El Gobierno dominicano sometió este jueves ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca el traspaso de 52 inmuebles (tierras) ubicadas en 19 provincias del país, para ser comercializados a través de un fideicomiso público que controlará la Fiduciaria Reservas.

En noviembre pasado, el presidente de la República, Luis Abinader, acogió la propuesta de la Comisión Revisora de Contratos relativos a la disposición de terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) de que constituyera un fideicomiso público y emitió el decreto 581-23 disponiendo la creación del «Fondo de Desarrollo de Infraestructuras (FDI)», abarcando la posibilidad de incorporar inmuebles de otras entidades del Estado.

En esta primera etapa del proyecto, el Gobierno busca transferir a la citada fiduciaria 26 terrenos que actualmente están a nombre de Bienes Nacionales, 18 terrenos del CEA, seis inmuebles del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y dos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), todos provenientes de sus patrimonios autónomos.

La mayoría de estos terrenos están ubicados en las provincias Santo Domingo, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís.

El proyecto entregado por el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría al presidente del Senado, Ricardo De Los Santos, tiene un valor estimado de RD$70,000 millones, recursos que serán usados, para realizar inversiones para el desarrollo del país, según lo explicó en rueda de prensa en la sede legislativa el ministro Santos Echavarría.

Detalles del fideicomiso

«El «Fondo de Desarrollo de Infraestructuras» es un fideicomiso público de desarrollo inmobiliario, administración, inversión, fuente de pago, garantía y oferta pública, que procura el desarrollo de infraestructuras en los sectores de transporte masivo, viviendas, agua y obras de alto impacto socioeconómico», dijo el funcionario estatal.

La propuesta del Poder Ejecutivo contempla la designación de una comisión de veeduría, integrada por notables personalidades del país, la cual tendrá la responsabilidad de dar seguimiento al desarrollo del fideicomiso. Esta comisión será responsable de vigilar, supervisar y asegurar la gestión correcta y transparente de los bienes transferidos.

En ese sentido, el FDI está compuesto por el Estado dominicano, que actúa a través del Ministerio de la Presidencia, en calidad de fideicomitente y fideicomisario, y Fiduciaria Reservas, en calidad de fiduciaria.

Su objeto es la gestión comercial y administración de los terrenos que sean identificados por el Estado dominicano para captar, gestionar, invertir, financiar y destinar los recursos obtenidos mediante la venta, alquiler y arrendamiento, con la finalidad de proveer las fuentes de financiamiento para el desarrollo de infraestructuras en los referidos sectores.

El ministro de la Presidencia explicó que el propósito del Fondo de Desarrollo de Infraestructuras es la recepción dentro del patrimonio de inmuebles identificados por el Estado que no estén siendo utilizados de forma activa o que puedan ser empleados en actividades más productivas que generen mayor valor y empleomanía.

Dichos inmuebles serán saneados, deslindados, conservados, administrados y aprovechados a través de su comercialización, a los fines de luego destinar los recursos obtenidos al desarrollo de infraestructuras públicas.

A pesar de que los diputados contaban con un plazo para presentar algún informe al proyecto del Código Penal, la pieza quedó ignorada y pasó desapercibida en el último día de la legislatura congresual.

Un equipo especial de legisladores aprobó un informe de gestión que sugiere más de 20 modificaciones al proyecto, pero el documento no fue presentado en la última sesión de la legislatura que se celebró este jueves.

En medio de los estudios del Código Penal, una comisión especial de diputados pidió más días de plazo para estudiar la pieza. Ese plazo venció el miércoles, pero el equipo de congresistas no expuso ninguna conclusión o informe en la sesión.

El método escogido por la comisión para finalizar los trabajos del Código Penal fue el depósito de un informe de gestión en el que informa sobre los avances y estudios que ha hecho al proyecto del Código Penal, pero sin recomendar la aprobación o rechazo de la pieza.

Ese informe de gestión se mantuvo en la agenda de las sesiones de los diputados por dos días, pero en ninguna jornada fue mencionado, provocando que el proyecto del Código Penal quede ignorado y pasara desapercibido en la Cámara Baja.

El informe de gestión que elaboró la comisión especial de diputados contiene más de 20 sugerencias de cambios, pero no obliga a que las recomendaciones sean establecidas en el proyecto.

De acuerdo con los reglamentos congresuales, un informe de gestión es un documento en el que las comisiones informan sobre el avance o el estado de los proyectos a los que ya se les venció el plazo de estudio y que están bajo su responsabilidad.

A diferencia de los informes definitivos, los documentos de gestión no tienen carácter obligatorio, no cambian los proyectos bajo estudio y no sugieren que las iniciativas de ley sean rechazadas o aprobadas por el Pleno de los diputados.

En ese sentido, el proyecto de Código Penal quedará relegado para estudiarse después del 16 de agosto con las recomendaciones de cambios establecidas en el informe de gestión. El proyecto no caduca y se mantendrá vigente en el Congreso hasta el 12 de enero del 2025, cuando se acaba la legislatura que inicia este mes de agosto.

Los cambios

El informe de gestión, que no firmaron los diputados de la oposición, incluye cambios en artículos como las deportaciones, las requisas policiales a los vehículos, los entes exentos de responsabilidad penal y otras modificaciones de forma.

Los debatidos puntos sobre las causales para interrumpir embarazos o la discriminación por orientación sexual no fueron tocados en la comisión ni en el informe.