SANTO DOMINGO.- El Partido Fuerza del Pueblo expresó preocupación ante lo que considera «un préstamo encubierto» que implícitamente acaba de tomar el gobierno de Luis Abinader al renegociar el contrato con la firma Aeropuertos Dominicanos (AERODOM), el cual originalmente se firmó en 1999 durante el primer gobierno de Leonel Fernández, ahora líder de esa entidad política.
En un documento público, la entidad opositora señala que este nuevo contrato «compromete financieramente al país por 37 años». Entre otras cosas, cuestiona «la viabilidad y transparencia de las propuestas de proyectos financiados con recursos anticipados, dada la limitación de tiempo para completar los procesos de licitación».
AL MARGEN DE LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Entre otras cosas expresa preocupación por la legalidad de la renovación de la concesión ya que, a su juicio, ha sido hecha al margen de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.
Aduce que en este caso se percibe «un uso de la renegociación para desviar la atención de otros temas críticos, como el escándalo del Intrant y las importaciones de productos agropecuarios en detrimento de nuestros productores».
La Fuerza del Pueblo denuncia por igual «un abuso de poder» en la asignación de 745 millones de dólares «para propósitos políticos».
EL CONTRATO ORIGINAL Y SU TRANSPARENCIA
Al referirse al contrato original, recuerda que “en agosto de 1998, durante el primer gobierno de Leonel Fernández, se convocó a una Licitación Pública Internacional para la concesión de la operación, administración, ampliación y modernización de varios aeropuertos internacionales”.
“La transparencia del proceso fue tal que contó con un comité de observadores compuesto por personalidades como: Freddy Beras Goico; el periodista Bonaparte Gautreaux Piñeyro, el pastor evangélico Braulio Portes, el jurista Jottin Cury, entre otros. Además, se conformó un denominado Comité Técnico Ampliado, conformado por varios funcionarios del área y Arturo Villanueva, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES); los señores Alex Santana y Julio Heinsen, de la Asociación de Líneas Aéreas de la República Dominicana (ALA); y una representación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”, explica.
Resalta que ese contrato fue aprobado luego de vistas públicas y sugerencias de modificaciones en un Congreso controlado por dirigentes del hoy Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluyendo a Ramón Alburquerque, Jesús Vásquez Martínez (Chu), Milagros Ortíz Bosch, Ginette Bournigal, y Alfredo Pacheco.
Gracias al mismo fueron hechas significativas mejoras en infraestructuras aeroportuarias y en tres ocasiones,durante el gobierno de Hipólito Mejía, se modificó la fórmula económica de retribución del acuerdo al que inicialmente se había arribado”, agrega.
Fuerza del Pueblo deplora que el Presidente de la República olvidara que, en el primer contrato se logró la ampliación de los aeropuertos Gregorio Luperón, de Puerto Plata, y de El Catey, en Samaná, y la construcción de una moderna ala en el Aeropuerto Internacional Las Américas, entre otras edificaciones.
RECURSOS PARA SER USADOS EN CAMPAÑA ELECTORAL
A su juicio, ése fue «un contrato a favor del Estado Dominicano, contrario al nuevo convenio, que solo procura recursos para usarlos en la campaña electoral».
Agrega que ha quedado en duda la afirmación del Presidente Abinader de que el costo de las obras anunciadas asciende a unos 400 millones de dólares, pues esta cifra «no representa con precisión el gasto real en los proyectos mencionados».
El comunicado señala que hay una aparente contradicción en la postura del presidente Abinader respecto al contrato existente de AERODOM, pues «aunque critica el cumplimiento del contrato y las inversiones realizadas, se ha permitido una extensión de 30 años adicionales» del mismo.
SUGIERE AUDITORÍA
La Fuerza del Pueblo sugiere que una auditoría internacional independiente para evaluar el cumplimiento del contrato original.
Finalmente insta al presidente Abinader a «enfocarse en una gestión gubernamental eficiente, evitando comprometer financieramente a futuras generaciones y enfocándose en la transparencia y el beneficio público».