Durante el acto oficial de promulgación de la Ley 340-22 de Extinción de Dominio, el presidente Luis Abinader advirtió ayer a los funcionarios públicos que quienes violen las disposiciones de la ley serán sancionados con multas, hasta cinco años de prisión y no podrán ejercer funciones públicas.
“Los funcionarios y servidores públicos que violen las disposiciones de la ley de Extinción de Dominio incurrirán en responsabilidad civil, multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público y sanciones penales de hasta cinco años de prisión, así como en su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas”, expresó el jefe del Estado en la actividad.
Al pronunciar su discurso en una ceremonia protocolar en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el mandatario expresó que quienes intenten quebrantar las leyes en el país, tendrán consecuencias ante la justicia.
“Quien haya cometido un delito, se haya lucrado y sustraído un solo peso del Estado, ahora y con la fuerza de la ley, ese dinero deberá volver al Estado”, dijo Abinader haciendo énfasis en que “quien la hace la paga y quien roba devolverá lo robado”.
Señaló que esta se aplicará “así de simple y contundente”.
En el acto, Abinader estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña; del presidente del Senado, Eduardo Estrella; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; el ministro de Hacienda, Jochi Vicente; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, entre otros servidores públicos.
Reiteró haciendo énfasis en que “nadie puede ensuciar el buen nombre de nuestro país ni puede quedar impune, ya no, vamos a recuperar lo que es nuestro, con determinación y justicia”. Indicó que a pesar de “todo el tiempo que costó aprobar la ley ya por fin es una realidad y lo que hasta ahora estaba en los bolsillos de unos pocos de manera ilícita, volverá a los bolsillos de sus legítimos dueños el pueblo dominicano.
“El corrupto siempre busca lucrarse y ahora atacaremos de raíz este problema. Durante demasiados años, la corrupción y el delito han lastrado el buen nombre de nuestro país”, señaló el mandatario.
Sobre la ley
En esencia, la acción de “extinción de dominio” consiste en la declaración judicial de la extinción del derecho de propiedad, control, disposición o posesión sobre bienes que hayan sido adquiridos mediante el fruto de actividades ilícitas o contrarias a la ley.
Entre los hechos ilícitos susceptibles a la extinción de dominio aparecen el tráfico ilegal de drogas, sustancias controladas, humanos, personas, órganos y armas; infracciones relacionadas al terrorismo; pornografía infantil, secuestro, extorsión, falsificación de monedas, entre otros.
Entre las modificaciones avaladas por los senadores y hechas por los diputados, se encuentra eliminar la “retrospectividad”, que fue una de las principales críticas realizadas por legisladores y juristas que alegaron era inconstitucional.
También se arregló y definió de manera más exacta el concepto de “extinción de dominio” y se colocó este término donde en cualquier parte del proyecto decía “extinción del derecho de la propiedad”.
Otro aspecto fue la modificación del artículo que mencionaba la “buena fe” y la eliminación de otro donde se establecían elementos que buscaban evaluarla.
Proceso de aprobación
La ley fue aprobada el pasado martes en el Senado por votación unánime luego de igual decisión en la Cámara de Diputados.
Aprobar la iniciativa requirió de una comisión bicameral, que se reunió unas 29 veces; una primera aprobación en el Senado con la oposición en contra y más de 36 modificaciones hechas por la Cámara de Diputados para poder convertirse en ley.
Las discusiones, los desacuerdos y la falta de consenso durante gran parte del tiempo, fue el pan de cada día alrededor de la pieza, siendo los fundamentos jurídicos de la “retrospectividad” y la “retroactividad” los de mayor señalamiento.
Sin embargo, la aprobación de la iniciativa tomo el camino correcto cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, optó por convocar a juristas, legisladores, senadores y otros sectores de la sociedad para hacer una especie de reforma al proyecto que había sido aprobado previamente en el Senado.
Con esas modificaciones, la Cámara de Diputados pudo aprobarla a unanimidad y dejó la mesa servida para que el Senado replicara su accionar. Los voceros de la oposición y el oficialismo confirmaron, previo a la votación, su conformidad con las modificaciones, aclarando que se debe tratar como una “ley orgánica’ y que podría modificarse durante el año sabático que otorga la pieza.
Embajada regocijada
La Embajada de Estados Unidos en el país expresó de inmediato su apoyo a la implementación de la Ley de Extinción de Dominicio aprobada en el Congreso.
“Estamos listos para apoyar la implementación de la Ley de Extinción de Dominio”, escribió la sede diplomática en su cuenta de Twitter.
Consideró que el Congreso Nacional tomó uno de los pasos más importantes en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.