SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, deberá decidir si es procedente o no acoger como testigos en el caso Odebrecht a los ejecutivos de la multinacional, así como al presidente de la República y al procurador general, propuestos por la defensa de Jesús –Chú- Vásquez Martínez.
Jesús Vásquez, quien fue sometido a la Justicia por los sobornos pagados por la empresa brasileña, propone como testigos en el caso a Marcelo Bahia Odebrecht, presidente de la empresa, Marco Vasconcelos Cruz, exgerente de la entidad, y Luis Eduardo Da Roicha Soares, quienes admitieron ante las autoridades brasileñas haber pagado sobornos para ser favorecidos con obras del Estado.
De igual manera, proponen como prueba testimonial de descargo al presidente de la República, Danilo Medina y al procurador Jean Alain Rodríguez. Además de los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, en cuyas administraciones se otorgaron y/o aprobaron 17 obras a Odebrecht.
Los ejecutivos de la multinacional fueron sancionados por los aproximadamente US$788 millones pagados en sobornos en 12 países. Por lo que a la hora de ponderar los escritos de contestación a la acusación por soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada, se deberá determinar la procedencia o no de acoger la oferta probatoria de la defensa del exsenador de la República.
El exgerente de la Constructora Norberto Odebrecht, Marco Vasconcelos, debería ser el testigo ideal o clave de la Procuraduría General de la República para demostrar en un posible juicio público, oral y contradictorio, las maniobras y mecanismos mediante los cuales sobornó a funcionarios dominicanos para que le adjudicaran las obras públicas.
Vasconcelos Cruz debería, entre otros procedimientos, explicar cómo operaban los sobornos en República Dominicana, debido a que los contratos de representación y consultoría firmados con Ángel Rondón Rijo y sus empresas Arma, Lashan Corp, Conamsa Internacional y Consultores y Contratistas (Conamsa) en 2001, 2002, 2004 y 2010, establecen en su artículo cuatro que “no confiere al consultor facultades de representación legal para firmar contratos, ni asumir compromisos de ningún orden a nombre de la contratante”.
Comunicaciones entre Marco Vasconcelos y Rondón Rijo del 16 de mayo del 2007 al 3 de junio del 2014, a los que tuvo acceso Diario Libre, revelan las autorizaciones de desembolso por las gestiones de consultoría, las mismas que deberían ser debatidas entre el emisario, el receptor y los demás imputados por los US$92 millones que admitió pagar Odebrecht en soborno, puesto que Ángel Rondón afirma que los pagos que le hicieron fueron por sus servicios, “no para sobornar a nadie”.
En agosto pasado, el juez de la Instrucción Especial, Ortega Polanco, recesó para el próximo 1 de octubre la audiencia preliminar del caso Odebrecht, luego de otorgar un plazo de un mes y medio a los siete imputados para que preparen sus escritos de defensa.