente llevado al centro de salud se cobraba entre 20 y 25 y hasta 50 pesos, según informaron pasajeros. Marlin Carela, uno de los motocochistas calificó de “abuso” el servicio del hospital porque sus familias viven de ellos.

“Es un abuso, no tienen conciencia ni consideración con nosotros, ellos paran el trencito ahí y hasta que no lo llenan no se mueve”. Otro que no quiso ser identificado dijo que el trencito les afecta porque “antes a las nueve de la mañana ya yo tenía 700 y 800 pesos y ahora 250 pesos”, indicó. La paciente Clara Disla dijo que ahora se trasladan gratis y seguros.

Cuando la segunda semana de octubre de 2017 iba por la mitad, el país se enteró de uno de los asesinatos que más ha conmocionado a los ciudadanos dominicanos: la ejecución del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez, quien apareció semisumergido en un arroyo de Manoguayabo con dos bloques amarrados al pecho y un disparo en el rostro.

Hoy se cumple un año de aquel asesinato que dejó horrorizado a todo un país. Por este hecho hay ocho personas detenidas con medidas de coerción, incluyendo el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, y todavía permanece sin ser traído al país Argenis Contreras, quien fue apresado en Estados Unidos, tras huir después del crimen.

Ramírez fue raptado en la UASD y asesinado el 11 de octubre de 2017. Su cuerpo fue hallado al día siguiente, cuando tenía fijada una audiencia en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a la que debía asistir al igual que Rivas.

El motivo de la audiencia era la negativa de la OMSA de entregar los registros de las relaciones comerciales que tenía con empresas suplidoras, para lo cual Ramírez se amparó en la Ley de Libre Acceso a la Información pública.

Cronología del caso
Fue el 12 de octubre del año pasado cuando fue encontrado el cuerpo de Ramírez en Manoguayabo. Inmediatamente diversos sectores del país exigieron la rápida respuesta de las autoridades para que se esclarezca el caso, mientras que otros realizaron sus conjeturas.

El 13 de octubre de 2017, la Policía Nacional reveló el hallazgo de dos recibos de entidades financieras dentro de un bolsillo del pantalón de Ramírez. Uno de ellos, según las autoridades, acreditaba un retiro de más de 56,000 pesos.

Ese mismo día la Fiscalía de la provincia Santo Domingo estableció que las últimas personas con las que el abogado tuvo contacto antes de ser encontrado muerto fueron Manuel Rivas, entonces director de la OMSA, Faustino Rosario Díaz y Edwin Santana.

Rivas fue apresado tres días después en el Aeropuerto Las Américas, cuando regresaba de Panamá.

El 15 de octubre las autoridades establecieron que un acto de corrupción en la OMSA pudo ser el origen de una trama que culminó con el asesinato del abogado y profesor universitario.

En ese momento la entonces fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, dijo que Rivas aceptó pagar 4 millones de pesos a Ramírez, que este supuestamente reclamaba para desistir de sus denuncias.

Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco (El Grande), le habrían adelantado un millón de pesos a Ramírez, de una suma de cuatro millones, que se habían comprometido a pagar para detener una acción judicial contra la OMSA.

Hasta ese momento se encontraban detenidos para fines de investigación Rivas, el director financiero de OMSA, Rosario Díaz, quien es contador y coronel de la Policía Nacional; así como Santana Zorrilla, suplidor, y Mercado Blanco, empleado de la OMSA.

El 19 de octubre de 2017, la jueza de Atención Permanente del municipio de Santo Domingo Oeste dictó un año de prisión preventiva en contra del exdirector de la OMSA y otros dos implicados en la muerte de Ramírez.

La magistrada Leonarda Quezada dispuso el envío de Rivas a Najayo-Hombres, Mercado Blanco al penal de La Victoria; mientras que  Rosario Díaz fue enviado a Operaciones Especiales, en Manoguayabo (cárcel de la Policía).

El 24 de octubre de 2017 al empresario Santana Zorrilla le fue dictado un mes de prisión preventiva por el caso Ramírez.

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo varió la prisión preventiva a Santana Zorrilla por presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica.

A la acusación original de soborno, asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estado, a Santana Zorrilla recientemente el Ministerio Público lo incluyó como acusado en el rapto y posterior asesinato de Ramírez.

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EL CASO QUE SE SIGUE POR EL ASESINATO DEL ABOGADO Y CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO CONTINÚA VIGENTE ESTE AÑO.
Lo que ha sucedido en 2018: 1 El 12 de enero el Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste varió la medida de coerción de prisión domiciliaria a garantía económica de 3 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida al empresario Eddy Santana Zorrilla.

2 El 12 de abril otros cuatro implicados en la muerte del abogado y catedrático universitario fueron enviados a prisión preventiva por tres meses en lo que se investiga su participación en el hecho, entre ellos Heidy Peña, esposa de Argenis Contreras.

3 El 15 de Abril fue presentada la auditoría hecha a la OMSA que evidenció las irregularidades en la contratación de compras y servicios.

4 El 20 de julio la segunda sala penal de la corte de apelación de la provincia Santo Domingo declinó a la jurisdicción del Distrito Nacional el expediente sobre el asesinato del abogado Ramírez.

5 El 14 de agosto el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado de la solicitud de juicio preliminar en contra de los implicados en el asesinato de Ramírez.

Esa decisión fue adoptada por el juez coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, mediante sorteo aleatorio computarizado.

6 El 21 de agosto el procurador dijo que estaban a la espera de que las autoridades estadounidenses extraditen a Argenis Contreras, implicado en la muerte del catedrático y abogado Yuniol Ramírez.

7 El tres de octubre la Fiscalía del Distrito Nacional incluyó nuevamente al empresario Eddy Santana Zorrilla en el expediente sobre el asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez. Este 19 de octubre será la revisión de las medidas de coerción de los imputados en el caso.