La tasa cero: un proyecto desacertado

Por: Leonel Fernández

Al leer el pro­yecto de ley enviado por el Poder Eje­cutivo a la Cámara de Diputados, que elimina de manera provi­sional el pago de impues­tos aduanales a 67 pro­ductos de la canasta básica familiar, creí, por un mo­mento, que se trataba de un error o de una confu­sión.

Partía de la premisa de que en el marco de la po­lítica comercial de la Re­pública Dominicana ya existen varios acuerdos de libre comercio, como son los del DR-CAFTA, con los Estados Unidos y los paí­ses centroamericanos; el EPA, con Europa; CARI­COM, con las naciones de la comunidad del Caribe; y otro bilateral con Panamá.

Por consiguiente, lo que el proyecto de ley sobre tasa arancelaria cero estaba fo­mentando, tal vez sin pro­ponérselo, era reducir la inflación mediante la crea­ción de un nuevo sistema de libre comercio de la Re­pública Dominicana con el resto del mundo, de carác­ter unilateral.

De esa manera, nuestro país permitiría, por seis meses, la importación de 67 productos sin pagar impuestos en la aduana, mientras los dominicanos no tendríamos derecho a la reciprocidad, esto es, a exportar a esos países en las mismas condiciones en que ellos lo harían hacia el nuestro.

Frente a eso reaccionaron inmediatamente más de 200 organizaciones de di­versos sectores de la pro­ducción nacional.

Manifestaron que la apro­bación de ese proyecto de ley afectaría a cerca del 25 por ciento de la economía nacional, a cientos de mi­les de productores del cam­po, a más de medio de mi­llón de empleos, directos e indirectos, así como a mi­les de micro, pequeñas y medianas empresas que participan en la cadena de comercialización de esos productos.

Externaron, además, que el citado proyecto permitiría la importación de produc­tos provenientes de países con problemas sanitarios y de inocuidad que podrían poner en situación de riesgo nuestra producción avícola, ganadera y pecuaria.

En fin, el criterio generali­zado era el de que una eli­minación temporal de los impuestos aduanales no conlleva, necesariamente, a una solución de la inflación o disminución de los pre­cios de los alimentos.

Una segunda versión
Para un fenómeno de tan­ta complejidad, el proyec­to original era muy simple. Disponía tan solo de tres considerandos, tres vistas, dos artículos, un párrafo y nada más.

Como resultado de las con­versaciones sostenidas en­tre el gobierno y el sector empresarial, el proyecto fue modificado. Se creó una se­gunda versión de este.

En esa nueva versión se consideraba, por un lado, establecer la garantía de que los productos de impor­tación cumplirían con los requerimientos sanitarios y fitosanitarios exigidos por el Estado dominicano; y, por el otro, el poder limitar, con topes cuantitativos, a través de asignación de cuo­tas, la importación de esos productos.

Fue un pacto para evitar una confrontación con el gobierno, establecer las barreras sanitarias y fito­sanitarias y tratar de con­trolar o mitigar el daño que se haría a los secto­res productivos nacionales con esa nueva modalidad de libre comercio de carác­ter unilateral con el resto del mundo.

En todo caso, lo que sí que­dó evidenciado es que una eliminación del pago de im­puestos aduanales no con­duce a una rebaja de los precios de los productos de la canasta básica familiar; y que, por lo tanto, no benefi­ciará, como se piensa, a los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana.

De hecho, más del 70 por ciento de los productos pre­vistos para ser importados con tasa arancelaria cero, ya se importan al país a tra­vés del tratado del DR-CAF­TA; y cerca de un 20 por ciento adicional, por medio de una combinación entre Estados Unidos, Costa Rica y Nicaragua.

Al suscribir el acuerdo de li­bre comercio conocido co­mo DR-CAFTA, la República Dominicana se comprome­tió, en el 2005, a liberalizar la totalidad de los aranceles para los productos indus­triales en un período que no excediera los 10 años, lo cual se cumplió en el 2015.

Para los productos agrícolas y agroindustriales, el plazo fue de 15 años, lográndo­se su plena liberalización en el 2020; y para algunos productos, como el arroz, la leche y el pollo, el plazo de eliminación total de aran­celes se extiende hasta el 2025.

Como pude observarse, dentro del marco de su polí­tica comercial, la República Dominica ha suscrito acuer­dos de libre comercio, con carácter de reciprocidad y con un calendario de aper­tura gradual en el tiempo.

Ahora, con el proyecto de tasa arancelaria cero, aun­que temporal, sería un nue­vo modelo de libre comer­cio, adoptado al vapor, de apertura inmediata y de na­turaleza unilateral.

Los productos
De conformidad con el pro­yecto de ley de tasa cero arancelaria, entre los pro­ductos a ser importados se encuentran la carne de res, la carne de cerdo y la car­ne de pollo. Dentro del po­llo se incluyen, como ingre­dientes aparte, la pechuga, el muslo y las alas.

También figuran en la lista la leche en polvo, la mante­quilla, la margarina, el ajo, los frijoles, las harinas, de trigo y de maíz; las habas, las grasas y los aceites, ani­males y vegetales.

Se agregan las pastas ali­menticias, cocidas y sin co­cer, las arvejas y las lentejas. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la idea de importar pan, en sus di­versas modalidades: pan sobao, de agua, integral, ti­po baguette y de molde, in­cluso congelado.

A eso se le añadió:
Los demás panes
Es notable el contraste en­tre el proyecto de ley de Re­pública Dominicana, que liberaliza la importación de productos terminados y la reciente decisión del go­bierno de Colombia de des­gravar por 12 meses la im­portación de más de 30 insumos para la producción agropecuaria de ese país.

Entre los productos que en Colombia se benefician de tasa cero arancelaria figuran los medicamentos para uso veterinario, los abonos fosfa­tados, sulfatos, insecticidas, herbicidas, nitrato de magne­sio y ácido cítrico.

Además, nueces y almen­dras de palma para la siem­bra, semillas de árboles fruta­les o forestales, bulbos, raíces y sustitutos de leche para ali­mentación de terneros.

¡Qué diferencia!
Mientras en Colombia se adopta una política de aper­tura de mercados para apo­yar al sector agropecuario en el incremento de la pro­ducción para hacer dismi­nuir la inflación, en nues­tro país eliminamos el pago de arancel de 67 productos importados para ponerlos a competir, en condiciones desiguales, con los produc­tores nacionales.

Aunque pronto será apro­bado como ley, la idea so­bre tasa cero para produc­tos terminados constituye un desacierto.