Ante las ejecutorias de los primeros once meses del gobierno del PRM-Abinader, y a la luz de los últimos acontecimientos económicos, políticos y sociales, importantes sectores de la población consideran pertinente obtener respuestas precisas y debidamente fundamentadas a estas preguntas:
El gobierno del PRM-Abinader solicitó al gobierno de Haití que suspenda la construcción del canal con el que se pretende desviar las aguas del río Masacre, para reiniciar un diálogo diplomático y técnico binacional a los fines de resolver las diferencias. Sin embargo, el gobierno haitiano, “ciego, sordo y mudo”, sigue avanzando en la construcción del canal.
Ante esa indelicada actitud del gobierno haitiano ¿qué ha decidido el gobierno del PRM-Abinader, cuáles son los planes y qué gestiones realizará al respecto?
Durante más de dos décadas la inflación estuvo controlada por debajo del 5 %. Recientemente, el Banco Central de la República (BCRD) afirmó que la inflación anualizada, al pasado mayo, subió a 10.48 %. El precio de la canasta familiar nacional aumentó a RD$38,177.00; mientras que, desde el 2019, el mayor salario mínimo en el sector privado es de RD$17,000.00, en el sector público ronda los RD$10,000.00, aunque en los ayuntamientos está por debajo de los RD$8,000.00.
El presidente de la República, el gobernador del BCRD, el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, empresarios, profesionales de la economía, líderes de los partidos de oposición y el movimiento sindical, en un espontáneo coro, afirman que: ¡Es justo y necesario hacer YA un aumento salarial!
¿Cuándo se reunirá el Comité Nacional de Salario para aprobar los aumentos de los diferentes salarios mínimos en el sector privado?
Por su responsabilidad institucional y para dar un positivo ejemplo, el aumento salarial en el sector público que promete el gobierno del PRM-Abinader ¿será con efectividad al presente mes de julio?
Para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que generó la pandemia del coronavirus (COVID-19), se reconocen las gestiones realizadas por el gobierno para adquirir millones de vacunas y jeringuillas, así como el proceso de vacunación que se está implementando.
Ahora bien, si todavía falta un alto porcentaje de personas por recibir la primera y segunda vacuna; ¿Por qué improvisar y gestionar un proceso para “ser el primer país” en aplicar una tercera dosis, con una vacuna diferente a las recibidas? ¿Por qué no se esperó la opinión científica de OPS/OMS sobre esa ocurrencia?
Además de “las buenas intenciones” por combatir la COVID-19, ¿qué otros propósitos se esconden detrás de esa festinada decisión? En este tramo de la lucha mundial contra la pandemia, ¿quiénes, dentro del gobierno del PRM-Abinader, están privilegiando las millonarias compras para la improvisada tercera vacuna?