KIEV, Ucrania. La ganadora de la última edición del Miss Ucrania, Veronika Didusenko fue destituida y no podrá representar a su país en el concurso Miss Mundo, a celebrarse en China el 8 de diciembre. Esto, luego de que la prensa descubriera que la modelo, de 23 años, está actualmente divorciada y tiene un hijo de cuatro años, llamado Alexánder.

Según las autoridades del concurso, fue destituida por mentir sobre su vida personal, al ocultar que era madre y ex esposa, violando las condiciones de ser soltera y sin hijos, reglas básicas de la mayoría de los concursos de belleza.

El concurso Miss Ucrania pregunta a las participantes específicamente esos puntos en los formularios de inscripción. Y en ambos casos Didusenko respondió por escrito que “no” tenía hijos y “no” estaba casada. Su hijo tampoco está mencionado en sus redes sociales, en las que la chica se mantiene activa.

Las mismas reglas aplican para el Miss Mundo.

Los organizadores anunciarán el 30 de septiembre a la sucesora de Didusenko en el título de belleza nacional, en una transmisión televisiva, informó Yahoo Lifestyle.

Los usuarios de Instagram, que siguen el día a día de Didusenko, se dividieron en dos bandos: mientras que unos directamente acusan a la mujer en mentir a los organizadores del concurso, otros admiran su belleza y el hecho de que logró ganar la competición después de dar a luz.

Por su parte, la sancionada agradeció a sus seguidores el apoyo “en este momento difícil” a través de su cuenta de Instagram. A pesar de que los términos de Miss Mundo tampoco permiten a las participantes estar casadas y tener hijos, algunos medios indican que Didusenko va a seguir luchando por participar en ese concurso de belleza representando a Ucrania.

Un tribunal rechazó el miércoles la apelación del inventor de submarinos danés Peter Madsen, sentenciado a cadena perpetua por torturar y asesinar a la periodista sueca Kim Wall el año pasado.

Madsen, de 47 años escuchó en silencio mientras el juez Jan Uffe Rasmussen leyó la decisión, anunciando que el tribunal había coincidido con una instancia inferior que había hallado culpable a Madsen y lo había sentenciado a cadena perpetua.

En Dinamarca, una cadena perpetua por lo general no pasa de 16 años, pero puede ser prorrogada en caso necesario. Madsen deseaba una sentencia con un plazo definido.

El fiscal había pedido ratificar la cadena perpetua, argumentando que el motivo del crimen no fue más que la satisfacción sexual y que el acto había sido preparado con alevosía.

En el tribunal, Madsen pidió disculpas a los familiares de la víctima. “Quiero decirle a los familiares de Kim que lamento mucho lo que ocurrió“, dijo Madsen.

Ingrid y Joachim Wall, los padres de la periodista, estaban presentes en el tribunal.

La abogada de Madsen, Betina Hald Engmark, argumentó que su cliente “no tiene prontuario policial y ha sido declarado culpable de un solo asesinato”.

“En casos parecidos, el culpable suele haber cometido delitos morales con anterioridad”, expresó.

Madsen niega haber asesinado a Wall, afirmando que ella murió accidentalmente dentro del submarino, pero admite que arrojó sus restos al mar.

El Tribunal Municipal de Copenhague en abril halló culpable a Madsen de asesinato, agresión sexual y desmembramiento. El tribunal determinó por unanimidad que Madsen atrajo a Wall, de 30 años, para que visitara al submarino que él mismo construyó, prometiéndole una entrevista.

El fiscal Kristian Kirk dijo que Wall estaba atrapada en el submarino, que “probablemente suplicó que no la mataran” mientras Madsen “perpetraba una fantasía sexual sádica e inhumana”.

Kirk dijo que en la computadora de Madsen fueron hallados videos de mujeres siendo torturadas y asesinadas y que él probablemente filmó el crimen. Añadió que Madsen había planificado el crimen “y solo estaba esperando la víctima oportuna”.

“Espero que nunca tengamos que ver un caso de este tipo”, dijo Kirk.

Hasta ahora no se ha encontrado ningún video del asesinato de Wall.

La ONU lamentó este miércoles que las autoridades de México se concentren en la «insostenible» defensa de la versión oficial del caso de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (sur) en 2014, en el aniversario de un caso que estremeció al país y que aún no se ha esclarecido.

«Preocupa que la respuesta del gobierno se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial», indica un comunicado de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Según la hipótesis oficial, denominada por la fiscalía como la «verdad histórica», los jóvenes estaban en Iguala (Guerrero, sur) apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron detenidos por policías locales.

Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.

«La ONU-DH reitera que esta versión es insostenible. Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture», una agencia independiente de investigación en Londres, indicó Naciones Unidas.

En mayo, la ONU reiteró su informe que concluye que «al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación (…) fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente», y señaló a elementos de la fiscalía, policía federal y militares de la Marina como involucrados en estas violaciones.

El gobierno rechazó el informe.

Alfredo Higuera, fiscal especial del caso Ayotzinapa, confirmó a Radio Fórmula que dos de cuatro procesados que alegaron tortura fueron liberados.

Según él, la fiscalía general solicitó que a todos los detenidos se les practicara el Protocolo de Estambul (examen sobre tortura), pero en cuatro años no se ha terminado esta tarea porque «hay resistencias de las personas a las que se les aplica».

Higuera aseguró que la fiscalía aplicó sus propios dictámenes sobre tortura a 52 procesados, de los cuales «49 resultaron negativos y tres positivos».

Hasta ahora hay 119 personas procesadas por el caso, 69 por secuestro y 50 por delincuencia organizada o portación de armas.

«Por los medios ordinarios de justicia no vamos a esclarecer lo qué pasó», lamentó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes, al asegurar que buscarán crear una «comisión de investigación» apoyada por el GIEI, la ONU y la CIDH.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunirá más tarde con los padres de los jóvenes.