Hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido; y entra también un pobre con un vestido sucio; y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís: «Tú, siéntate aquí, en un buen lugar»; y en cambio al pobre le decís: «Tú, quédate ahí de pie», o «Siéntate a mis pies». ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con criterios malos?” Stgo. 2: 1-4.

Y lo hacemos también con quienes piensan diferente a nosotros; aislamos, marginamos.

O con quienes tienen preferencias sexuales diferentes a las nuestras, con quienes siguen una corriente o partido político adverso al nuestro, con las personas de otras religiones ¡Oh, de otras religiones! Con quienes ejercen otros oficios o profesiones que consideramos “menores”, con quienes no tienen una vasta cultura dada por las horas de lectura o de vuelo…

con todas aquellas personas a las que consideramos inferiores, sí inferiores, pues así es como se suele ver cuando se discrimina, cuando se hace acepción de personas. Triste, pero siempre con tiempo de revisarnos y con oportunidad de superar nuestras miserias convertidas en prejuicios.

Y ahora qué hago con mis tres muchachos. A qué escuela los voy a mandar.

Sin casa y sin saber a dónde vamos”. Ese clamor es de Caridad Santos, madre de 6 hijos, desalojada del barrio Los Guandules el pasado viernes.

Me conmovió y entristeció su lamento acompañado del llanto impotente. Los empleados de la Unidad Ejecutora para la Reubicación de la Barquita y Entorno (URBE), justificaban su acción. Ni le miraron el rostro, tal vez ni la oyeron.

Según ellos, tenían una orden para sacar a 19 familias que no estaban cuando se realizó el censo de las áreas que serían sacados para dar paso a lo que se ha denominado el Nuevo Domingo Savio. Ese alegato lo rebatieron Lourdes Morillo, Danilo Ramírez, Caridad Santos. Afirman que residen allí desde hace 10, 35 y 38 años. No se oponen a salir, solo piden un trato humano y la garantía de un techo donde seguir viviendo. Les destruyeron las humildes viviendas y sus ajuares se los llevaron para un depósito de Bienes Nacionales que, según dicen, ni les han dicho dónde está ubicado.

Me entristece la cantidad de niños que este lunes no estarán en un aula. No por un paro de la ADP, que es casi normal, sino porque sus padres andan hoy “como el ave sin nido”. Eso no les garantiza una escuela. Ahí, en Los Guandules, el ministro de Educación, Andrés Navarro, hace solo unos 10 días, abrió una sala digital. La educación se transforma, avanza, gracias al esfuerzo de las autoridades.

Estas familias quieren que sus hijos se aprovechen de ella. La acción del viernes debió pensar en esos pequeños que no tuvieron culpa de nacer en esa zona vulnerable y que hoy ven tronchada su formación. Les acompaña la incertidumbre.

No estamos en contra del plan de recuperación de URBE. Es algo por lo que muchos dominicanos hemos abogado.

Claro, lo primero es que nunca debió permitirse ninguna construcción en el área, pero ya que la decisión está tomada, se debe actuar con respeto al ciudadano y con una planificación que le garantice a esas familias un techo seguro en un lugar donde tengan los servicios básicos y, particularmente, una escuela para la formación de sus hijos. Se debe además proporcionar ayuda psicológica para evitar crisis familiares y personales en el futuro. Hay que evitar que a la decena de estudiantes fuera de aulas por los IMPRUDENTES e INJUSTOS paros convocados por la ADP, se sumen las ausencias de las aulas de los hijos de estas familias desalojadas de las riberas del Ozama y el Isabela.

Aunque el desalojo no es responsabilidad del Ministerio de Educación, acudimos a Andrés Navarro y a otras entidades a las que les duela la formación de nuestros jóvenes, para que, junto a los representantes de URBE, busquen una salida URGENTE a esta problemática, de lo contrario, el mal podría ser mucho más grave y la medicina llegar tarde al paciente. Bastante crecida está la inseguridad en este país y los estudios la atribuyen, en gran medida, a los cientos de jóvenes sin formación docente que hogares disfuncionales han dejado en las calles. Que la recuperación del barrio, para hermosearlo y hacerlo vivible, no se lleve consigo la escuela, en donde, madres como Caridad Santos, desean educar a sus hijos.

Para muchos resulta incomprensible el grado de tolerancia del conservadurismo con Donald Trump. No se explican cómo gente que promueve “valores tradicionales estadounidenses” callan ante sus escándalos sexuales, insultos y salidas de tono. Pero es que se trata de connivencia motivada en una causa mayor. Una agenda que coloca en un segundo plano las formas poco ortodoxas de este presidente, sus ataques a las instituciones, coqueteos con líderes de países adversarios y tensiones con países aliados y hasta posibles encontronazos con la ley.

