SANTO DOMINGO.- El abogado Fredermido Ferreras Díaz, autor del recurso que buscaba eliminar el artículo  transitorio de la Constitución de la República a fin de habilitar al  presidente Danilo Medina para otra reelección, dijo que a pesar del fallo negativo del Tribunal Constitucional a esta iniciativa, recurrirá ante organismos internacionales, ya que, a su juicio, sus derechos fundamentales como ciudadano han sido violados.

Aunque la decisión de dicho tribunal es inapelable, alegó que hará sentir sus reclamos porque  los jueces actuaron por “presiones políticas” del sector del expresidente Leonel  Fernández, quien, a su entender, controla esa instancia.

Opinó que otro factor que influyó es que algunos jueces, a  los cuales no identificó, querían cambiar el fallo por su permanencia en el cargo,  ya que están supuestos a finalizar su gestión  este año, por lo que deben ser sustituidos.

‘’Esos jueces que enviaron emisarios al Palacio Nacional querían cambiar el fallo a cambio de su permanencia en el Tribunal Constitucional, pero el Presidente de la República se negó, y te lo digo como primicia: el Presidente les dijo tajantemente  que no maniobra de esa naturaleza, y que no interviene en los asuntos de la justicia, ya que en su momento sería el Consejo Nacional de la Magistratura que tendría que ver con eso’’, manifestó Ferreras al ser entrevistado en el programa Fuera de Record, que se difunde por un televisora local.

El pasado viernes el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad elevado por el abogado Ferreras, contra el  artículo transitorio de la Constitución, aprobado el 13 de junio de 2015, que prohíbe una nueva reelección del Presidente Medina.

‘’Esa decisión del Tribunal es contraria  al espíritu de la época, ya que más de 15  países de la región han conocidos acciones de esa naturaleza, y han abierto la reelección e inclusive hasta de manera indefinida’’, manifestó.

Deploró la forma como, a su entender, fue “cocinado” ese  fallo de manera urgente, violentando todas las normativas.

SANTO DOMINGO.- El empresario y principal encartado en la República Dominicana en el caso de corrupción Odebrecht, Ángel Rondón, pidió a las autoridades judiciales que eviten que el proceso caiga en el “polpulismo penal”, ya que podría socavar y corroer el estado de derecho que rige en el sistema democrático del país.

En un documento remitido al juez Francisco Ortega Polanco, que lleva el caso en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Rondón y sus abogados explicaron que “el populismo penal” implicaría una visión sesgada del conocimiento del expediente del citado caso.

Aludieron a una solicitud del abogado Francisco (Pancho) Álvarez, quien a nombre de Participación Ciudadana (PC), reclama a la SCJ copias de todos los escritos y las pruebas que envuelve el expediente.

Según Rondón y su defensa, esa solicitud es “inusual”, ya que ni Álvarez ni PC son parte del proceso que se lleva a cabo en los tribunales.

Explicaron que su preocupación se origina “en el interés de que la audiencia se mantenga libre de contaminación mediática, a sabiendas de que dicha contaminación tiene la capacidad de desviar el sano propósito de una sana administración de justicia”.

En ese sentido, instaron a Ortega Polanco a examinar el ordenamiento constitucional y procesal para determinar si procede o no la entrega de los documentos que ha solicitado PC.

Dijeron que “resulta inquietante que PC y Pancho Álvarez muestren tanto interés en auditar el progreso de un proceso penal que está en manos de la SCJ, en nombre de una supuesta cruzada contra la corrupción y la impunidad”.

“Sin embargo, el señor Álvarez y la institución que él representa no han mostrado el mismo interés ante acontecimientos más graves y amenazantes de la independencia jurisdiccional, como sería la suspensión indiscriminada de jueces sin disfrute de sueltos, sin juicio previo y sin reglas claras del debido proceso en materia disciplinaria”, subrayaron.

“¿Cuál es la verdadera finalidad del solicitante? ¿Acaso se trata de tener acceso a los datos fundamentales del proceso para colaborar con la sana edificación de la opinión pública?”, preguntaron Rondón y sus abogados José Miguel Minier Almonte, José de los Santos Hiciano, Guillermo García Cabrera, Emery Colomby Rodríguez Mateo e Ignatz Freund Madera..

“O por el contrario, ¿su real propósito es hacerle saber al juez que existen factores de poder en el ámbito extrajudicial que están auditando de cerca su desempeño jurisdiccional, generando de ese modo una atmósfera de chantaje con el propósito de limitar su independencia e imparcialidad, logrando así influir en los resultados del proceso, en función de sus intereses, sin importar la verdad de los hechos o el mandato de la Ley?”, concluyeron.