Dos policías ingresaron a la vivienda donde reside el expresidente Alberto Fujimori para verificar si el otrora hombre fuerte permanecía allí, después de que un juez anulase el indulto humanitario que le fue concedido en diciembre y ordenara que sea devuelto a la cárcel para cumplir una larga condena por abusos contra los derechos humanos.
El juez supremo Hugo Núñez revocó el perdón y ordenó la captura de Fujimori para que culmine su sentencia de 25 años por el asesinato de 25 peruanos en su gobierno en la década de 1990. Luego, los agentes de la división de la policía judicial ingresaron a la residencia en una zona rica de Lima sin declarar a la prensa.
La hija del exmandatario y líder opositora Keiko Fujimori llegó poco después a la vivienda y dijo que era el «día más triste» para su familia. Es «extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad a mi padre señalando que como no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario», agregó, llorando.
Keiko —cuyo grupo político domina el Parlamento unicameral— formuló un llamado a sus enemigos políticos: «le digo ya basta, pongan un alto y un límite al cálculo político, al odio, al ensañamiento». A la residencia también arribó Sachi Fujimori, la otra hija del exmandatario, sin formular comentarios.
La vocera del partido fujimorista, Ursula Letona, culpó al gobierno del mandatario Martín Vizcarra en la decisión de anulación del indulto. «Es una clara intromisión de lo que pasa en el poder judicial», dijo.
El gobierno y la oposición fujimorista mantienen un choque de poderes luego que Vizcarra se tornó popular por impulsar reformas contra la corrupción, entre ellas del poder judicial.
Pero Gloria Cano, abogada de las 25 víctimas asesinadas entre 1991 y 1992, dijo a The Associated Press que en la decisión no existía «ninguna venganza» y que Fujimori «no había cumplido la mayor parte de su sentencia, no había pagado la reparación civil y no había pedido perdón a los familiares de las víctimas, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
Cano también denunció que la excarcelación de Fujimori, ordenada en la víspera de la Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, había sido un «pacto político para lograr impunidad» entre Kuczynski y un grupo parlamentario ligado al hijo menor de Fujimori en momentos en que Kuczynski tenía un gobierno debilitado y enormes presiones de la oposición parlamentaria.
El juez Núñez dijo, en su decisión de 224 páginas publicadas en el sitio de internet del poder judicial, que el indulto «es incompatible con las obligaciones internacionales que vinculan al estado peruano, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos; más si hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional, según los que no procede el indulto en delitos de lesa humanidad».
Miguel Pérez, el abogado de Fujimori, dijo a periodistas que apelará la decisión judicial. El exmandatario cumplía su condena en una cárcel de Lima luego que en 2007 fue extraditado desde Chile.
La Corte Interamericana le dio un plazo hasta octubre a la justicia peruana verificar si el indulto era legal de acuerdo con las leyes internas e internacionales a las que Perú está suscrito. La administración de Kuczynski justificó el indulto a Fujimori porque supuestamente padecía de «una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable», aunque no brindó pruebas de ello.
De vuelta a la cárcel Fujimori seguirá enfrentando, además, otro nuevo juicio por el asesinato de seis peruanos realizado por un grupo de militares que fue el mismo que ejecutó extrajudicialmente a las 25 víctimas por las que había sido condenado en 2009.
Las víctimas, entre ellas un niño de 8 años, fueron asesinadas entre 1991 y 1992 en medio de la guerra sucia con la que una parte de las fuerzas de seguridad respondió a los ataques del grupo terrorista Sendero Luminoso durante el conflicto armado interno en Perú.
Kuczynski renunció en marzo presionado por la oposición parlamentaria por supuestas acusaciones de corrupción. Lo reemplazó Martín Vizcarra, quien era vicepresidente.
Fujimori gobernó Perú durante una década desde 1990 y a fines de 2000 huyó a Japón acosado por escándalos de corrupción. El Parlamento lo retiró del cargo por «incapacidad moral».