Porque Trump es, a fi n de cuentas, un instrumento manipulable y defi – nitivo de un proceso que inició hace más de 30 años cuando grupos conservadores decidieron retomar el control de la Suprema Corte de Justicia tras décadas de jurisprudencia liberal.

La Constitución de los Estados Unidos es muy sucinta y general, deja mucho espacio a la legislación ordinaria. Pero al tratarse de un sistema jurídico fundamentado en la prevalencia de la Constitución, en el que corresponde al Supremo establecer la compatibilidad constitucional de las leyes, sus jurisprudencias forman parte del Bloque de Constitucionalidad y se colocan también por encima de todas las demás leyes o disposiciones ejecutivas.

Es además una Constitución rígida difícil de enmendar, por lo que el derecho constitucional estadounidense se mueve al ritmo de jurisprudencias.

De ahí la importancia política y social que tiene la designación de uno de los nueve miembros del Supremo, a quienes nomina el Presidente, confi rma el Senado y asumen el puesto de forma vitalicia.

A mediados de los años 50 del siglo pasado inició un período en el que la Corte Suprema se apartó del conservadurismo tradicional. La sentencia “Brown versus The Board of Education”, que declaró inconstitucional las leyes estatales que establecían la segregación escolar y que constituyó el primer gran triunfo del movimiento por los derechos civiles, fue también el inicio de esa etapa que se prolongó por décadas… Fueron los años de “La Corte de Warren”, en los que se establecieron jurisprudencias valiosísimas en materia de derechos civiles y políticos, de libertad de expresión y religiosa, y cuya infl uencia se extiende hasta nuestros días.

Pero la célebre sentencia “Roe versus Wade” —la que legalizó el aborto— fue la gota que derramó la copa de la tolerancia de los grupos de derecha, que a inicios de los años ochenta —aprovechando el viento de cola que recibió el conservadurismo con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca— comenzaron a planifi – car su “asalto al Supremo”.

Surgieron entonces en las escuelas de leyes de las principales universidades estadounidenses centros de pensamientos de ideas ultraconservadoras.

De ahí nace la Sociedad Federalista, una organización cuyo propósito es llevar a sus afi liados a las principales plazas de la judicatura con el fi n de erradicar la jurisprudencia liberal y retornar a lo que llaman “fundamentos originales”.

Esta organización conservadora promueve la doctrina del “originalísmo”, que niega el sentido vivo y dinámico de la Constitución y establece que esta tiene un sentido fi jo y conocido, y que por tanto las cortes deben decidir sólo sobre lo que ella misma establece e interpretarla únicamente dentro de la razonable proyección a los tiempos actuales de la realidad que rodeaba a sus redactores.

Esta línea de pensamiento conservador se encuentra a punto de lograr una mayoría en el Supremo.

Actualmente cuatro jueces vinculados directa o indirectamente con la Sociedad Federalista ocupan una silla en la Suprema Corte de Justica: su presidente John Roberts y los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y el recientemente designado Neil Gorsuch… Y ante el retiro del juez Anthony Kennedy —de tendencia conservadora pero con voto pendular—, el presidente Trump nominó al juez Brett Kavanaugh, propuesto también por la Sociedad Federalista y cuya confi rmación se da por descontada dada la mayoría republicana en el Senado.

Cuando Kavanaugh asuma su asiento en el Supremo los conservadores tendrán por fi n su ansiada mayoría y estarán en condiciones, no solo de revertir Roe, sino de afectar toda una jurisprudencia liberal que incluyen el matrimonio igualitario y otros derechos reproductivos, sexuales y de libertad religiosa, y estampar una visión ultraconservadora en la interpretación constitucional estadounidense que perdurará por décadas.

Lamentablemente no hay nada que los liberales puedan hacer para evitarlo… No importa lo mucho que reclamen sentido común ni apelen a los valores tradicionales de los republicanos… Ninguna revelación o exabrupto provocará una interpelación a Trump, mucho menos un “impeachment”… Lo tolerarán, apoyarán y darán cobijo legal mientras cumpla una agenda conservadora perfi lada hace años en las escuelas de derecho de Yale, Harvard y la Universidad de Chicago.

El pasado jueves los partidos Alianza País (AlPAIS), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), Alianza por la Democracia (APD), Frente Amplio; Minú Tavárez Mirabal y José Horacio Rodríguez Grullón, fundadores del partido Opción Democrática; la Dra.

Soraya Aquino Campos, fundadora del Partido Socialista Cristiano (PSC), en espera de reconocimiento por parte de la JCE, elevaron recurso administrativo formal en contra de la Resolución 03-2018 del 21 de agosto del año 2018 de la Junta Central Electoral (JCE) y una solicitud de adopción de medida cautelar tendente a suspender los efectos de la misma.

