BUENOS AIRES. En un revelador fallo que describe detalles de una presunta trama de corrupción sin precedentes en Argentina, un juez procesó hoy con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Fernández, a quien señala como “jefa” de una asociación ilícita montada para recaudar coimas de empresarios.
El auto de procesamiento, de 558 páginas, lleva la firma del juez Claudio Bonadio y saca a la luz pública detalles de una investigación que se aceleró a inicios de agosto pasado con la aparición de unos cuadernos en los que un chófer de un exfuncionario kircnerista anotó movimientos de dinero de los sobornos.
El juez, que ya había procesado a Fernández por otros casos, pidió nuevamente al Senado -una vez que la Cámara Federal de Apelaciones homologue la prisión preventiva- que le quite los fueros a la exmandataria, quien ocupa una silla en la Cámara Alta desde finales de 2017.
El juez convocó a Fernández a presentarse en los tribunales en un plazo de 48 horas para notificarse de su resolución y dictó un embargo de los bienes de la ex presidenta por 4.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares).
La mandataria argentina entre 2007 y 2015 es señalada por el magistrado como jefa de una asociación ilícita junto a su esposo y antecesor en la Presidencia, Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.
Kirchner y Fernández “se vislumbran como los jefes de esta asociación delictiva”, aseveró el juez, quien afirmó que los mandatarios “daban las directivas y órdenes para el desarrollo de las maniobras investigadas, amén de que resultaban los beneficiarios finales de las miasmas”.
Según Bonadio, que en su escrito hace constar 157 pruebas y la declaración de 51 personas -varias de ellas en carácter de arrepentidas-, en la Presidencia de Kirchner “se puso en funcionamiento un sistema ilegal de recaudación” en el ámbito del Ministerio de Planificación, que tenía bajo su órbita la concesión de obras públicas.
Este sistema, que implicaba acuerdos con empresarios de la construcción y la ingeniería para la concesión de obras y subsidios e incluía el pago de retornos, “continuó durante la Presidencia de su esposa Cristina Fernández”, quien, para el juez, participó ya de la trama ilegal de recaudación durante el Gobierno de Kirchner.
Según la investigación, el dinero era recolectado por funcionarios del Ministerio de Planificación y entregado a los secretarios privados de Kirchner e, incluso, a los propios mandatarios.
En 87 oportunidades el dinero fue llevado al apartamento de la senadora en el barrio capitalino de Recoleta, pero también constan entregas en la residencia presidencial de Olivos y en la Casa Rosada.
“Entre el 25 de mayo del 2013 y el 9 de diciembre de 2015 perpetraron un sistema de recaudación ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos y, por el otro, las personas o empresas que lo otorgaban lo hacían a cambio de algún beneficio o en consideración del cargo que tenían los funcionarios”, apuntó.
Según el fallo, los montos que los empresarios admitieron haber pagado más los mencionados en los cuadernos del chófer Oscar Centeno permiten afirmar que “el flujo de dinero que circuló dentro de esta organización delictiva” asciende a unos 100 millones de dólares.
Sin embargo, el juez aclara que algunos empresarios confesaron haber abonado “diversas sumas de dinero durante muchos años” por lo que de momento no se ha podido establecer “a ciencia cierta cuánto dinero se abonó”.
Además de Fernández, Bonadio procesó a otras 40 personas, entre ellas 14 exfuncionarios, 23 empresarios y un exjuez.
La mayoría de los imputados fue procesado con prisión preventiva, aunque una docena de ellos no irá a la cárcel porque han sido aceptados como “colaboradores” (arrepentidos).
Entre los procesados hay importantes hombres de negocios como Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina; Aldo Benito Roggio, dueño del grupo Roggio; Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América; Enrique Pescarmona, dueño de IMPSA, y el empresario de la construcción Ángel Calcaterra, primo del presidente argentino, Mauricio Macri.
El de hoy es el sexto procesamiento que suma Fernández, investigada en otras causas por presunta corrupción y que asegura ser blanco de una persecución política urdida por jueces y el Gobierno de Macri.
“Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del estado de derecho”, dijo a Efe el abogado de la exmandataria Gregorio Dalbón.
