Para que la Central Termoeléctrica Punta Catalina pueda operar mediante su sincronización a finales de 2018, el Gobierno ha decidido crear junto al Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella un fondo de contingencia que asegura el flujo constante de los recursos hacia la finalización del proyecto.
El fondo, que asciende a los US$336 millones, persigue evitar dilaciones en el proceso de terminación de las unidades independientemente del proceso arbitrario que el país ha estado llevando en tribunales internacionales junto al referido consorcio.
Así lo informó el administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder y el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicano de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, mediante una rueda de prensa realizada ayer en las instalaciones del proyecto.
Aristy Escuder destacó que el fondo contingente no altera ni modifica el precio del contrato, es decir, que el costo de la planta sigue siendo de US$1,945 millones.
“Nada de lo establecido en el acuerdo y documentación relacionada podrá interpretarse en sentido contrario o ser utilizado como precedente cualquiera fuera su naturaleza en relación a la disputa pendiente”, explicó.
Manifestó que cada desembolso de ese fondo se realiza siempre contra ejecución de la obra, lo que significa que en la medida que se va ejecutando el proyecto se irán haciendo los desembolsos. “Y esos recursos estarán siendo auditados por una firma”.
Dijo que el fondo contingente se divide en dos partes, una partida de US$136 millones, correspondiente a saldo pendiente de amortización, y otra de US$200 millones que serán transferidos a una cuenta Escrow (de garantía) cuyos desembolsos se harán en la forma en que se cumpla el cronograma de entrega de la planta generadora.
Asimismo, Jiménez Bichara aclaró que el “acuerdo, marco para la continuación y finalización del proyecto con motivo de la disputa pendiente,” no implica el reconocimiento del reclamo que por US$708 millones mantiene el consorcio como necesidad adicional a los US$1,945 millones de valor contractual de la obra.
“Lo que hemos hecho es identificar una partida económica que impida la paralización de la obra y que debe ser compensada para una u otra parte con base en una decisión judicial”, agregó.
En caso de que no se cumplan las fechas acordadas, se establecen penalidades adicionales de US$220 mil dólares por cada día de atraso, suma que será pagada por el Consorcio constructor al Gobierno.
En caso de que la sentencia le conceda la razón al consorcio, entonces los fondos en cuestión correrán por cuenta del Estado, mientras que si la decisión judicial es favorable a la CDEEE, entonces el consorcio deberá reponer esos recursos al Gobierno en un plazo no mayor de 45 días.
Contratan abogados
Durante la rueda de prensa, el administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, informó que para defender la posición oficial en el proceso de arbitraje, el Gobierno contrató a una de las oficinas de abogados más prestigiosas de Washington y Nueva York en este tipo de litigios, la firma Foley Hoag LLP, con más de 75 años de experiencia.
Aristy Escuder indicó que el pago que se le realizará a la firma de abogados, por los servicios brindados, será en función de las tres etapas que conlleva el proceso junto con la cantidad de horas.
Explicó que se ha estipulado un tope que asciende a los US$3 millones.
La planta eléctrica de Punta Catalina fue contratada por un valor de US$1,945 millones. Sin embargo, desde finales del año pasado, el consorcio que la construye ha reclamado US$708 millones adicionales, alegando que ha incurrido en gastos y costos por atrasos que no estaban previamente determinados. Como las partes no llegaron a ningún entendimiento, se decidió recurrir al arbitraje internacional