La Resolución No.03-2018 otorgó un plazo de 75 días a los partidos políticos para decidir sobre si van a optar o no por primarias abiertas o cerradas, advirtiéndoles que de no producirse tal decisión y comunicación a la JCE, perderían el derecho a optar por ella, con lo cual el organismo electoral estableció una penalidad no establecida por la ley que cae en el ámbito reglamentario. En tal sentido, violó los artículos 30 y siguientes de la Ley 107-13 sobre Procedimientos Administrativos, en el Capítulo Segundo sobre Normas Comunes de Procedimiento Administrativo para la elaboración de Normas Administrativas y Planes, al no informar de manera previa y someter a consulta pública la Resolución atacada No. 03-2018.

El Artículo 30 de dicha ley, establece: “Artículo 30. Objeto. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto establecer los estándares mínimos y obligatorios de los procedimientos administrativos que procuran la adopción de reglamentos, planes y programas, que poseen un alcance general. La fi nalidad de estas normas reside en que la Administración Pública obtenga la información necesaria para su aprobación, canalizando el diálogo con otros órganos y entes públicos, con los interesados y el público en general, con ponderación de las políticas sectoriales y derechos implicados y promoviendo el derecho fundamental a la participación ciudadana como sustento de la buena gobernanza democrática.” En la parte in-fi ne del citado artículo 30 se establece: “En razón del procedimiento, incurrirán en nulidad de pleno derecho la infracción o desconocimiento de los principios o reglas que resulten de aplicación que regulan el Artículo 31.” Asímismo, el Artículo 31 reza de la manera siguiente: “Artículo 31. Principios del procedimiento aplicable a la elaboración de reglamentos, planes o programas. La elaboración de reglamentos administrativos, planes y programas de alcance general, se sujetará a los siguientes principios y criterios, cualquiera que sea la Administración competente en cada caso: 1. Iniciativa. El órgano responsable elaborará el correspondiente anteproyecto o borrador… 2. Decisión bien informada. El procedimiento de elaboración del proyecto ha de servir para obtener y procesar toda la información necesaria a fi n de garantizar el acierto del texto reglamentario… 3. Audiencia de los ciudadanos directamente afectados en sus derechos e intereses. La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones que les representen, se ha de producir en todo caso antes de la aprobación defi nitiva del texto reglamentario, plan o programa cuando puedan verse afectados en sus derechos e intereses legítimos. Habrá de otorgarse un plazo razonable y sufi ciente, en razón de la materia y de las circunstancias concurrentes, para que esa audiencia resulte real y efectiva.

La Administración habrá de contar igualmente con un plazo razonable y sufi ciente para procesar y analizar las alegaciones realizadas. 4. Participación del público. La participación del público en general, con independencia de que se vea o no afectado directamente por el proyecto de texto reglamentario, plan o programa, deberá garantizarse antes de la aprobación defi nitiva, salvo texto legal en contrario… 7. Ponderación y motivación. La Administración responsable habrá de ponderar igualmente las alegaciones y los intereses hechos valer por los interesados y el público en general. Antes de la aprobación defi nitiva, la Administración habrá de motivar adecuadamente las razones de las opciones que resulten elegidas, a la vista de las distintas alternativas.

8. Publicación. La entrada en vigor del reglamento o del plan territorial o urbanístico requiere su previa e íntegra publicación en la Gaceta Ofi cial o en un diario de circulación nacional o local, según sea el caso.” Igualmente, la Resolución No.03-2018 violó el Artículo 23 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, que reza textualmente: “Artículo 23.- Las entidades o personas que cumplen funciones públicas o que administran recursos del Estado tienen la obligación de publicar a través de medios ofi ciales o privados de amplia difusión, incluyendo medios o mecanismos electrónicos y con sufi ciente antelación a la fecha de su expedición, los proyectos de regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o actos de carácter general, relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre los particulares y la administración o que se exigen a las personas para el ejercicio de sus derechos y actividades.” El organismo electoral violó los artículos 45, 46, 49 y 50 del Decreto 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley 200-04.

La Junta Central Electoral, lamentablemente, no cumplió con la normativa legal en su Resolución No.03-2018, por lo cual proceden los recursos incoados por los partidos de oposición antes citados, así como la medida cautelar solicitada para su suspensión. La JCE debió de rectifi car sin que fuera necesaria este tipo de acción. Todavía está a tiempo de hacerlo.

Ojalá y lo haga.

La decisión inquebrantable que en la conjunción de esfuerzo de los partidos de la oposición accionantes no quedará en las acciones contra la Resolución No. 03-2018. En los próximos días se estarán produciendo acciones importantes, de orden constitucional, para llevar a las instancias legales correspondientes más de diez graves transgresiones a la carta magna contenidas en el adefesio legal denominado Ley de Partidos. Lo que está en juego es el orden democrático y el respeto a la Constitución. Ejerceremos las vías de derecho para hacer caer el adefesio, producto de un engendro y conciliábulo de fuerzas políticas denominadas mayoritarias, que sólo tuvieron en cuenta a la hora de su aprobación sus respectivos intereses particulares