SANTO DOMINGO. El bloque de partidos de oposición que se había formado luego de las elecciones del 2016 está enfrentado y dividido por las posiciones divergentes ante la nueva Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, y las decisiones de la Junta Central Electoral (JCE). Ayer, el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, explicó que ese bloque se disolvió porque las organizaciones minoritarias acusaron a ese partido y al Revolucionario Moderno (PRM) de pactar la aprobación de la ley con el danilismo del partido oficialista.
El PRM ha ignorado los ataques de los minoritarios y ha reivindicado su posición de abrirse a que se dejara a opción de los partidos el método de elección de candidatos, en lugar de que sean primarias cerradas, como inicialmente habían pactado.
Genao denunció que algunos partidos en ese bloque pretendan hacer oposición mientras apoyan como aspirante presidencial al presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el expresidente Leonel Fernández.
“Usted no puede ser del Bloque Opositor y que su candidato sea el presidente del partido oficialista”, expresó en franca alusión a la Fuerza Nacional Progresista (FNP).
Insistió en que “eso no existe” e indicó que “con la Ley de Partidos se dividió el Bloque Opositor porque se establecieron posiciones contrarias”.
También explicó que ese bloque estuvo unido y se logró la renovación del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la JCE.
Aunque hay pronunciamientos favorables, un grupo de partidos se mantiene firme contra la disposición de la Junta Central Electoral (JCE) de establecer un plazo para que las organizaciones determinen el método de escogencia de los candidatos a cargos electivos.
Al recurso elevado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra la resolución de la JCE que estableció un plazo de 75 para que los partidos decidieran si celebrarían primarias, y que incluye la solicitud de medida cautelar para suspender sus efectos, se suma otra instancia que será elevada hoy en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Carlos Sánchez Solimán, secretario general del Partido Alianza por la Democracia (APD), informó que el bloque de partidos de oposición mantiene su postura y acudirá hoy al TSE a interponer otro recurso, igual como lo hicieron ante el TSA.
Dijo que además contemplan acudir al Tribunal Constitucional. “Hasta ahora creemos que la Junta no debió poner un plazo para que los partidos emitieran opinión de que si íbamos o no a primarias abierta”.
Sostuvo que la posición en contra a la disposición de la JCE es al plazo como tal. La audiencia para la medida cautelar fue fijada en el TSA para el próximo miércoles 26 de este mes.
Detrás de esa postura están los partidos: Alianza País, Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD), Opción Democrática y Partido Socialista Cristiano (PSC).
Sin embargo, el legislador Radhamés González, vocero de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), saludó la ampliación por 30 días del plazo de los 75 días otorgados en principio por la JCE, ya que acata así el reclamo de varias organizaciones.
La también diputada, pero del oficialista PLD, Magda Rodríguez, consideró que es importante la extensión de plazo por entender que 75 días otorgados en principio no era tiempo suficiente.
Máximo Castro Silverio, diputado reformista, lo calificó de suficiente y dijo esperar que los partidos puedan organizarse. El Pleno de la JCE otorgó el pasado miércoles un plazo adicional de 30 días a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para decidir si escogerán la modalidad de celebración de primarias simultáneas, como establece la Ley 33-18.
Tanto el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, como el presidente de Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, han pronunciado fuertes críticas a la Ley de Partidos y la forma en que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC) hicieron una alianza coyuntural para aprobar el proyecto. Moreno la calificó como “la Ley antipartidos”.