Luego de observar las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el propósito de seleccionar a los que habrán de conformar el próximo Pleno del Tribunal Superior Electoral (TSE), he visto las entrevistas numerosos profesionales dotados de incuestionable capacidad. Ahora bien, se necesitan otras condiciones adicionales para acceder a un órgano tan importante para la salud institucional del país, como lo es el TSE. Son múltiples los aspectos que deben adornar la personalidad de aquellos llamados a impartir justicia.
Lo primero que se debe advertir es que son diversas las atribuciones del Tribunal Superior Electoral. Esta enidad es la competente no sólo para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales, sino también para estatuir sobre los diferendos que surjan en el interior de las organizaciones partidarias, entre otras no menos importantes como, por ejemplo, revisar todo lo referente a las rectificaciones de las actas del Estado Civil.
Tomando en consideración estos aspectos puntuales en una materia tan especializada, se debe tener cuidado al escoger los proximos jueces del TSE. Conservo la esperanza de que sean seleccionados profesionales dotados de la suficiente preparación, así como de la especialización en la materia, esto es, en las dos ramas esenciales que abarcan su ámbito de actuación: me refiero a todo lo que comprende el estado y la capacidad de las personas, que se contrae al registro, y, por otra parte, lo concerniente al ámbito electoral, que abarca los derechos de ciudadanía, base de la que se desprende el derecho a elegir y ser elegido.
Por tanto, los perfiles deben girar en torno a las especializaciones, experiencias demostrables, combinando las dos vertientes que rigen esa institución. Además deben contar con la suficiente tolerancia, paciencia y tacto para trabajar en equipo, poseer habilidad para sustanciar y resolver controversias y los conocimientos necesarios para administrar justicia.
En otras palabras, en una materia tan particular y de interés público como la que concierne a los derechos de ciudadanía y al ámbito electoral, se necesita de profesionales con una madurez y equilibrio fuera de lo común, pero verticales en su accionar; con sensibilidad y vocación de servicio, que incluyen cierto nivel de tolerancia, sin descuidar la necesaria autoridad para imponer el espíritu de la ley. Se precisa, además, de un elevado nivel de conciencia para meditar sobre los efectos o repercusiones que generan sus decisiones.
No se trata de resolver conflictos entre particulares, sino de la adopción de decisiones que impactan a toda la colectividad. En ese sentido, es importante tomar en consideración las valoraciones éticas de los candidatos, así como la confianza que inspiran y dominio de los temas para así asumir con éxito las delicadas funciones que tienen por delante.
La experiencia es igualmente un punto a tomar en cuenta para alcanzar las metas deseadas y, sobre todo, para evitar errores que podrían generar tensión en la sociedad dominicana. Más claramente, se necesitan personas con sensibilidad social y profundo equilibrio emocional.
Se le debe dar oportunidad a nuevas figuras para que puedan penetrar a los escenarios institucionales, a los fines de que asuman retos de superación y que se encuentren dispuestos a innovar en metodologías que contribuyan a mejorar todo lo existente. Claro, respetando los precedentes razonables, pero sin descuidarse en profundizar en las investigaciones jurídicas, corrigiendo las múltiples deficiencias que todavía subsisten.
En definitiva, se debe conformar ese órgano con profesionales respetables que asuman el reto de trascender. No cabe la menor duda que se cuenta con buenos candidatos cuyas trayectorias deben ser ponderaradas por su vasta experiencia, hoja de vida en el ejercicio profesional y dilatada actividad académica. Son aspectos a tomar en consideración y que deben ser aprovechados para que la sociedad dominicana sea retribuida por sus mejores recursos humanos.
He visto entre los aspirantes connotados académicos que han ejercido en la materia electoral e investigado sobre el registro civil. Incluso con notables referencias bibliográficas, por lo que debería ser de interés del Estado buscar a los más idóneos para que contribuyan con su servcio a mejorar la vida institucional de nuestro país en una esfera tan delicada y sensitiva.
Ojalá el buen sentido prevalezca entre los actuales miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para afianzar la credibilidad institucional. La selección de los próximos integrantes del Tribunal Superior Electoral será un importante paso en esa dirección.
JPM